Coca-Cola Iberian Partners, el nuevo embotellador único del gigante de los refrescos en España, está dispuesta a subir aún más la indemnización tope de 45 días para poder llegar a un acuerdo con los trabajadores y ejecutar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puesto en marcha y que ha quedado anulado por la Audiencia Nacional.
Fuentes próximas a la compañía han confirmado a elEconomista que "la empresa ha sido y será generosa con los trabajadores y que está dispuesta a negociar para llegar a un acuerdo".
La dirección de Coca-Cola Iberian Partners elevó ya el pasado mes de febrero las indemnizaciones a los trabajadores de 30 días con un máximo de 18 mensualidades a 45 días con un tope de 42 mensualidades, además de una indemnización lineal adicional de 10.000 euros, con el fin de lograr bajas voluntarias y evitar los despidos.
El Expediente de Regulación de Empleo, que preveía inicialmente 1.253 despidos y el cierre de cuatro plantas (Fuenlabrada, Asturias, Alicante y Palma de Mallorca), se redujo entonces a 1.190 afectados. La compañía empieza así a hacer cálculos y prevé ya gastarse entre 100 y 150 millones de euros en todo el proceso.
Eso significaría, en la práctica, gastarse alrededor de entre 84.000 y 125.000 euros de media por cada uno de los trabajadores afectados, siempre según las fuentes consultadas por elEconomista. Entre la plantilla hay quien reconoce, de hecho, que hay indemnizaciones ya fijadas que superan incluso los 200.000 euros.
La indemnización final
Pero, ¿de cuánto podría ser la subida en la indemnización final que se pueda plantear? "Eso es algo que tendrá que hablarse y para eso es precisamente para lo que se ha fichado a Manuel Pimentel como mediador, para negociar", aseguran desde la empresa.
Lo que parece evidente es que la compañía tendrá que subir la indemnización por encima de los 45 días y 10.000 euros ofrecidos en un principio si quiere llegar a un pacto. De momento, el fichaje como mediador de Pimentel ha sido valorado de forma muy positiva por los representantes de los trabajadores, que consideran que se puede abrir así una vía de acuerdo. El sindicato CSI-F fue el primero en aplaudir el jueves la medida y CCOO aseguró ayer que esto demuestra que "hay voluntad de diálogo", aunque insistió también en que quizás "llega un poco tarde".
Tras subir la indemnización a 45 días y 10.000 euros de paga lineal, la compañía consiguió que 585 empleados se fueran de forma voluntaria y otros 369 fueran recolocados. Sin embargo, hubo 236 -todos de la fábrica de Fuenlabrada y uno de Alicante- que se opusieron y fueron indemnizados finalmente con sólo 30 días. Estos empleados fueron los que impugnaron el Expediente de Regulación de Empleo ante la Audiencia Nacional, obligando tras la sentencia de nulidad por parte de ésta a que la empresa tuviera que presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
Pendientes del Supremo
La marcha de las negociaciones dependerá ahora también, en gran medida, de lo que pueda dictaminar la Audiencia, porque los sindicatos han pedido la ejecución provisional de la sentencia, sobre todo teniendo en cuenta que el Supremo puede tardar todavía algún tiempo en dictar una sentencia definitiva. De hecho, si diera la razón a la empresa y desautorizara a la Audiencia la negociación daría un vuelco, porque se avalarían los despidos tal y como se han establecido.
Hay que tener en cuenta que, al margen de las indemnizaciones por las bajas voluntarias, la empresa ofreció también durante el proceso prejubilaciones para trabajadores con edad superior o igual a 56 años, que percibirán el 80 por ciento de su salario neto. Además, se pudieron acoger a esta medida aquellos con edad igual o superior a 57 años en los centros no afectados por el cierre. Iberian Partners también presentó, en la misma línea, una mejora en las condiciones de traslado para los puestos que se podían cubrir mediante las recolocaciones, y que permitían recibir una indemnización de 15.000 euros, además de una ayuda de vivienda de 500 euros por mes durante dos años, cuando el traslado implique cambio de residencia.
Si no logra un acuerdo con los sindicatos, Iberian Partners tendrá que justificar la reestructuración mediante un plan industrial, algo que no hizo el despacho de abogados Sagardoy, lo que provocó que la Audiencia dictaminara la nulidad del proceso. Con Pimentel todo indica que la línea será, en cualquier caso, otra completamente distinta.
La intención de Coca-Cola Iberian Partners pasa ahora, una vez que consiga cerrar el ERE, por seguir creciendo como la primera empresa agroalimentaria de España, con capacidad además para hacer adquisiciones en los mercados internacionales, y quedando además la puerta abierta a una posible salida a bolsa.
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