
El grupo de comunicación andaluz Joly, controlado desde hace más de 140 años por la familia gaditana que lleva ese apellido, está recurriendo al círculo de empresarios familiares más cercano para abrir su capital y lograr fondos con los que respaldar una nueva ronda de reestructuración de plantilla, que se suma a otros procesos acometidos ininterrumpidamente desde 2009 -y al ERE llevado a cabo en Cádiz en 2004-.
El grupo que preside José Joly está sufriendo un fuerte impacto en sus cuentas por la caída de la publicidad y el resto de vías de ingresos de sus nueve diarios repartidos por siete provincias de Andalucía -todas menos Jaén-.
Tras adelantar elEconomista la semana pasada que el primero en entrar será, a título particular, el editor catalán de ascendencia sevillano José Manuel Lara, este diario ha podido saber que otro socio será el propietario de la cadena de moda Mango, Isak Andic, quien también tomará una participación similar a la de Lara, en torno al 11,5%, por otros tres millones y también a través de una sociedad patrimonial particular.
Andic y su familia tienen una relación personal muy estrecha con Joaquina Martínez de Salazar, madre del presidente del grupo, y que es la presidenta de honor de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. El propietario de la cadena de moda ha ocupado el cargo de presidente del Instituto de la Empresa Familiar hasta el pasado abril. Es en estos foros de reunión de empresas familiares donde se ha fraguado la inversión de estos dos empresarios catalanes en el grupo andaluz.
Plan de salidas
La compañía nacida en Cádiz en 1867 terminó agosto presentando expedientes de regulación de empleo (ERE) -figura a la que no se había acogido en esos procesos anteriores excepto en Cádiz- en sus diarios de Málaga y Granada, así como despidos en las cabeceras de Almería y Córdoba. Incluyendo los previstos en los tres diarios de Cádiz y la filial de impresión Ingrasa en esa misma provincia (alrededor de 40) y Huelva (otros 8), suman en torno a 90 salidas. Ya en 2009, sin recurrir a ERE salieron del grupo otras cien personas.
El mantenimiento de la red de nueve cabeceras es estratégico para Joly, ya que le permite optar a jugosos contratos de la Junta de Andalucía y grandes anunciantes privados que quieren cubrir toda la comunidad. Así, el grupo está luchando por mantener abiertos los diarios de Málaga y Córdoba, que son los que más problemas económicos tienen. Los ingresos por publicidad del Diario de Córdoba se han hundido un 30% desde 2009, la mayor caida registrada por el grupo.
El goteo de despidos y no renovaciones ha sido constante desde ese año, lo que ha reducido la plantilla por debajo de las quinientas personas. El nuevo proceso, sin incluir las medidas de recorte en la cabecera de Sevilla, y en los servicios centrales del grupo ubicados en la capital andaluza, supondrá así un adelgazamiento de la plantilla del 20%.
En el caso de Cádiz, según fuentes de los comités de empresa de Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur, el estudio de esos 40 despidos choca con el acta de avenencia firmada recientemente, y tras más de un año de negociación, sobre el convenio colectivo para 2011-2012, que supone la congelación de sueldos excepto para los empleados que ganen menos de mil euros -a los que se les sube el salario un 1,5%-. De los más de 150 empleados de grupo Joly en Cádiz, 130 están acogidos a ese convenio. Las mismas fuentes critican la falta de información sobre la fecha para la firma del convenio y sobre las posibles medidas de recorte de personal, lo que les ha llevado a acudir a Sevilla a reunirse con la empresa.
Otras fuentes de Diario de Sevilla explican que las medidas de recorte en esta cabecera se están analizando y se presentarán en octubre, una vez vayan finalizando los procesos abiertos. Los ERE de Málaga y Granada cumplen justo hoy el plazo de consultas de quince días entre empresa y trabajadores.
En el Diario de Almería se han despedido a cinco trabajadores, por lo que la plantilla ha quedado reducida a 19 personas. También se ha prescindido de los corresponsales y recortado hasta un 50% el sueldo de los colaboradores.