La operación de fusión de Unicaja y España-Duero (Ceiss) ha sufrido un nuevo cambio de escenario. El Frob intenta salvar la integración con el objetivo de evitar su liquidación, por lo que ha puesto en marcha los trámites para que se inicie un proceso de arbitraje para que los inversores minoritarios de preferentes y deuda subordinada recuperen su dinero y rechacen acudir a los tribunales. El coste será asumido en su totalidad por el fondo estatal. En las últimas ha habido un aluvión de demandas por parte de los afectados, que ponía en peligro la operación.
El fondo tiene previsto poner en marcha el arbitraje, que será similar al de Bankia. Los clientes percibirán el 100% menos el valor de los cocos y deuda ofrecida por Unicaja en su oferta de compra y los intereses percibidos. A esa cantidad se añadirá un 2%, igual al interés de un depósito.
La propuesta de la andaluza estaba con que el canje de títulos ostentara la mayoría del capital de Ceiss, un umbral difícil de conseguir teniendo en cuenta que los preferentistas tenían que renunciar a ir a los tribunales en caso de aceptar las condiciones. En principio, el porcentaje estaba situado en el 75%, pero se suavizó para poder encarrilar la operación.
Con el arbitraje se despeja el camino, ya que los afectados podrán recuperar su dinero sin tener que acudir a la justicia. Las pérdidas hasta ahora sufridas alcanzan el 70%. Ceiss tenía emitido 1.400 millones de productos híbridos, de los cuales 1.000 estaban en manos de minoritarios.
Unicaja, además, reclamaba como indispensable que la conversión de híbridos aportara una capitalización mínima de 1.250 millones. Con las condiciones anteriores era prácticamente imposible alcanzar la cuantía. El Frob se había comprometido a aportar el dinero, pero había un riesgo de que la absorción finalmente fracasara al no conseguir Unicaja la mayoría del capital de la castellana, lo que conllevaría la vuelta de fantasmas sobre el sector financiero español en pleno inicio de la recuperación.
El arbitraje es positivo para los afectados de preferentes porque recuperan el dinero. También desde el punto vista social, al reducir significativamente las protestas. Están atrapados unos 37.000 clientes de Ceiss. La solución mermaría la factura para el erario público, ya que el arbitraje podría minimizar el coste.
Plan de actuación
El Frob adoptó en el día ayer esta decisión, en la que aprobó además un protocolo de actuación para las entidades que han recibido ayudas públicas. La hoja de ruta fija el principio de equidad para todos los acreedores, accionistas y preferentistas de todos los grupos y el de menor coste para el Estado. Así, en caso de que la liquidación sea menos costosa que las ayudas, se adoptaría la primera. Este sería el caso de España-Duero.
Se abrirán diligencias contra los consejeros