El socialista Paulino Plata, que preside el recinto desde hace dos meses, pretende renunciar a su gestión a cambio de dinero para despedir a 40 de los 180 empleados de la autoridad portuaria malagueña.
El delegado de UGT en la Autoridad Portuaria malagueña, Juan Antonio Triviño, ha pedido a la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que lleve a la práctica su discurso contra la corrupción y a favor de la transparencia comenzando por el Puerto de Málaga. "Que pase de la teoría a la práctica. Aquí tiene tajo", resaltó el sindicalista de UGT, quien exigió la intervención de la Junta de Andalucía para evitar el rescate, ya que Plata no es un interlocutor válido en este conflicto.
Por su parte, el abogado José Cosin señaló a elEconomista que el comité de empresa, personado como acusación popular en el Juzgado de Instrucción número cinco de Málaga que investiga las presuntas irregularidades en la obras realizadas en el recinto, ha ampliado su denuncia por delitos contra el medio ambiente, prevaricación y fraude, además de las ya existente de malversación y tráfico de influencia.
Cosin entiende que hay fraude en las subvenciones europeas otorgadas al Puerto de Málaga, por lo que han solicitado a la Unión Europea que envíe a sus inspectores ante la dejadez de Puerto del Estado y la Junta que miran para otro lado.
Por su parte, Paulino Plata, quien ha rechazado hacer declaraciones a este diario, reconoció en un medio local la "delicadísima situación financiera" del Puerto. El dirigente socialista afirmó que con esta medida pretende asegurar el pago de las nóminas del año que viene. El recorte de empleo afectaría al 22 por ciento de la plantilla actual. Según Plata, acusado por UGT de tapar la corrupción de sus antecesores y de no querer levantar las alfombras, el Puerto prevé seguir en números rojos en 2013. El recinto acumula una deuda financiera de apenas dos millones de euros, cantidad que UGT considera insignificante como para hablar de delicada situación financiera.
Sobre el rescate, dijo que habrá que negociar la ayuda financiera con el Estado. "Actualmente estamos esperando respuestas para empezar a ver los términos de concesión de esa ayuda", dijo. Según la Ley de Puertos, la suscripción de un convenio de normalización financiera conllevará los "mecanismos de intervención necesarios" para alcanzar la estabilidad financiera del recinto, así como la creación de una comisión de seguimiento compuesta por un representante de la Autoridad Portuaria, uno de la comunidad autónoma y tres de Puertos del Estado, con el fin de supervisar su cumplimiento.
El Puerto de Málaga pide su rescate al Estado según UGT
