
Una norma que enerva al sector. El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley de Propiedad Intelectual para "luchar contra la piratería", según ha explicado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. | Así fue el Consejo de Ministros.
Los ámbitos que aborda el anteproyecto de Ley son las entidades de gestión de derechos de autor, los procedimientos de lucha contra la piratería, el concepto legal de copia privada y la trasposición de la Directiva de 2011.
En concreto, las sanciones contra la piratería se fortalecerán y se introducirá un régimen sancionador gradual, de entre 30.000 y 300.000 euros, en función del grado de infracción. De esta forma, habrá mayor capacidad para actuar frente a las páginas que más vulneran la propiedad intelectual, incluidas las que facilitan enlaces a páginas de terceros que sí suben el contenido que vulnera esta propiedad.
Además, desde el punto de vista penal, hay una reforma importante: se permite investigar por vía civil la identificación del portador de servicios sospechosos de vulneración de propiedad intelectual, explica el ministro Wert.
Respecto a las entidades de gestión, la nueva ley establece un refuerzo de la transparencia y vigilancia de estas entidades. Según ha explicado Wert, esto se traduce en la "limitación de la capacidad de las entidades de gestión de aprobar e imponer tarifas", para que no se produzca una "asimetría entre la entidades de gestión y las posibilidades de los usuarios".
Otro de los asuntos más delicados es el respectivo a la copia privada, que sufre una restricción al cambiar el cocepto de copia privada con la definición de su límite, así como en la "correlativa implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada".
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La presidenta de la Asociación de Editores de Madrid, Rosalina Valcárcel, ya manifestó hace unos días ante los medios que los últimos borradores a los que había tenido acceso la entidad mejoraban el anteproyecto, en lo que se refiere al sector editorial. Y es que el Gobierno también ha reconocido el derecho de las empresas editoras de ser compensados por sus contenidos.
En concreto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha precisado que esto último significa que se reconoce el derecho de las empresas editoras y de los autores de noticias de ser compensados económicamente por la explotación en determinadas circunstancias de sus contenidos.