El Gobierno asegura que el futuro de la empresa Tragsa no pasa necesaria y únicamente por despidos de parte de su plantilla, sino que también podrían adoptarse medidas de flexibilidad laboral para hacer frente a su situación económica, que ha llevado a la compañía a anunciar un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para 1.639 trabajadores.
En respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Ascensión de las Heras, el Ejecutivo señala que en el grupo Tragsa concurren los motivos "legalmente previstos" en el Estatuto de los Trabajadores para poder iniciar un ERE, si bien matiza que, "sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que el uso de este procedimiento no implica necesariamente la adopción únicamente de medidas de despido, pudiendo consistir también en otras medidas de flexibilidad laboral".
Además, en el texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo se compromete a "seguir trabajando con Tragsa" como lo ha hecho hasta la fecha, "sin perjuicio de que esta colaboración se vea en el momento actual influida por el importante recorte de inversión pública derivado de las restricciones presupuestarias", así como por las deudas pendientes que mantienen las administraciones públicas con el grupo, a las que se está haciendo frente con el objetivo de que "paguen puntualmente sus obligaciones".
Extinción de Tragsa
Tragsa presentó este martes a los sindicatos una propuesta de ERE de extinción de su plantilla y de la de su filial Tragsatec, empresa de desarrollo de ingeniería, de 1.639 trabajadores, el 16,6% de la plantilla formada por 9.858 empleados, ante la falta de carga de trabajo y la drástica caída de los ingresos.
Según informaron fuentes sindicales a Europa Press, Tragsa pretende recortar la plantilla en un 16%, por lo que se verán afectados 836 empleos de los 5.153 efectivos que tenía a cierre de 2012 según la memoria de la compañía, mientras que Tragsatec plantea despedir al 17,4%, un total de 803 de los 4.695 trabajadores que integran la compañía.
Para justificar el ajuste, la empresa ha alegado una drástica caída de los ingresos, que le llevarán a incurrir en unas pérdidas de 17 millones de euros al final de este ejercicio, y argumenta que el coste de personal, principal partida de gasto, no se ha reducido acorde a la fuerte caída productiva y al descenso de la cifra de negocio.
