Coincidiendo con las sombrías perspectivas del Fondo Monetario Internacional para España, con serios avisos de que tanto el déficit como la deuda -pública y privada- suponen graves amenazas para la salud del sistema financiero y atenazan la recuperación económica -cada vez más aplazada en el tiempo-, el Banco de España hizo pública ayer la cifra de deuda de las Administraciones en el mes de febrero, que confirma la escalada imparable de esta magnitud macroeconómica. El Tesoro intentará colocar hoy hasta 4.500 millones en bonos a 3, 5 y 10 años.
Y pone sobre el tapete la sospecha de que, además del incumplimiento del objetivo de déficit en 2012 -finalmente, corregido por Bruselas al 6,98%-, se puede estar produciendo un transvase de este déficit a deuda, justo en un momento en que el G-20 planea fijar un límite de deuda del 90% del PIB a partir de 2016.
Nada menos que 913.602 millones de euros suma ya el pasivo de las Administraciones Públicas españolas considerado según criterios del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)-, lo que significa que el país debe el 85,9 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), cifrado en la actualidad en 1,063 billones.
17.598 millones en solo un mes
Este nuevo dato de endeudamiento del sector público no sólo supone haber roto la barrera psicológica de los 900.000 millones -impensable antes del estallido de la crisis, e incluso hace poco más de un año-, sino que ilustra cómo en un solo mes, de enero a febrero, el pasivo de las AAPP se ha disparado en 17.598 millones de euros, tras haber encajado otro incremento de 12.131 millones de diciembre a enero.
Es decir, tan sólo en los dos primeros meses de 2013, nuestro país ha producido nueva deuda por importe de casi 30.000 millones de euros, que representa algo menos del 3% del PIB. Un montante y una tendencia que preocupan a expertos y analistas, por mucho que parte del repunte del pasivo en lo que va de año pueda achacarse a la mayor actividad emisora del Tesoro, que ha aprovechado la relativa calma de los mercados y la tregua de la prima de riesgo para colocar gran parte de las emisiones previstas para la primera parte del ejercicio de 2013.
Superar los 900.000 millones de deuda es en sí mismo alarmante, pese a que el Gobierno en sus previsiones para el año descontara ya que la deuda llegaría al 90%. Lo que más inquieta es la rapidez con que se ha incrementado el pasivo de las Administraciones en un solo año, el de 2012, cuando España registró un pasivo récord de 883.873 millones, es decir, casi 14 puntos de PIB más.
El repunte fue notorio en los meses finales del ejercicio, debido sobre todo al rescate de las entidades bancarias -más de 41.500 millones, que se apuntaron en el debe en diciembre, hasta sumar 52.409 millones-, pero también por culpa de la deuda pendiente de las Administraciones por facturas de sus proveedores, que hubieron de incluir operaciones de factoring sin recurso.
Otro disparo a puerta contra la deuda en 2012 fueron las operaciones relacionadas con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Por un lado, en el pasivo del Estado se incluyen las emisiones de valores que este mecanismo efectúa para dotar de recursos al FLA. Y, por otro lado, estos préstamos se anotan en la deuda de las comunidades autónomas conforme éstas van disponiendo de los recursos del fondo. El pasivo de las autonomías en 2012 fue de 185.048 millones, el 17,6%o del PIB.
En las cifras del total del sector de las Administraciones, las relaciones cruzadas entre el FLA y las autonomías se consolidan, al igual que sucede con la operativa del Fondo de Financiación del Pago a los Proveedores (FFPP).
En detalle, la suma de deuda acumulada entre la nueva forma de computar las créditos comerciales -factoring- y los préstamos del fondo de liquidez representaba a finales de diciembre el 2,1% del PIB, según el Banco de España.
En cuanto a la Seguridad Social, en 2012 fue responsable de un total de 17.188 millones del endeudamiento conjunto, según el procedimiento de déficit excesivo, tal y como registra la autoridad monetaria. Otra fuente de deuda en 2012 fueron las empresas públicas dependientes de las AAPP, si bien en este caso el endeudamiento cayó en 1.724 millones, lo que dejó sus números rojos en 53.331 millones.
El G20 quiere la deuda en el 90% del PIB
