Ya hay cifra: 3.485 millones del Estado y el Fondo Social Europeo para la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, con especial hincapié en este último apartado
Tal y como publicó elEconomista el pasado jueves, los agentes sociales y el Ministerio de Empleo hicieron pública la cuantía de la dotación para la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Casi 3.500 millones aportados por la Administración General del Estado y el Fondo Social Europeo. La Estrategia consta de 100 medidas que, en función de su desarrollo e impacto en el tiempo se distribuyen en dos grupos. Por un lado, existen 15 medidas de choque que pretenden dar respuesta con efectos inmediatos a la situación de los jóvenes desempleados. Las otras 85 están encaminadas a mejorar las oportunidades de acceso y permanencia de los jóvenes en el empleo.
Las primeras medidas tendrán un impacto económico durante los cuatro años de más de 1.750 millones de euros, de los cuales el 40 por ciento están destinados a los estímulos a la contratación, el 38 por ciento a las medidas de autoempleo y emprendimiento y un 22 por ciento a la formación y a la mejora de la intermediación. En cuanto al resto de medidas se ha previsto también una dotación superior a los 1.700 millones de los cuales, al menos la mitad, se corresponderán con acciones relativas a la formación y la educación.
Flecos pendientes
El Ministerio de Trabajo declaró también que quedan "flecos". Y, entre esos flecos estarían cómo se articulará la Estrategia con los distintos planes, iniciativas y estrategias de las distintas comunidades autónomas. De hecho, la gran cuestión que se plantea Upta (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) es cómo se van a aplicar los fondos. De todos modos, Upta considera que el diálogo y el nivel de consenso alcanzado hasta el momento en sí mismo es ya positivo. Además, Upta valora que los contenidos hasta ahora conocidos parecen adecuados y eficaces, en particular por lo que se refiere al emprendimiento y el autoempleo de los jóvenes.
La asociación que preside Sebastián Reyna, por otra parte, propondrá al Ministerio de Empleo algunas mejoras y concreciones, en especial por lo que se refiere al sistema de acceso a la capitalización y pago único de la prestación por desempleo para asegurar el buen fin de esta medida y evitar posibles abusos.
Para la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), la estrategia de empleo juvenil está directamente pensada para los recursos que provienen de la UE, aunque queda por definir cómo se distribuirá y qué organismos van a intervenir. Asimismo, desconocen si los recursos van a ser los únicos para las actuaciones que se recogen en la estrategia, o bien se van a complementar con otras partidas presupuestarias específicas. Para ATA, el Gobierno ha sabido pelear estas dotaciones mediante un plan de acción que Europa ha valorado.
ATA considera que existen tres bloques prioritarios que deberían ser destino de los fondos: reducción de costes de inicio de actividad y fomento de la segunda oprotunidad, la tutorización y el apoyo y formación de autónomos para que puedan hacer frente a las dificultades de los primeros años del ejercicio de la actividad y fomento de la contratación de emprendedores, ya sean ellos empleadores o empleados.
Preocupación compartida
"La preocupación por el desempleo juvenil es compartida por todas las administraciones españolas. Es este el motivo que ha llevado al Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Emprende, a poner en marcha en el último año iniciativas como el reembolso de las cuotas de autónomos a menores de 30 años o la zona franca, las cuales han inspirado al Estado y a otras administraciones en el diseño de sus propias actuaciones", explica Iñaki Ortega, director general de Madrid Emprende.
También desde la Cámara de Comercio de Madrid aplauden la medida: "Esperemos que la disposición de los fondos europeos sea suficientemente flexible como para que cada país pueda aplicarlo en los programas de fomento del empleo y el emprendimiento que considere más adecuados, de acuerdo con su situación específica", explica Mariola Olivera, directora de Desarrollo Empresarial de la Cámara.
Ortega agradece la inyección económica por parte del Fondo Social Europeo: "En un escenario de contracción presupuestaria, son una valiosa aportación a los esfuerzos que las instituciones nacionales estamos realizando". No obstante, la cuantía no es tan importante como su conveniente utilización. A juicio de Ortega, "es absolutamente imprescindible que las actuaciones desarrolladas por las diferentes administraciones estén coordinadas a fin de que los valiosos recursos que se destinan a las políticas de estímulo desplieguen sus máximos efectos".
Desde la cámara madrileña imaginan cómo estructurarían las ayudas: "Habría que articular un cambio cultural, que afectara principalmente al sistema educativo. En segundo lugar, se debería abordar una drástica simplificación administrativa que redujera los plazos para la creación de empresas al mínimo posible. Y, finalmente, y quizás esto sea lo más difícil, se deberían articular mecanismos financieros para garantizar que ningún proyecto viable, que cuente con un equipo capacitado, se quede en el camino por falta de financiación", destaca Olivera.
Desde Madrid no tienen muy claro si tocarán a algo, o no, de este dinero. Esa inquietud es compartida con Andalucía, que no sabe si la regulación a favor de los emprendedores del Gobierno central será compatible con ellos o no, en cuyo caso el emprendedor tendrá que elegir a qué plan se acoge. En Andalucía, la Junta aprobó a finales de 2011 una ley de Promoción del Trabajo Autónomo cuyos resultados han sido escasos hasta la fecha ya que, a diferencia de otras iniciativas de ámbito autonómico, no incluye medidas concretas y sólo crea marcos generales y pone en marcha consejos y otros órganos de coordinación.
Tras cerrar 2012 con una tasa de paro del 36,8 por ciento, que es del 65 por ciento en el caso de jóvenes de hasta 24 años, el Gobierno andaluz aprobó la semana pasada las primeras medidas concretas para incentivar a los autónomos dentro de un nuevo plan de empleo -el segundo en un año- dotado en total con 500 millones procedentes del presupuesto de la Junta para 2013. En concreto, el plan de empleo juvenil estará dotado con hasta 167,5 millones de euros y cuenta con varias medidas. Se habilitarán créditos blandos, con un presupuesto de 125 millones, y hasta 25 millones en incentivos para el autoempleo juvenil, los autónomos que creen empleo joven y la incorporación de personas de este colectivo en empresas de economía social. Asimismo, se financiará el 50 por ciento del coste de la Seguridad Social durante los dos primeros años de contratación, con un máximo de 2.000 euros por trabajador.
Desde Galicia también consideran "muy positiva la existencia de un fondo específico para impulsar el empleo juvenil, ya que es una de las principales preocupaciones del Gobierno autonómico", pero no realizan una valoración más pormenorizada a la espera de conocer los detalles. A pesar de que admiten las cifras negativas, destacan que Galicia mantiene un diferencial positivo con respecto al Estado: tanto en el paro general, como en el juvenil. No obstante, desde la Xunta se están tomando medidas destinadas específicamente a luchar contra el desempleo juvenil. Por ejemplo, recientemente se firmó un acuerdo con la patronal gallega para impulsar los nuevos contratos de formación, que combinan un puesto de trabajo con una actividad formativa.
Esta iniciativa está dirigida a los desempleados menores de 30 años, y a través de la misma se les proporciona a los participantes, además de un trabajo, un certificado de profesionalidad reconocido a nivel estatal. El proceso será controlado en todo momento por el Servizo Público de Emprego de Galicia. A mayores de esta medida, en el diálogo social también se pactaron otras actuaciones como el programa Forcon, dirigido a jóvenes sin cualificación.
Tres líneas maestras
También en Aragón prefieren esperar antes de hablar y "estarán pendientes de cómo se articulan esas ayudas". Pero, mientras se definen, desde del Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, se considera que estas ayudas deben articularse en torno a tres líneas maestras. Una de ellas es la de proporcionar incentivos para facilitar la contratación de personas jóvenes en el tejido industrial, además de incidir también en la formación aplicada a la demanda empresarial. Igualmente, se considera preciso que estos fondos puedan destinarse a una línea para la creación de nuevas empresas.
Además, Aragón es una comunidad pionera en la firma de acuerdos entre el Gobierno regional y los agentes sociales para luchar contra el desempleo. Durante más de 20 años se han rubricado este tipo de acuerdos en los que se sigue trabajando. El último en firmarse ha sido el Acuerdo Social para la Competitividad y el Empleo en Aragón (ACE) 2012-2015, que se suscribió en marzo del año pasado entre el Gobierno de Aragón, CREA (Confederación de Empresarios de Aragón), Cepyme Aragón, UGT Aragón y CCOO Aragón. Un acuerdo que contempla un paquete de 64 medidas de las que 32 están centradas en el empleo y en la cualificación.
A punto de cumplirse el primer año de su puesta en marcha, desde el Departamento de Economía del Gobierno de Aragón aseguran que el balance es muy positivo y destacan la importancia de este acuerdo que "constituye una auténtica excepcionalidad en el contexto nacional" y que supone "una ventaja competitiva para la economía regional frente a otras comunidades autónomas".
Ayuda al inicio de la actividad
Castilla y León ha puesto en marcha este año un plan de ayudas para apoyar el inicio de la actividad económica por cuenta propia, con importes entre 3.000 y 5.000 euros dependiendo de la edad y del sector. Implica, además, la reducción de cuatro puntos de interés en un préstamo para el establecimiento por cuenta propia, por importe del 70 por ciento del gasto, con un límite de 3.000 euros. También se incluye el apoyo, hasta 3.000 euros, para desarrollar un proyecto de viabilidad de negocio y los gastos de formación del autónomo que podrían llegar a los 2.000 euros.
Javier Cepedano, presidente de la Federación de Autónomos de Castilla y León (Feacyl), considera que el plan contra el desempleo juvenil no debe quedarse "en estímulos a la contratación o exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social", sino que debe incluir "nuevas fórmulas de contrato especialmente para las nuevas empresas".
Cepedano considera que el Plan debe combinar medidas de apoyo a los emprendedores y formación de parados, aunque duda de la efectividad de otro tipo de iniciativas como las ayudas a los ayuntamientos para fomentar el empleo local. "No podemos olvidar, como ya se demostró con el Plan 5000e, que con esto se fomenta el empleo, sí, pero un empleo muy temporal".
En su opinión, "los emprendedores necesitan impulso, ayudas, pero también simplificación administrativa, o lo que es lo mismo, que se eliminen las trabas burocráticas que echan para atrás muchas ideas de negocio. Asimismo, se necesita imprimir agilidad en la resolución de concesión de licencias y mayor coordinación entre las diferentes administraciones públicas".
Fondos RUP
El Gobierno canario trata de convencer a la Comisión Europea de la necesidad de contar con fondos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) para financiar políticas activas de empleo dirigidas a sus jóvenes, que representan el 54 por ciento del total de desempleados de las Islas. El Plan de Empleo Juvenil de las Islas, cuya financiación se apoya en la del Plan de Empleo Anual, precisa de aportaciones adicionales que se pretenden recabar de las que la UE destina a las regiones ultraperiféricas.
El Plan de Empleo Juvenil de Canarias 2012-2014 prevé proporcionar a los desempleados menores de 30 años experiencias profesionales, orientación y formación que mejore su empleabilidad, especialmente la de los que tienen déficit de cualificación. De igual forma, este plan incluye políticas de movilidad regional, nacional e internacional, dentro y fuera de la UE y medidas de emprendimiento, trabajo autónomo y creación de empresas.
Información elaborada por Mireia Corchón, Javier Alfonso, Rafael Daniel, José Luis Jiménez, Carmen Larrakoetxea, Ruth Lodeiro, Carlos Pizá, Esther Porta y Eva Sereno.
La Junta de Andalucía pagará 400 euros a los jóvenes cualificados
