La recesión, el insuficiente ajuste en materia de déficit y la falta de fuelle en reformas clave, como la de la Administración, amenazan con dejar en papel mojado una de las leyes estrella del Gobierno de Mariano Rajoy: la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEP), promulgada el 27 de abril de 2012.
Dicha norma fija un tope del 60 por ciento para la deuda pública en 2020, un objetivo harto difícil de lograr a la luz de las previsiones oficiales del Gobierno, que sitúan el pasivo público en el entorno del 100 por cien del PIB en 2016, lo que obligaría a reducir el endeudamiento en 40 puntos de PIB (más de 400.000 millones) en tan sólo cuatro años, entre 2016 y 2020.
La Ley de Estabilidad fue anunciada a bombo y platillo por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Fija límites estrictos de déficit, deuda y gasto para las Administraciones -con un periodo transitorio hasta 2020-, así como cambios en los mecanismos de sanción.
Sin duda, una iniciativa ambiciosa pero con metas poco viables a la luz de las previsiones de Economía en el Programa de Estabilidad 2013-2016, según las cuales los topes de déficit duplican los anteriores -en 2013, por ejemplo, del 3 al 6,3 por ciento-; el gasto de las AAPP disminuye de media el 4 por ciento hasta 2016; la demanda nacional sólo contribuirá al crecimiento con 6 décimas en tres años; y el PIB caerá el 1,3 por ciento este año.
La deuda descarrila
Pero es en el capítulo de la deuda pública donde todo hace presagiar un grave descarrilamiento de la Ley de Estabilidad. Un repaso a las cifras da idea de la titánica tarea que supone esa tarea.
Para empezar, el cuadro macro de De Guindos prevé un 99,8% de deuda en 2016 -tras escalar desde el 91,4% este año-, es decir, un alza de ocho puntos de PIB en cuatro años. Cifras optimistas si se tiene en cuenta que, sólo en 2012, el pasivo subió 14 puntos de PIB, espoleado por el rescate bancario: del 69,3% en 2011 al 84% a fin de 2012, cuando España debía la friolera de 882.339 millones.
Además, no sería la primera vez que las proyecciones del Gobierno se estrellan contra la realidad: entre las primeras previsiones, que hablaban del 79,8% de deuda en 2012 ha pasado al casi 100 por cien que espera ahora en 2016. Son 20 puntos de revisión al alza. En este contexto, se antoja extremadamente complicada la reducción de 40 puntos entre 2016 y 2020.
Rémora para el crecimiento
Los meses de inicio de 2013 certifican que la deuda sigue su imparable senda alcista: 913.000 millones acumulados hasta febrero, es decir, casi el 86 por ciento del PIB español. Una peligrosa espiral, según alertan los expertos y avisan organismos como el Fondo Monetario Internacional.
De hecho, el FMI reconoce que España arrancó fuerte su programa de ajuste fiscal, al bajar el déficit primario -sin incluir los costes de intereses- del 7,9 al 3,5% del PIB que prevé este año. Pero eso, advierte el Fondo, significa sacrificar el 3%o de la riqueza nacional entre 2012 y 2013, lo que hará aún más difícil el reducir la ratio de deuda-PIB.
Como indica Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket, "la evidencia empírica demuestra que, a partir del 90 por ciento de deuda sobre PIB, el crecimiento económico se reduce". Algo que sucederá en España este mismo año, según admite el propio Gobierno.
"La política fiscal española es un desastre. El factor clave es la deuda pública, su crecimiento alarmante, que refleja que el esfuerzo de consolidación del déficit no es suficiente. No se está generando superávit primario", advierte Bernaldo de Quirós, lo que entraña riesgos, entre ellos, "que en un cambio de sensibilidad, que tanto acusan los mercados, resurjan dudas sobre la sostenibilidad de esa deuda".
Otro grave peligro es que la economía apenas genere recursos suficientes para pagar los intereses, y mucho menos para reducir el principal de ese endeudamiento.
Deuda pública: Alcanza 913.000 millones en febrero
