"Los inversores no se creen la independencia". Esta letanía que en la última semana se ha convertido en el eslogan oficial de los responsables del Ministerio de Economía, desde el ministro Luis de Guindos hasta el último de los técnicos, no es una afirmación gratuita, sino que está apoyada por los informes que manejan las grandes agencias de rating y los lobbies de inversores internacionales, que coinciden en descartar la secesión de Cataluña.
Destacados analistas y responsables políticos han confirmado a elEconomista que las tres grandes agencias de calificación, Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch, han encargado informes sobre la economía española y el posible impacto de la consulta del próximo domingo en Cataluña y en ninguno de ellos se valora como una posibilidad factible la ruptura del Estado español.
Informes similares se han remitido a los grandes lobbies de inversores internacionales, especialmente del Reino Unido y de EEUU, para cuya realización se ha consultado a miembros de asociaciones de empresarios, economistas relevantes, académicos, sindicalistas y políticos de las diferentes tendencias.
En todos ellos la conclusión es casi unánime: no se contempla la opción de una independencia unilateral, al menos en los próximos cuatro años. De hecho, algunos de los expertos que han sido consultados resaltan que en las agencias de rating y en los círculos económicos y financieros internacionales preocupa más el escenario que resulte de las elecciones generales de diciembre que el día después de los comicios autonómicos del 27-S.
En la formación de esta corriente de opinión tranquilizadora sobre la secesión, los expertos y algunos parlamentarios del Partido Popular se considera "muy importante" el papel que han desempeñado el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, y el PNV, que no sólo no se han solidarizado con Artur Mas y sus compañeros de aventura, sino que han afirmado categóricamente que la independencia no está hoy entre sus prioridades.
Los informes de la agencias de calificación se suman a los esfuerzos que está realizado el Gobierno de Mariano Rajoy en el exterior y que culminan con la gira que está realizando esta semana el ministro de Economía por Estados Unidos.
"Una visión racional"
De hecho, el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, afirmaba ayer que " los mercados tienen una visión racional del tema catalán y ven difícilmente practicable" una secesión de Cataluña y una opción "no racional", porque perjudica tanto Cataluña como al resto de España.
"No es una previsión que pongan en sus modelos", enfatizó el secretario de Estado tras comparecer en la Comisión de Presupuestos del Senado, donde aseguró que lo que "realmente preocupa" a los inversores es la reversión de las políticas que han permitido sacar al país de la crisis.
Pero no son sólo el Gobierno, las instituciones financieras nacional e internacionales o las asociaciones empresariales, también los sindicatos y las asociaciones de autónomos se han sumado a las voces contra la secesión. CCOO y UGT manifestaban recientemente su rechazo ante una posible independencia de Cataluña, ya que esta situación no favorecería a los trabajadores catalanes, ni a los de toda España, mientras abogan por abordar este problema desde otras perspectivas, para evitar un "choque" de vías en el panorama actual.
En la misma línea el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha alertado de que los autónomos catalanes serían "los más perjudicados con la independencia y estarían abocados «al abismo".
Por su parte el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, asegura que "nosotros somos unionistas, pero respetando la singularidad propia de Cataluña dentro del Estado", al tiempo que pide "respeto a la legalidad y diálogo". Mientras, desde la Generalitat de Cataluña se admite, por primera vez, que un cambio en la financiación y más autonomía fiscal serían claves para frenar la deriva secesionista.
Así lo reconoce, el conseller de Empleo, Felipe Puig, quien en declaraciones a Gestiona Radio asegura que "si hubiera una propuesta de revisión del pacto (fiscal y financiero) estoy convencido de que una parte de la sociedad catalana intentaría volver a contemplarlo", aunque puntualiza que "esto debería someterse a consulta popular".
