El crecimiento en 10 puntos de la deuda en un año es un indicador de la falta de reformas.
Lo advertimos en esta tribuna la semana pasada y lo confirmó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de primavera: la recuperación se hace esperar. El organismo que dirige Christine Lagarde fue aún más severo en sus pro- nósticos: no es seguro que España vaya a crecer en 2014, ya que tiene reformas pendientes. ¿A qué se refiere Lagarde? A la reforma de la Administración. El Gobierno redujo el sueldo de los funcionarios, suprimió la paga de Navidad o recortó su número en alrededor de medio millón. Sin embargo, la estructura de la administración sigue intacta. Los gobiernos autonómicos, municipales y central contratan asesores y cargos de confianza para el desarrollo de labores, que en otros países están en manos de funcionarios profesionales.
El Tribunal Supremo de Andalucía acaba de dictar una sentencia que da carga de naturaleza a los cerca de 50.000 enchufados contratados a dedo por los sucesivos ejecutivos de la Junta, primero de Chaves y ahora de Griñán; Cataluña intenta crear su propio cuerpo diplomático, pese a que no llegaría a fin de mes sino es porque el Estado abona parte de la nómina de sus funcionarios y los vencimientos de la deuda. En los cuatro primeros meses del año, se habrá gastado más de la mitad de los alrededor de 9.000 millones que solicitó al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). También mantiene ocho televisiones públicas, varias dedicadas a cubrir un mismo tipo de información, sin que nadie, ni en el Gobierno ni en Hacienda, se atreva a criticarlo y menos a corregirlo.
Todo lo contrario, un rosario de ministros, que van desde el de Exteriores, José Manuel García Margallo, a la de Fomento, Ana Pastor, tienen programadas visitas a Cataluña para intentar limar las asperezas con el Estado, mientras Françes Homs, portavoz de la Generalitat, anima públicamente a los municipios a pagar a la Hacienda catalana.
En Castilla-La Mancha, el Supremo acaba de admitir a trámite la demanda de los diputados socialistas a los que su presidenta, María Dolores de Cospedal, dejó sin retribución fija. Una medida cosmética, que representa un ahorro de apenas un par de millones de euros, mientras que se destina más de 50 millones a la televisión publica de Castilla-La Mancha.
En la Comunidad Valenciana, la nueva directora general de la corporación de Radio Televisión (RTVV), Rosa Vidal, se estrenó con una propuesta para reducir los 1.200 afectados por el ERE tras casi dos años de negociación. La Generalitat tuvo que asumir 1.500 millones de deuda de su televisión pública para evitar la quiebra y se compromete a aportar 66 millones anuales. El presidente, Alberto Fabra, asegura cada vez que tiene ocasión que la Comunidad Valenciana está asfixiada, al borde del colapso y no puede recortar más. Cuando lo oigo, me entra la risa floja.
Siete de cada diez euros de gasto suprimido por las autonomías desde 2009 fue en el capítulo de sanidad, una de las áreas más sensibles para el ciudadano, en lugar de ajustar el tamaño de la administración, eliminar órganos superfluos o duplicados.
Pero aquí no acaban los problemas. El año pasado concluyó con un déficit sobre la tarifa eléctrica de 5.700 millones, 200 millones más de lo previsto, y la estimación para éste es que ronde una cuantía similar pese a los ajustes y a que estamos ante un año hidráulico récord. Una metedura de pata en la reforma eléctrica disparará las subvenciones a las renovables a causa del exceso de lluvia, cuando debería ocurrir justamente al revés. Una prueba más de que se ponen parches, que apenas remedian los problemas, en lugar de abordar, de una vez por todas, un cambio integral del sistema de tarifa eléctrica.
El déficit de la Seguridad Social sigue imparable ante la falta de una reforma valiente que posponga de verdad la edad de jubilación a los 67 años y acabe de raíz con las prejubilaciones. El resultado de todo ello es que la deuda se aproxima al 86 por ciento del PIB, tras subir diez puntos en un año, el mayor crecimiento de Europa, con la excepción de Grecia. Todo lo contrario del sector privado, que vuelve a niveles precrisis (ver información sobre el tema en Ecobolsa).
El tiempo se agota si se quiere evitar que la deuda supere el cien por cien del PIB. Mariano Rajoy debería anunciar el próximo viernes un plan ambicioso, que modifique por completo la estructura de la administración, simplificando y abaratando su coste. En lugar de ello, parece que la principal novedad será un paquete de ayudas a emprendedores. Quiero aclarar que emprendedor es la nomenclatura oficial para referirse a microempresas y autónomos. ¿Con eso vamos a salir de la crisis?, ¿donde está el plan para reanimar la economía? Para colmo de males, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, estudia quitar algunas deducciones fiscales a las empresas, en lugar de rebajar las cotizaciones para abaratar la contratación. Con parches así, ¿cómo vamos a salir de la crisis?
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