Aprobar la nueva reforma de las pensiones con el consenso político y social se presenta como una tarea ardua, sino imposible. De hecho, ya ha chocado con un primer obstáculo: hay una gran división dentro del grupo de expertos elegido para elaborar un informe previo sobre el tema. Y esto, no ha hecho más que empezar. Reforma despacio, que tengo prisa: el análisis de Octavio Granado.
Las discrepancias surgidas en el comité de doce "sabios" nombrado por el Gobierno para redactar el texto que servirá de base para regular el llamado factor de sostenibilidad -el mecanismo de ajuste automático de las pensiones- auguran un difícil consenso político y social en una de las reformas más sensibles de la legislatura.
La presión de la Unión Europea
Bruselas otorgó el miércoles a España más margen en su consolidación fiscal, pero a cambio exigió nuevas reformas con un calendario preciso, que en el caso de las pensiones supone cerrar antes de final de año el desarrollo de ese factor estabilizador de la Seguridad Social.
Aunque la Comisión Europea recomendó incrementar la edad de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida, la reforma que se perfila en España, que podría entrar en vigor ya el año que viene, se dirige más bien hacia una reducción de la cuantía de la pensión.
Ese ajuste se realizaría mediante una doble vía: vinculando la actualización anual de las prestaciones a la evolución de los ingresos y los gastos del sistema -y no a la inflación como hasta ahora-, y calculando la prestación de los futuros jubilados en función de la esperanza de vida.
Compromiso de consenso
La mayoría absoluta del Partido Popular permitirá que cualquier proyecto de ley sobre pensiones pueda salir adelante, pero el Ejecutivo ha dicho reiteradamente que buscará el consenso ante el evidente riesgo de desgaste político y conflictividad social que conllevaría una aprobación en solitario.
La tradición democrática de buscar consenso en materia de pensiones y evitar una utilización electoralista en España llevó a crear a mediados de los 90 el conocido como "Pacto de Toledo" en el que debaten parlamentarios y agentes sociales, usado como referencia internacional y a cuyo sometimiento habrá de presentarse cualquier propuesta.
Un gran acuerdo parece sin embargo difícil dado que en el debate sobre cómo afrontar el desafío demográfico, la oposición de izquierdas y los sindicatos abogan por medidas que permitan incrementar los ingresos, mientras que el Gobierno y la mayoría de los expertos del grupo creado ad hoc se centra en la reducción de los gastos.
Plazos incumplidos
Esa dicotomía en el enfoque ha retrasado ya la aprobación del informe de los sabios, que no cumplirán el plazo de tener cerrado su texto antes de junio, y se han dado una semana más para ajustar un documento que contará con el voto en contra de al menos dos de sus miembros.
Uno de ellos es el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma Santos Ruesga, que considera que la aplicación a partir de 2014 de un doble factor de sostenibilidad -uno anual y otro demográfico- conllevará una peligrosa fractura social.
En una entrevista con Reuters, Ruesga dijo que los coeficientes reductores de la pensión propuestos por la mayoría de sus colegas llevarían tendencialmente a una bajada de las prestaciones -aunque se aplicara un suelo para evitar caídas nominales- y supondrían penalizar dos veces a los pensionistas actuales.
Asimismo, el catedrático consideró que detrás de este planteamiento había intereses de grupos de presión, ya que estos cambios impulsarán los sistemas privados de pensiones.
La influencia de los lobbies
"Nos movemos en un mundo donde los lobbies son poderosos y hay muchos intereses (...) (el modelo) abre un nicho de negocio importante para aseguradoras, bancos, etc.", declaró el catedrático, subrayando que ese ahorro para la jubilación solo se lo podría permitir una minoría de la sociedad, lo que llevaría a crear "pensionistas de primera, de segunda y de tercera".
Ruesga cuestionó la urgencia del Ejecutivo para aprobar una nueva reforma sin analizar primero los efectos de la realizada por el anterior Gobierno socialista en 2011, que entró en vigor el pasado enero y que supuso ya retrasar gradualmente la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67 años en 2027.
"Las prisas del Gobierno están mucho más relacionadas con las presiones de Bruselas que realmente con la preocupación por la sostenibilidad a largo plazo del sistema", dijo el economista, que consideró que el Ejecutivo utilizaría el informe como aval para llevar adelante su reforma.
"La gente ya con la ley (aprobada en 2011) iba a cobrar menos, iba a estar más tiempo cotizando e iba a estar menos tiempo cobrando", añadió, subrayando que era una decisión política y no técnica cargar el incremento previsto en el gasto de la Seguridad Social solo en los pensionistas o también en el conjunto de los contribuyentes.
Ruesga consideró previsible una "reacción" de los sindicatos a este nuevo modelo, que tampoco gustará "al menos a una parte de la oposición" ni a parte de la sociedad española, que lleva sufriendo años de políticas de austeridad traducidas en recortes de los servicios públicos.
"Tenemos batas blancas, batas verdes y ahora podemos tener batas grises", dijo el catedrático, haciendo referencia a los símbolos de las protestas realizadas en defensa de la sanidad y la educación públicas.
El ajuste de las pensiones tiene que ser en 2014
