La reforma financiera que ultima el Ejecutivo obligará al conjunto de la banca española a provisionar un total de 50.000 millones de euros tanto por sus activos inmobiliarios problemáticos, cifrados en 176.000 millones de euros por el Banco de España, como por aquellos que aún no se han deteriorado (150.000 millones). Santander reabre el mercado de cédulas y coloca 2.000 millones a tres años.
Además, prevé que las entidades que se fusionen podrán acceder fondos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a un tipo de interés que rondará el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones. De este modo, se busca incentivar el proceso de fusiones en el sector financiero.
Estos fondos públicos, según publica la agencia Bloomberg, llegarían a través de los denominados CoCos (bonos convertibles contingentes), que se transforman en acciones si los ratios de capital caen por debajo de un nivel determinado y son aceptados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) como capital.
El Gobierno se tendría endeudar más para adquirirlos, pero no ampliarían el déficit del Estado, según las fuentes de la agencia. El coste de este endeudamiento debería ser cubierto con el 8% que rendirían estos bonos al Estado.
Pero sin duda una de las principales novedades de la reforma financiera es que las entidades estarán obligadas a provisionar también los activos que no se consideran "tóxicos", con una cobertura del 7%.
Las provisiones que se exigirán no supondrán más de los 50.000 millones anunciados por el titular de Economía, Luis de Guindos, hace unas semanas. Para ello, exigirá que las dotaciones actuales en la cartera de suelo se eleven hasta el 65%. Para la vivienda terminada se pedirá un 35% y entre un 35 y un 40% para las promociones que estén en construcción.
Vuelta de tuerca a la reforma
Con esta vuelta de tuerca a la reforma financiera que presentará el Gobierno, cuya presentación oficial podría adelantarse a mañana, aunque está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros del viernes, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere que las entidades financieras estén preparadas para cubrir un futuro deterioro del mercado inmobiliario y despejar las dudas de los inversores internacionales.
Asimismo, el nuevo plan de reestructuración financiera otorgará un tratamiento más flexible a aquellas entidades que emprendan procesos de integración con otras, ya que su plazo para constituir dichas provisiones se podrá dilatar hasta dos años.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy permitirá a las entidades financieras elegir entre la posibilidad de cargar las mayores exigencias de provisión sobre beneficios o sobre el capital para sanear sus balances ante el deterioro del sector inmobiliario.
El Gobierno quiere acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la financiación exterior sin que el conjunto del sistema entre en 'números rojos'.
Considera que el abaratamiento de la financiación en los mercados mayoristas permitirá reactivar el crédito a empresas y hogares y la actividad económica y, de esta forma, frenar la sangría del paro.
Ayudas públicas
El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha avisado este miércoles de que los recursos del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que el Gobierno conceda para la reestructuración del sistema financiero español serán considerados por Bruselas ayudas públicas.
Ello significa que las entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario y podría imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.
El Gobierno ultima la reforma financiera
