Número dos del Ministerio de Sanidad en dos etapas distintas y con una trayectoria de más de 20 años en varios cargos de la Administración nacional y auotonómica, Rubén Moreno afronta el reto de financiar la innovación sin poner en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. No olvida su paso como portavoz de la Comisión Mixta para la UE, como recordó en un reciente Seminario de Gestión patrocinado por UCB en Santander, al buscar soluciones conjuntas como un acuerdo marco de precios.
¿Qué está haciendo Europa para bajar los precios de los nuevos fármacos innovadores?
Algunos países de la UE pretenden que haya una sola negociación conjunta y, una vez fijado el precio para un medicamento, cada país pague sobre ese precio final negociado según su poder adquisitivo, es decir, los alemanes el 100% y los rumanos el 40-60%.
¿Pero depende de quién negocie?
En efecto, depende de dónde sea la empresa o quién sea el negociador, los precios pueden ser muy altos. Con el mecanismo de negociación directa, si nos fijamos en los precios más bajos a nivel europeo, con independencia de su poder adquisitivo, siempre saldremos beneficiados. Si todos hicieran lo mismo, el precio sería menor para todos.
¿Sería imponer una capacidad de compra de un mercado único?
Se supone que la negociación en nombre de 508 millones de habitantes sería mucho más fácil, pero tampoco se puede excluir al resto. Más que un precio único, va a tener que ser una especie de acuerdo marco con el fin de que las empresas se adapten a un precio de referencia y compren el de un país o el de otro. Porque si sólo soy yo el que vende el precio es la mitad. Pero eso no puede ser porque dejarías al resto de empresas fuera del mercado.
¿Es lo que está pasando con las subastas en Andalucía?
Así es. El problema es que no permites que los ciudadanos accedan a todo lo que el Gobierno central ha fijado precio y excluye a empresas, porque no es un acuerdo marco. Además, el desabastecimiento no está penalizado. Es un mecanismo perverso, porque cualquiera puede hacer una oferta a la baja temeraria si no se responsabiliza la empresa, como ocurre en cualquier contrato de administración pública.
Los techos de gasto para los nuevos tratamientos de hepatitis C, ¿son una fórmula para financiar los nuevos fármacos?
Hay países donde no se han incorporado los nuevos medicamentos, sobre la base de que no eran coste efectivos. Hay que reconocer que el coste de las innovaciones es extraordinariamente elevado, hay medicamentos para enfermedades raras que cuestan más de 300.000 euros. El problema es que algunos ni siquiera curan. Cuando las innovaciones vienen con precios muy altos, hay que valorar si van a aportar algo o es más de lo mismo, en cuyo caso no se pueden financiar.
¿Cuántos medicamentos se pueden aprobar antes de que acabe la legislatura?
Al menos diez nuevos, la mayoría oncológicos y antivirales. A final de año entraron dos antivirales. Acabaremos con 150 como mínimo, superando la media europea.
¿Tendrán tiempo de aprobar las enmiendas acordadas con la industria y firmar los protocolos?
Todavía hay que encontrar encaje a las enmiendas; los protocolos son una cosa de tres, donde también interviene Hacienda. Nuestra intención es sacarlos adelante antes de que termine la legislatura. Es una medida positiva que el crecimiento del gasto esté limitado al PIB.
¿Y el decreto de precios y finaciación?
Se ha hecho un trabajo previo muy importante, porque la redacción inicial tenía muchas alegaciones. Ya se ha reducido a muy pocas, que son las que se presentarán formalmente en el trámite de audiencia. Ahora tiene que pasar al Consejo de Estado y, posteriormente, seguir los trámites normales.
¿Y los otros proyectos pendientes?
El Real Decreto de Unidades de gestión clínica está en trámite de audiencia y el de prescripción enfermera ya fue a Consejo de Estado. Un Real Decreto que esté en borrador es muy difícil que acabe esta legislatura; en todos los demás, intentaremos acelerar los trámites.
¿Cómo se aborda el próximo Consejo Interterritorial?
Hay que llevar la estrategia nacional sociosanitaria, el calendario vacunal y el caso de la varicela, el abordaje del tratamiento de los inmigrantes irregulares en Atención Primaria, todos ellos muy importantes.
¿Están revirtiendo la reforma aprobada por Ana Mato?
No, la cobertura sanitaria española es de las más amplias, se está atendiendo a 185.000 inmigrantes en las mismas condiciones que cualquier español. Hemos acordado que puedan ser vistos en Primaria y sean derivados en Especializada, sólo no tendrían una tarjeta para exportar el derecho a otro Estado. Como somos puerta de entrada, nos tendríamos que hacer cargo del África subsahariana; pero intentamos que la atención sea equiparable.
¿Qué opina de las intenciones del nuevo Ejecutivo andaluz?
El copago hospitalario es un real decreto ley y no tiene capacidad para modificarlo y, además, lo vamos a modificar nosotros. Respecto al copago farmacéutico, que ha existido siempre, ellos sabrán, es legislación nacional. Es curioso que Andalucía haga estos anuncios cuando ha reducido el gasto farmacéutico durante los últimos cuatro años y está a la cola del país en ese gasto. Hay que ver la realidad. Al ciudadano andaluz no se le puede engañar.
