El Gobierno tendrá que llevar a cabo una reforma financiera completa a cambio de los 100.000 millones de ayuda europea, con múltiples condiciones y basada en cinco ejes: identificación y valoración, inyecciones de capital, planes de reestructuración, gestión de los activos problemáticos y cambios en la regulación y la supervisión, con mayor poder para el Banco de España y cambios en la regulación de instrumentos como las preferentes. Así es la hoja de ruta de la reforma financiera de Bruselas: los 32 puntos del MoU en español.
Entre otras cosas, el Gobierno deberá reforzar el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del fondo de garantía de depósitos (FGD) y transferir competencias al Banco de España desde el Ministerio de Economía, tal y como se detalla en el Memorándum de Entendimiento acordado entre la Unión Europea y el Gobierno para la recapitalización del sistema financiero. Consulte aquí el Memorandum of Understanding (MoU) en inglés (.pdf)
Las medidas, que se impondrán a los bancos que requieran el rescate, ya están pactadas y se fijarán definitivamente el 20 de este mes con la firma del citado memorando. Las medidas deberán irse adoptando progresivamente a partir de finales de este mes y concluir en junio del año que viene.
Entre las condiciones, el texto cita reformar el sistema fiscal para que apoye más el crecimiento, suprimir la deducción por vivienda, aplicar la reforma laboral, mejorar las políticas activas de empleo, liberalizar los servicios profesionales y las barreras para la apertura de comercios, completar las interconexiones energéticas y resolver el problema del déficit de tarifa.
Según la hoja de ruta plasmada en el memorándum, se desembolsarán los 30.000 millones previsto vía FEEF, donde quedará en reserva, este mismo mes de julio, si bien el desembolso de esta cantidad estará supeditada a la aprobación por parte del Eurogrupo y del BCE y solo podrá ser inyectado en las entidades en caso de emergencia.
Indentificar a las entidades con problemas
Después, en función de los resultados de los test de estrés que están en marcha por parte de las auditoras, se dividirán los bancos en cuatro grupos:
-El Grupo 0 será el de entidades que no necesitan ayudas, sobre las que no se necesitarán más acciones y en las que se incluirían, según los datos preliminares de las auditoras, Santander, BBVA y Caixabank.
-El Grupo 1 estaría formada por las entidades que ya han sido rescatadas por el Estado español: BFA / Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia.
-El Grupo 2 incluirá a las entidades que necesiten capital y que necesiten ayuda del Estado para cubrir esas necesidades.
-El Grupo 3 lo conformarán las entidades que necesiten capital, pero que presenten planes para buscarlo entre inversores privados.
Planes de reestructuración y viabilidad de entidades
El siguiente paso dentro de la reforma del sector será que las entidades del grupo 1,2 y 3 presenten sus planes de recapitalización, que deberán ser aprobados por Bruselas, que además decidirá, junto a las autoridades españolas, cuáles son viables y cuáles no.
En el caso de las entidades que ya están nacionalizadas, los planes deben comenzarse ya en julio y presentarse en noviembre a la Comisión Europea, que los debería aprobar en noviembre: hasta entonces, si no hay emergencias, no empezaría a llegar el dinero a las entidades que ya están rescatadas.
Mientras, para los del Grupo 2, el calendario se retrasa hasta octubre, cuando deberán estar listos los planes de reestructuración, o en su caso, los planes de liquidación de las entidades inviables. En ambos casos, tendrán que presentar igualmente sus planes para segregar los activos dentro de una especie de banco malo (AMC, Asset Management Company).
Los bancos del grupo 3 que planeen una ampliación de capital significativa, es decir, que corresponde a más del 2% de los activos ponderados por riesgo, tendrán que emitir los denominados CoCos (bonos contingentes convertibles) de manera preventiva dentro de su plan de recapitalización para cumplir con los requisitos de capital.
Estos CoCos serán suscritos por el FROB utilizando los recursos del programa europeo, y pueden ser devueltos por la entidad si consigue el capital necesario de fuentes privadas. De no hacerlo, se convertirán en capital y los bancos tendrán que presentar planes de reestructuración. Dentro del Grupo 3, aquellos que tengan que buscar menos capital tendrán hasta el 30 de junio de 2013 para hacerlo, y de no conseguirlo recibirán ayuda estatal.
Si para junio de 2013 todavía necesitan ayuda estatal, también se verán obligados a crear un banco malo para transferir los activos problemáticos, a menos que encuentren otra manera menos costosa de hacerlo.
Pérdidas para los inversores
Tanto los planes de recapitalización como los de liquidación deberán garantizar la estabilidad financiera, en particular protegiendo los depósitos de los clientes, minimizando el coste para los contribuyentes y permitiendo que los bancos sanos puedan adquirir activos en un proceso competitivo.
Para minimizar el coste público de los rescates, los bancos que reciban ayudas tendrán que vender participaciones y activos no estratégicos, abandonar actividades que no sean su negocio principal, eliminar el dividendo y no remunerar los instrumentos híbridos de capital. "Tanto los bancos como sus accionistas tendrán que asumir pérdidas antes de que se garantice la ayuda estatal", explica el memorándum.
Mientras, para las entidades que necesiten ayuda pero que no sean viables, las autoridades españolas tendrán que preparar un plan de resolución ordenada compatibles que los objetivos anteriores.
Dentro de la imposición de pérdidas, también se impondrán de manera voluntario, o en su caso, obligatoria, a los tenedores de deuda subordinada (como las preferentes), además de los que tengan instrumentos híbridos, y para ello deberán presentar una legislación en agosto de este año. Asimismo, habrá límites a la cantidad que puedan pagar las entidades a los tenedores de estos instrumentos.
Además, los activos problemáticos de los bancos que reciban ayudas se segregarán rápidamente de su balance y se transferirán a una sociedad de gestión de activos (los AMC) a precios razonables. El marco legal para la separación deberá aprobarse a finales de agosto y España debe consultarlo con la Comisión, el BCE y el Fondo Monetario Internacional.
El FROB contribuirá con capital a esta especie de 'banco malo' -aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que no está decidido si será uno o varios-, que emitirá bonos estructurados de forma que puedan usarse como colateral ante el Banco Central Europeo (BCE).
El Gobierno pierde competencias
Como estaba previsto, el memorándum obliga a todos los bancos españoles a reforzar su capital básico hasta el 9% al menos hasta finales de 2014, un requisito que según Guindos ya cumple la mayoría de entidades. Además, se revisará la política de provisiones teniendo en cuenta los últimos decretos aprobados por el Gobierno.
La UE pide además a España que prepare para finales de noviembre una ley que reduzca la capacidad de control de las antiguas cajas sobre los bancos que surgieron a partir de ellas.
El Ejecutivo perderá competencias sobre el sector financiero, ya que según recoge el MoU, las autoridades españolas se comprometen a dar un papel más preponderante al Banco de España, estableciendo una nueva legislación que le transfiera la potestad sancionadora y de concesión de licencias para la banca española. En definitiva, el Ejecutivo deberá reforzar la independencia operativa del organismo.
El memorándum obliga a todos los bancos españoles a reforzar su capital básico hasta el 9% al menos hasta finales de 2014, un requisito que según Guindos ya cumple la mayoría de entidades. Además, se revisará la política de provisiones teniendo en cuenta los últimos decretos aprobados por el Gobierno.
La UE pide además a España que prepare para finales de noviembre una ley que reduzca la capacidad de control de las antiguas cajas sobre los bancos que surgieron a partir de ellas.
Para reforzar la independencia y el poder del Banco de España, las autoridades españolas deberán transferirle como muy tarde el 31 de diciembre de 2012 los poderes de sanción y autorización que ahora están en manos del ministerio de Economía. El Banco de España podrá además elaborar directrices o interpretaciones con carácter obligatorio.
La Comisión, el BCE y la Autoridad Bancaria verificarán "regularmente", en contacto con el Fondo Monetario Internacional que se cumplen todas estas condiciones, enviando incluso misiones a Madrid. Las autoridades españolas estarán obligadas a proporcionar todos los datos exigidos.
El Memorándum se firmará el 20 de julio
