El sector audiovisual valenciano ve con esperanza la nueva etapa que se abre en Canal 9, con un nuevo modelo de televisión pública basado en la aportación de las productoras, ya que el presupuesto de la Generalitat solo financiará lo que se considere servicio público.
Así lo ha explicado a elEconomista el presidente de la Federación del Audiovisual Valenciano, Ximo Pérez, satisfecho porque los partidos políticos aprobaron por unanimidad sus propuestas de enmienda a la ley.
Entre ellas, la obligación de destinar, como mínimo, un 6 por ciento de los ingresos de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) a la financiación anticipada de películas y series de productores independientes europeos. Además, la empresa pública propiciará la suscripción de convenios específicos de colaboración con empresas audiovisuales locales.
El nuevo modelo, cuya ley se debate estos días en las Cortes valencianas, supone la sustitución del ente público y sus dos filiales (radio y televisión) por una sola sociedad mercantil de titularidad pública que dispondrá de un contrato-programa de tres años de duración con la Generalitat.
Este contrato identificará las actividades de servicio público, que serán las únicas que se podrán financiar por parte de la Generalitat. El proyecto de ley señala como programas de servicio público los informativos, la cobertura de la actividad oficial de las instituciones de autogobierno y la programación infantil, cultural, divulgativa y de entretenimiento. El contrato-programa será más específico sobre este punto. No obstante, los programas informativos podrán ser cedidos a terceros.
El resto de programación tendrán que proporcionarla empresas externas, bien mediante subcontratación o mediante el alquiler de franjas horarias, aunque todavía no está clara la fórmula, según Ximo Pérez.
150 empresas
La asociación que preside agrupa a 150 pequeñas y medianas empresas, 80 de ellas productoras, con un total de 4.000 trabajadores. Pérez considera "muy positivo" el cambio de modelo.
Según explica, "a nivel europeo tenemos ejemplos muy importantes de cómo está configurada la televisión pública, donde lo normal es que el 30 por ciento del presupuesto se gaste en estructura y el 70 por ciento en programación y contenidos, y no como ocurría en Canal 9, donde el 25 por ciento era para contenidos y el 75 por ciento para estructura".
El representante de las productoras considera que el cambio "va a ser bueno para todo el sector", que espera aumentar una facturación que en los últimos años se había visto reducida a poco más de 20 millones de euros.
"Pedimos algo tan sencillo como una televisión sostenible y que pueda pagar, no como hasta ahora", resume. El sector lo ha pasado muy mal en los últimos años debido al retraso en los pagos por parte de Canal 9, que se ha solucionado con el plan de pagos del Gobierno.
Una de los puntos más controvertidos de la ley, el grado de uso obligatorio del valenciano -los partidos de la oposición pedían que fuera del 100 por cien-, se ha resuelto con la decisión del Partido Popular en solitario de establecer que la lengua autóctona "se utilizará preferentemente", sin establecer un porcentaje mínimo.
El ERE se retrasa
Otro de los motivos de discusión entre los partidos ha sido el modo de elección del consejo de administración y el director general de RTVV, que será el mismo que el introducido para el PP para Radiotelevisión Española. Así, bastará la mayoría absoluta de las Cortes autonómicas en caso de que no se alcance la mayoría de tres quintos en una primera votación. El consejo de administración se reduce de 12 miembros a nueve, incluido el director general, que antes no estaba.
El actual ente será liquidado después de transmitir a la nueva empresa todos sus activos y pasivos, excepto los financieros -1.300 millones-, que ya han sido asumidos de hecho por la Generalitat.
Estas operaciones societarias se llevarán a cabo cuando finalice el ERE que el ente lleva preparando desde hace tres meses y que se calcula que afectará a unos 1.200 de sus 1.800 trabajadores. La dirección había anunciado que lo presentaría en junio, pero se ha retrasado.
La Generalitat asume 1.200 millones de deuda
