La reforma de las pensiones corre prisa. Los datos del último mes indican un crecimiento del 5% interanual, sobre una partida que ya se desvió notablemente el año 2012. El Gobierno, que realizó una campaña electoral intensa acusando al anterior de no haber revalorizado las pensiones un año, ha convocado una comisión de expertos que propondrá dejar recortada la revalorización para los próximos lustros, y que minorará la pensión de partida de los futuros millones de pensionistas. Como ejercicio filosófico, Diógenes lo hubiera aplaudido.
El problema no puede negarse, aunque los actuales gestores lo hayan agravado con sus decisiones presupuestarias y con su falta de capacidad gestora. Pero la solución propuesta generará problemas nuevos y probablemente no resuelva lo fundamental (a no ser que esto sea cumplir con nuestra apariencia reputacional).
La solución generará más problemas
Me explico. Nuestro sistema de pensiones no se compone sólo de pensiones contributivas de jubilación. El 27,75% del stock de pensiones y el 22,38% de las altas cobran complementos a mínimo, cuya cuantía por cierto se ha incluido cuando se ha hecho el cálculo de los desequilibrios, y que son difícilmente recortables de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución. Si "los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica durante la tercera ed ad" es difícil defender que las pensiones mínimas están por encima de dicha suficiencia, o que pueden recortarse de un año para otro.
Las reformas deben partir pues de la base de que las pensiones mínimas no van a cambiar con las nuevas reglas de cálculo, y prever las medidas necesarias para que la contribución, sobre todo la voluntaria, crezca. Esto supone partir el esfuerzo entre el ahorro de la sobreprotección y la búsqueda de mayores cotizaciones, que compensen el impacto de las modificaciones e incentiven las buenas prácticas.
Por esta razón, las reformas anteriores han eliminado las bases tarifadas y los topes de cotización, e intentado promover la contributividad. Pues bien, después de treinta años de caminar en esta dirección, la modificación que se proyecta vuelve a rentabilizar la contribución mínima: las menores bases, durante las carreras más breves no se verán afectadas. Los cambios no fundamentarán los mayores esfuerzos, ni buscarán sinergias dentro del sistema, sino que harán de la misma condición a quien cumple y a quien se rezaga. Todo un tratado de eficacia económica.
Muchas cuestiones sobre la mesa
La necesidad de ir deprisa, que nos ha llevado a una espiral de rectificaciones en otros sectores, en éste va a golpearnos duramente. Todavía no sabemos si la fórmula pergeñada en el factor de sostenibilidad va a integrarse en la base reguladora o no. Si se integra ¿qué sentido tiene que las pensiones de incapacidad permanente por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, que nacen de una previa capitalización de la prestación, queden afectadas por el mismo? ¿Van a reducirse cotizaciones cuyo excedente sigue siendo notorio, a pesar de las sucesivas reducciones de las cuotas administradas por las Matep (mutuas)? ¿Es constitucional reducir prestaciones que nacen de un daño cierto a los beneficiarios?
La solución obvia es dejar fuera de la base reguladora al factor de sostenibilidad lo que tiene la ventaja de que Rajoy no tiene que explicar a los millones de viudas y centenares de miles de huérfanos que esta magnífica decisión disminuirá sus pensiones. Pero si dejamos fuera de la aplicación del factor a la incapacidad, viudedad, orfandad, favor de familiares (y en otro momento podemos hablar de las mutualidades de empleados públicos), entonces sólo vamos a afectar a la mitad de las nuevas pensiones.
Para el final queda algo curioso. La Ley 27/2011 previó un factor muy distinto al que se traza, y el resultado final del polinomio propuesto puede concluir que cotizantes con una misma contribución pueden acabar con una pensión sustancialmente diferente en función de la marcha de los ingresos y gastos del año en que se jubilen. Quienes puedan escoger año y sigan la información presupuestaria pueden ver cómo de 30 de diciembre a 2 de enero la pensión mejora o empeora; eso sí, el año siguiente la evolución puede ser la misma o la contraria. ¿Puede tomarse un periodo de tiempo más largo para definir los equilibrios? Claro, precisamente esto es lo que se intenta con el sistema de reparto, pero entonces habría que introducir en el diseño otras medidas.
En cuanto a la revalorización, ya hemos dado por extinguida la paga de desviación de enero, y preparado una fórmula incomprensible para la gran mayoría de ciudadanos, que no obstante se resume con mucha sencillez: cuando el sistema esté en déficit la revalorización será imperceptible o no será. Y como no se ha previsto la complementariedad de ambos factores, un pensionista beneficiario de un "buen año" presupuestario lo será para siempre, y otro perjudicado, también. Toda una experiencia.
Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social (2004- 2011).
Pensiones: hay que romper la paradoja
