El conflicto de Burgos tenía todos los elementos de los escándalos públicos anteriores a la crisis.
Uno de los orígenes de la crisis está en la mala gestión de los políticos. Hay un problema con la selección de los dirigentes, en manos de un grupo selecto, que actúa como un coto endogámico y cerrado. Hay problemas con el sistema electoral, que nos obliga a votar al cabeza de lista, y eso otorga a éste un poder omnímodo sobre el resto. Lejos de resolverlos, los políticos persisten en sus errores.
Aznar designó a Rajoy a dedo, pensando que iba a dar continuidad a su obra política, aunque se equivocó. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, crea una comisión gestora para cocinar las primarias, de manera que no haya sorpresas desagradables para él. Y el candidato por Madrid, Tomás Gómez, ni siquiera se someterá al proceso de elección para afianzar su liderazgo. La democracia interna brilla por su ausencia entre las fuerzas políticas.
La crisis sacó a la luz un montón de escándalos y corruptelas. Se construyeron pabellones gigantescos para atender eventos y congresos inexistentes; se levantaron ciudades de la Cultura o de la Ciencia donde ni existía ni existe el más mínimo brote de interés por ambas materias; se trazaron largas avenidas y bulevares en lugares imposibles de localizar.
El tiempo demostró que la gratuidad que pregonaban los políticos es falsa por completo. España estuvo a punto de ser intervenida por culpa de sus deudas, hay autonomías en ruina y miles de ayuntamientos que se vieron obligados a despedir a parte de su plantilla y a subir impuestos para sufragar obras inservibles que nadie reclamó jamás. Lo gratis nos salió muy caro.
Descubrimos que muchas de esas construcciones apabullantes y estilosas no respondían a la demanda ciudadana, si no que escondían intereses oscuros. Salieron a la luz comisiones astronómicas que acababan en el bolsillo de ediles y asesores fantasma; financiación irregular de fuerzas políticas y sindicatos. Un sinfín de irregularidades.
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha debido de estar en Babia durante los últimos años. Estaba empeñado en convertir una de las calles más populosas de la ciudad en un paseo casi peatonal, con un extenso carril- bici y amplias aceras en contra de la voluntad de los vecinos.
El proyecto se otorgó a la empresa Arranz Acinas, perteneciente al empresario del mismo nombre, que junto a Antonio Miguel Méndez Pozo son los adjudicatarios de la mayoría de las obras en esta bella ciudad castellana. La mayor más reciente fue el hospital.
Se da, además, la circunstancia de que Méndez Pozo es dueño de Promecal, un emporio mediático propietario desde el Diario de Burgos hasta la televisión regional. El vínculo de algunos constructores con los medios de comunicación para ponerlos al servicio político es otro de los problemas seculares de los últimos años. El control de los medios permite silenciar los errores o magnificar los éxitos para poner o quitar políticos de los cargos.
La lectura del diario burgalés estos días provoca sonrojo, por su línea de apoyo total a Lacalle, quien antes de acceder a la Alcaldía fue concejal de urbanismo. Aunque los habitantes de la ciudad ya están curados de espanto. El periódico local apenas dio una palabra de la trama Gürtel, en la que se vio involucrado el propio Méndez Pozo.
La obra estaba valorada en 8 millones, aunque el alcalde aseguró que no costaría a sus ciudadanos, que han visto subir los impuestos para sufragar la deuda municipal. El bulevar preveía la construcción de un parking subterráneo, a alrededor de 20.000 euros la plaza, para albergar los vehículos, que ahora aparcan hasta en triple fila en la calle, debido a la densidad de población de la zona.
A priori, hay poco que objetar a un proyecto que pretende mejorar la vida de los vecinos, si no fuera porque es a costa de su bolsillo. Si Lacalle hubiera habilitado una campa donde aparcar gratis, probablemente habría obtenido el visto bueno ciudadano. Su plan empeoraba la calidad de vida del barrio en vez de mejorarla. Es normal que sus habitantes se opusieran con todos los medios a su alcance. La situación económica no permite alegrías. No es el momento de los planes urbanísticos a golpe de talonario, sino la hora de la austeridad. Si yo fuera Lacalle, bajaría los impuestos para que cada uno gaste ese dinero como quiera, después de dar marcha atrás por presiones de arriba.
El mismo consejo le daría al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que subió 41 impuestos desde que Rajoy prometió bajarlos (los últimos, en Nochebuena con alevosía y nocturnidad), en lugar de recortar más el gasto para reducirlos. Los ciudadanos no suelen perdonar las mentiras o medias verdades y menos cuando ellos pagan las facturas. Es difícil demostrar la connivencia de los grupos constructores o el grado de influencia en el alcalde en el conflicto de El Gamonal. Pero coinciden todos los errores de los escándalos que hemos dejado atrás.
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