La caída de las ventas de música grabada en la última década ha representado un 77 por ciento del total, según se revela en el Libro Blanco de la Música en España, publicado por Promusicae, la asociación que representa a los productores musicales.
Estas cifras dan una idea de la urgencia que el sector de la cultura tiene de una Ley que acabe con el "devastador efecto de la piratería", un problema para el que España "ha demorado en exceso" la adopción de medidas, según ha afirmado esta semana Antonio Guisasola, presidente de la asociación Promusicae. El sector cultural supone en la actualidad en torno a un 4 por ciento del PIB español, unos 780.000 empleos y cerca de 150.000 empresas.
Sin embargo, ni a los representantes de la música grabada, ni a las ocho entidades españolas de gestión de derechos de Propiedad Intelectual (Sgae, Cedro, Vegap, Dama, AIE, Aisge, Agedi y Ageda) les convence el actual Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que el Gobierno se plantea aprobar y remitir al Parlamento, según ha anunciado el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, antes de que finalice este año.
La Comisión de Cultura del Congreso ha rechazado, una vez más, el pasado martes, una proposición no de ley que pedía la retirada del anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual con los únicos votos del Grupo Popular. La iniciativa ha sido presentada en esta ocasión por Izquierda Plural, cuyo portavoz, Chesús Yuste, ha asegurado que el Gobierno ha conseguido "la unanimidad de todos los sectores en contra" con los que, ha indicado, no ha negociado. Yuste calificaba de "chapuza" la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y apostó por un tributo que grave las descargas de las grandes empresas tecnológicas.
La proposición no de ley pedía una regulación acordada entre las partes que permita de forma definitiva atender la compensación equitativa por copia privada, no a cargo de los Presupuestos Generales del Estado "ni como canon indiscriminado en la adquisición de productos digitales, sino explorando otras fórmulas que tengan en cuenta a los actores actuales en el entorno digital", como son las operadoras de telecomunicaciones.
Desde el PSOE, José Andrés Torres Mora afirmaba que el anteproyecto tiene "un vicio de origen, pues ha faltado diálogo con el sector cultural y ha sobrado la influencia de determinados sectores de Economía e Industria, que buscan apropiarse del capital largamente acumulado por los autores". "Esperemos que el Consejo de Estado mejore este texto, porque lo que surge del Gobierno es insuficiente e inadecuado", dijo.
En el mes de julio pasado, el informe sobre el anteproyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, emitido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), supuso un serio varapalo al texto aprobado por el Gobierno, al que advertía de que deberá realizar numerosas e importantes modificaciones para ajustarlo a la legislación nacional y comunitaria. El CGPJ avalaba en un extenso documento de 135 páginas, la mayoría de las críticas al anteproyecto expresadas por el sector cultural.
En el mes de septiembre, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), integrada ahora en la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), hacía público su propio informe sobre el con una opinión muy poco favorable. Concretamente, el organismo consideraba que la reforma es "demasiado parcial" en una materia que exigiría una revisión integral y que "no garantiza la competencia efectiva en un sector clave".
Según Competencia, la reforma "adolece de importantes carencias" y no considera el desarrollo actual ni el previsible de las tecnologías de información ni de las redes informáticas en cuanto a modelos de negocio alternativos donde pueden actuar muchos otros operadores y que pueden permitir la distribución y retribución de las obras de la forma menos restrictiva para la competencia. La CNC asegura, por tanto, que el anteproyecto de Ley "presenta claros riesgos de mantener restricciones a la competencia".
Antes de que concluya noviembre se espera que sea el Consejo de Estado quien se pronuncie sobre el anteproyecto. Y tambiénuna crítica en la misma línea que lo hizo el CGPJ, puesto que los cambios puntuales que se han introducido a raíz de estos informes, no solucionan ni siquiera una mínima parte de los apuntados por estos organismos públicos.
El texto del anteproyecto se propone cuatro objetivos fundamentales, como son: el refuerzo de la protección de los derechos, especialmente en el entorno digital, de los creadores y otros titulares de derechos de propiedad intelectual; dotar de mayor transparencia y de mejor rendición de cuentas a las entidades de gestión colectiva de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual; regular la copia privada de acuerdo a la desaparición del canon digital, que por tanto requería una definición nueva; y trasponer la directiva de la Unión Europea que extiende a 70 años la protección de los derechos sobre reproducciones fonográficas de autores y ejecutantes.
El Gobierno ha logrado que Estados Unidos saque a España de la lista de piratería con el compromiso de reforzar esta ley para combatirla, lo que se complementa con otras dos medidas fundamentales, como es la reforma Código Penal y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para permitir que los agraviados puedan reclamar daños y perjuicios en los tribunales a quienes se los han causado.
Según el informe sobre los hábitos de acceso a contenidos protegidos con derechos de autor y compra de productos falsificados, elaborado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Oami) de la Unión Europea, un 35 por ciento de los españoles acude a las descargas ilegales "porque no hay otra alternativa legal en la Red". Este porcentaje es del 22 por ciento de media en la totalidad de la comunidad.
En el último año un 18 por ciento de los usuarios españoles reconoce haber accedido a contenidos audiovisuales en Internet sin permiso de los titulares de derechos de autor. Este porcentaje supone el doble de la media en el continente, situada en el 9 por ciento.
Sin embargo, las principales críticas que provoca el anteproyecto son su falta de adecuación a la normativa comunitaria, la copia privada y el papel de las entidades de gestión. Los titulares de derechos han solicitado que se aborde una reforma general de la Ley de Propiedad Intelectual con objeto de mantener, adaptar y dotar, en sus respectivos casos, a titulares de derechos, usuarios y operadores económicos de un instrumento legal eficiente, según han ratificado desde marzo de 2012, fecha en que se dio a conocer por el Gobierno, en numerosos comunicados.
Las entidades representativas de los derechos de los autores entienden que "se ha optado por favorecer la transferencia" de una parte de la gestión actualmente desempeñada por las entidades de gestión a otro tipo de operadores económicos, con o sin ánimo de lucro.
Las entidades de gestión entienden que dicha preferencia, unida, además, a "una notoria reducción, cuando no eliminación de facto", del ámbito de la presunción de legitimación para el ejercicio de los derechos confiados, "puede llevar a una fragmentación del mercado".
La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, Figueres, ha recordado que hay intereses enfrentados en esta materia y que el Gobierno está intentando encontrar un equilibrio entre los diferentes sectores. Respecto a la compensación por copia privada, que sustituye al antiguo canon digital, la diputada popular ha señalado que el hecho de que sea a cargo de los Presupuestos Generales continúa siendo una medida transitoria, ya que todavía este asunto se debate en la Unión Europea.
Las denuncias, casi unánimes, en contra de este sistema de recaudación apuntan a que España mantiene una normativa opuesta a la comunitaria y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Sentencias Padawan y Thuiskopie).
Tampoco se puede olvidar que el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, 16 de noviembre de 2013, publicó la Orden ECD/2128/2013, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2012 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y su distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente.
La cuantía que ha de ser repartida en el año 2012 entre los diferentes beneficiarios citados, es igual a cinco millones de euros, mientras que en el año 2011, con fundamento en la legislación vigente con anterioridad a la aprobación del Real Decreto ley 20/ 2011, dichos beneficiarios percibieron 115 millones de euros.
La base para determinar la cuantía anual correspondiente por dicho perjuicio se asienta sobre el daño efectivamente causado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual por las reproducciones que se amparen bajo el concepto de copia privada.
La estimación de este perjuicio deberá tener en cuenta, entre otros, los criterios objetivos establecidos en el artículo 3.2 del Real Decreto 1657/ 2012, que han sido analizados durante la tramitación del procedimiento instruido según lo establecido en dicho Real Decreto y durante el cual se ha dado audiencia a las utilidades de gastión de los derechos.
Sobre este asunto, tal y como reflejábamos en el pasado 'Iuris&Lex', la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, explicaba que hay que conseguir un "cambio de mentalidad" dentro del marco de as nuevas tecnologías, para lograr el equilibrio entre el "respeto a la propiedad intelectual, su divulgación adecuada, su retribución y la necesidad de que llegue a más gente a un precio más económico".
No habrá indemnización
Por ello, el Gobierno no indemnizará a los autores por reformar el canon digital. Las entidades de gestión reclamaban al Ejecutivo un total de 105 millones. Sin embargo, el Consejo de Ministros desestimó la pasada semana la reclamación de responsabilidad patrimonial que las interpusieron.
Además ha informado de que los motivos para la toma de esta decisión se basan en dos aspectos. Por un lado, estima que "no existe vulneración del Derecho Comunitario" ya que el propio Tribunal de Justicia Europeo ha considerado que los Estados miembros están facultados para modificar de los derechos de propiedad intelectual la forma, modalidades de financiación, percepción y cuantía, "siempre que ésta última se calcule sobre el perjuicio causado".
Lea otras noticias en el último número de 'Iuris&Lex'
