Cada vez son más los emprendedores que sacan adelante sus proyectos mediante fórmulas de financiación colectiva (crowdfunding), lo que ha llevado al Gobierno a empezar a regular esta actividad, pero, paradójicamente, la nueva legislación no afectará a las plataformas más populares de España.
El Ejecutivo aprobó el pasado 28 de febrero el anteproyecto de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que regula por primera vez en España las distintas vías de financiación colectiva, lo que se conoce por el término inglés 'crowdfunding', que se basa principalmente en plataformas electrónicas que ponen directamente en contacto a los inversores con las empresas.
Aunque desde un primer momento las asociaciones y plataformas de financiación colectiva aplaudieron que por fin se regulara esta actividad, criticaron las restricciones que la ley establece a las aportaciones de los inversores, un máximo de 3.000 euros anuales por proyecto y 6.000 por plataforma.
Unos límites que no afectarán al 'crowdfunding' que se realiza mediante donaciones, ni al que está basado en recompensas, que ofrecen plataformas como Lánzanos o Verkami y que, según la Asociación de Empresas de Crowdfunding de España (AECEsp), es el más popular en este país.
Financiación participativa
En concreto, según el anteproyecto, no se consideran "Plataformas de Financiación Participativa" las entidades que funcionen mediante donaciones, préstamos sin intereses, o compraventa, en este caso "pudiendo ser la entrega incierta y dilatada en el tiempo".
En este último tipo entrarían las plataformas basadas en recompensas, pues ofrecen a quien contribuya a financiar un proyecto "desde el agradecimiento y menciones honoríficas, a ediciones limitadas, productos personalizados, descuentos o regalos", explica la AECEsp, y están sujetas al IVA, como cualquier compra.
Las restricciones a las aportaciones que establece la nueva legislación sí afectarán a las plataformas de inversión o equity, mediante las cuales los inversores aportan capital a un proyecto a cambio de participaciones, y a las de préstamo o lending, que ofrecen una rentabilidad pactada.
Unos límites que para la plataforma de préstamos entre personas más antigua de España, Comunitae, implican "un trato discriminatorio frente a otros productos financieros, algunos de mucho más riesgo".
Críticas al anteproyecto
También crítico se ha mostrado el vicepresidente de la AECEsp, Miguel Moya, que ha asegurado en declaraciones a Efe que el anteproyecto "está destruyendo estas plataformas", e incluso algunas de ellas, empresas perfectamente viables, han parado su actividad a la espera de la ley definitiva.
Moya cree que los límites que establece la norma son "ridículos", pues ponen en el mismo nivel a todos los inversores y son "muy inferiores" a los de otras regulaciones extranjeras.
Un 'crowdfunding' con éxito
