El Gobierno prepara una tasa a la generación en la reforma energética, tal y como adelantó elEconomista el pasado sábado, que ha desatado una auténtica batalla.
Las presiones en los últimos meses se han incrementado en una guerra de poder en la que hay en juego miles de millones. El tablero del ajedrez tiene dos claros contendientes: las eléctricas agrupadas en Unesa frente a los grandes fondos de inversión extranjeros que invirtieron en renovables aprovechando la regulación del sector.
En el marco de la segunda reforma energética, cuyas primeras medidas puede avanzar Mariano Rajoy este miércoles en el Congreso y que es probable que se apruebe en el Consejo de Ministros del viernes 13, el Ejecutivo pretende acabar con el déficit de tarifa, que ya asciende a 24.000 millones y que podría sumar otros 4.500 millones este año, repartiendo el esfuerzo entre todos los operadores, tal y como ha insistido el ministro de Industria, José Manuel Soria.
La intención del Gobierno es crear una tasa a la producción de electricidad que fuera no discriminatoria y, a su vez, homogénea, pero la guerra está en si se carga contra la facturación -como todo parece indicar- o contra la producción o los beneficios, como reclaman las patronales de renovables y los fondos de inversión extranjeros.
Ninguna de las dos opciones carece de argumentos. Por parte de las eléctricas aseguran que las tasas sobre beneficios como las Robin Hood tax -aplicadas en Alemania e Italia- se aplican de manera transitoria, y las energías solares están al principio de su proceso inversor, por lo tanto, los años que durasen estas tasas impactarían en mayor medida a aquellos que tienen inversiones más adelantadas (no solo el Régimen Ordinario sino también la eólica).
Otro de los efectos depende del apalancamiento. Aquellos que hayan hecho inversiones con un mayor nivel de deuda (algo muy habitual para las renovables) los primeros años se enfrentan a mayores costes financieros (y menos beneficios) que aquellos que hayan tenido prácticas de financiación más conservadoras.
Y lo tercero es que, a una gran empresa, las obligaciones de separación contable que se le imponen legalmente les impide hacer ajustes contables "estratégicos", como puede ocurrir con empresas más pequeñas, o empresas en las que los suministradores de la gran mayoría de sus trabajos (OPEX incluso CAPEX) son ingenierías de su propio grupo.
Según indicaron fuentes del sector, el Gobierno entiende que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avala la modificación de las condiciones retributivas a las primas a las tecnologías solares en función de las condiciones económicas y energéticas, y siempre que se les garantice una rentabilidad razonable, les habilita legalmente para adoptar una medida de estas características.
El pasado viernes los directores de regulación de las tres grandes compañías (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa), acompañados por el presidente de Unesa, visitaron a la Comisión Europea en un intento de que Bruselas secunde la reducción de los apoyos a las renovables en España y para tratar de esquivar la tasa a la generación.
Protermosolar aseguró ayer que es precisamente en el negocio regulado, es decir el que causa contablemente el déficit de tarifa, donde las eléctricas tienen mayores beneficios y el que más ha crecido en los últimos años, de lo cual hacen incluso gala en las presentaciones de resultados a sus accionistas. Los beneficios de esa parte de su negocio en todo este periodo de acumulación del déficit han sido mayores que las primas recibidas por las renovables y, sin duda, una moderación de los mismos hubiese permitido tener un déficit mucho menor en estos momentos.
La patronal termosolar insiste en que todavía, no se ha efectuado la liquidación final de los costes de transición a la competencia (CTCs) cobrados por las eléctricas. Según ciertas estimaciones, las compañías eléctricas deberían devolver más de 3.000 millones de euros.
Los derechos de emisión gratuitos internalizados en el precio del 'pool' se minoraron de la retribución en el periodo 2006-2009 pero no posteriormente, ni tampoco en 2005. La cuantía pendiente de regularización sería superior a 4.000 millones de euros.
Al igual que se justifica para las renovables, se podría aplicar la doctrina del Supremo de "beneficio razonable" a las centrales prácticamente amortizadas (nucleares e hidráulicas) que, con muy pequeños costes variables, se aprovechan de la subida de los precios del 'pool'. Una rigurosa auditoría de costes demostraría el elevadísimo margen con el que vienen operando desde hace años.
Que los ciclos combinados, auténtica burbuja energética de este país, además del "pago por disponibilidad" disponen de una subvención llamada "incentivo a la inversión", que era de 20.000 euros/MW/año durante 10 años y que el anterior ministro, Miguel Sebastián, elevó a 26.000 euros/MW/año momentos antes del cambio de gobierno.
Esta subvención puede representar en algunos casos el 25% de su inversión. Este coste, además, se incluye en el término de energía y no aparece como coste regulado, por lo que está pasando inadvertido al hablar del déficit. Con subvenciones parecidas, algunas renovables tampoco necesitarían primas.
Las eléctricas, por su parte, recuerdan que, mientras las tecnologías convencionales están recibiendo una retribución media de 50 euros el megavatio hora, las plantas solares se llevan hasta 466 euros /MWh y ya suponen el 10% del coste que los ciudadanos pagan en la factura de energía eléctrica.
Una factura que ya figura entre las más caras de Europa, algo que contrasta llamativamente con el hecho de que las retribuciones a las actividades de generación de energía mediante fuentes tradicionales y distribución de electricidad en España figuren un 10% por debajo de la media registrada en la Unión Europea.
En este sentido, mediante dicha tasa por facturación, las compañías con centrales de generación tradicional aportarían mucho dado que producen más, mientras que aquellas que generan mediante centrales solares también aportarían porque, aunque producen mucho menos, ingresan por cada MWh mucho más que las primeras.
Las patronales de renovables y los fondos de inversión ya han mostrado su disposición a plantear una batalla jurídica al Gobierno si no les gusta la reforma. Por ese motivo, el Ejecutivo se está planteando tramitar la reforma como un proyecto de ley que sirva para esquivar todos estos recursos.
Medidas para acabar con el déficit de tarifa
