
La pobreza energética es uno de los fenómenos que mayor repercusión social tienen en nuestro país. No se trata de un debate sobre el derecho a la energía, debate superado hace decenios, nos encontramos ante una situación que requiere de una intervención clara, firme y decidida de los poderes públicos. Precisamente con esta intención, MAS Consulting Group ha elaborado una estudio que con el título 'La pobreza energética: análisis y soluciones' ofrece una guía de mejores prácticas que, desde los distintos países de la UE, se están aplicando con un único objetivo: impedir que haya hogares en Europa que no puedan mantener una temperatura adecuada y saludable. Descárguese gratis el suplemento especial de Energía de elEconomista.es
1. Tarifas sociales y pagos directos. España cuenta con un sistema similar al resto de países: el bono social, pero lo relevante, en este caso, es definir el concepto de cliente vulnerable, aquél que debe ser excluido del sistema liberalizado, y acudir al criterio de renta disponible en lugar de la tipología objetiva actual que conduce a claras situaciones de desigualdad entre los beneficiarios del bono social que, con rentas elevadas, pueden acceder también a este beneficio.
2. No desconexión a clientes vulnerables. Siendo esta una de las medidas más polémicas, lo cierto es que el 60% de los países de la UE disponen de alguna normativa que, en mayor o menor medida, impide cortar el suministro eléctrico a hogares en situaciones de vulnerabilidad. Es importante destacar este factor puesto que distingue entre clientes que simplemente no pagan la factura de clientes vulnerables.
3. Mejoras de la eficiencia del hogar. España consume mucha más energía per cápita que la media de países de la UE. Independientemente de la oportunidad que puede generar la aparición de las Empresas de Servicios Energéticos en nuestro país, hay que reducir las necesidades energéticas de los hogares vulnerables.
4. Consultorías gratuitas. En Bélgica existen sistemas de auditorías energéticas gratuitas. Se trata de crear la figura del tutor energético en el plano público pero también, porqué no, en el sector privado. En Austria, Wien Energie estableció una oficina para dar soluciones personalizadas a individuos en situación de riesgo de exclusión social. El objetivo no es otro que ayudar a estos individuos a volver restablecer su acceso a la energía.
5. Incentivos para propietarios e inquilinos. España, Austria y Francia, son claros ejemplos que vinculan la compra venta de un inmueble con la necesidad de contar con un certificado energético. En Francia incluso se llega a obligar a los propietarios e invertir en mejoras de eficiencia en su propiedad. En Reino Unido se conceden ayudas de hasta 1.500 libras por invertir en mejoras en sus propiedades.
6. Ayuda financiera. El problema de los clientes vulnerables es que destinan un alto porcentaje de sus ingresos a pagar los costes energéticos. Para tratar de paliar esta situación, hay países que tienen desarrollados sistemas de apoyo financiero. En este sentido, los poderes públicos son responsables de estar manteniendo una fiscalidad a todas luces elevada para los clientes vulnerables. IVA reducido, ayudas directas, son algunas de las medidas que las Administraciones deben arbitrar.
7. Mayor información al consumidor. Se trata de superar posibles campañas en Internet ya que se considera que por la situación económica, cultura, educacional o social existen amplios estratos sociales, directamente afectados, que no acuden a este medio de comunicación.
La implantación de estas medidas no es ajena a la participación de las empresas, poderes públicos o incluso ciudadanos. En el caso de los primeros es evidente que la evolución de los elementos meteorológicos es exógeno al control de la Administración, pero existe una relación más nítida entre la responsabilidad del Estado y la pobreza energética por otros factores. El estado no debería haber permitido, ni mucho menos permitir ahora, la construcción de hogares infracualificados para ofrecer una respuesta a las necesidades de bienestar de las familias. Por otro lado, también debería ser más consciente del impacto de sus políticas sobre el precio de la energía. Un ejemplo claro lo encontramos en el recibo de la luz en el que existen conceptos ajenos a la actividad de los mercados y que se han ido incrementando paulatinamente debido a su escaso impacto total sobre la factura energética.
Comenzábamos este artículo afirmando que es hora de reflexionar y de atajar de raíz este fenómeno. Su erradicación será un importante paso en la dirección de corregir un problema que puede suponer el paso de la pobreza energética a la exclusión social. Aunque nos aproximamos lentamente a un sistema de protección similar a los existentes en Europa, nos queda mucho recorrido.
Diego Crescente, asociado y responsable de la División de Energía de MAS Consulting Group.