Quizás podríamos haber titulado este artículo algo así como Donald Trump volverá a ganar las elecciones. Todo apunta que así será, toda vez el Senado americano ha aprobado la nueva fiscalidad propuesta por el GOP; acrónimo que se refiere al Grand Old Party; o lo que es lo mismo, al Partido Republicano de Estados Unidos.
Tras una votación de 227 a favor y 203 en contra, el Senado americano aprobó este miércoles la revisión del sistema fiscal estadounidense. El actual lleva vigente 30 años. Es la victoria legislativa más relevante de Trump hasta la fecha. Le augura tiempos mejores hasta el final de su mandato, con muchas probabilidades de continuar. De hecho, al menos de momento, no se ve a nadie que le haga sombra ni dentro ni fuera de su partido. Donald Trump, que solo mira al interior de Estados Unidos, es hoy la figura estelar de la política americana. Es el líder indiscutible, con las protestas en su contra cada vez más amortiguadas.
Volvamos a la nueva fiscalidad del GOP. El éxito de la sesión en el Senado fue tal, que al propio speaker, Paul Ryan, se le cayó al suelo la maza con la que acababa de golpear la mesa certificando la aprobación del nuevo esquema fiscal. Aparte de otros muchos tweets que se pueden ver en el Twitter republicano, One Nation (we stand together), en uno de ellos se ve a Ryan perdiendo la maza. Los republicanos están convencidos de que esta decisión impulsará la economía al menos hasta 2020, fecha en la que se volverán a ver las caras en la cita electoral con los demócratas.
La ley fiscal actual de Estados Unidos contempla, para las personas físicas, siete niveles impositivos, comenzando con un impuesto del 10%, para terminar en el 39,6% en salarios por encima de 418.401 dólares (las parejas computan en ese nivel 470.701 dólares). El nuevo esquema tiene igualmente siete niveles, pero con un tope en el 37%. Este último para ingresos superiores a los 500.000 dólares (600.000 para las parejas). Para las empresas la rebaja es aún más drástica: del actual 35% se pasará, desde el próximo año, al 21%.
Hay también otras mejoras para las sociedades, en las que se puede destacar la repatriación de beneficios de las multinacionales. En este caso, el impuesto de sociedades actual es del 35%, aunque se puede diferir el pago de impuestos de los beneficios conseguidos fuera de Estados Unidos hasta que se repatríen. La nueva propuesta fija una imposición del 15,5% para los beneficios en cash, y del 8% para el resto, con la consideración de que tendrán ocho anualidades para repatriarlos.
Ahí no terminan las ventajas. Están, por ejemplo, las deducciones generales de las personas físicas, que se multiplican prácticamente por dos, o las deducciones de los impuestos locales, que se fijan en 12.000 dólares. Como también las rebajas a los intereses de las hipotecas, deducciones por gastos médicos, créditos por hijos menores de 17 años, o las tasas estatales de bienes inmobiliarios, similares al patrimonio español, que se reducen también de forma muy considerable.
La propuesta se dirige a dejar en manos de los ciudadanos más capacidad económica, pensando en que esto traerá un mayor beneficio económico para el país. Aunque, como toda "cara", la nueva medida tiene su "envés": el recorte de ingresos fiscales que se estima por encima del billón de dólares, beneficiará al 1% de los más ricos, que acumulan el 40% de la riqueza, que serán aún más ricos, aumentando así la brecha de la desigualdad.
Dicho esto, lo que realmente busca la política de Trump es crear más empleo, pensando que esto por sí mismo incrementará el consumo y elevará los salarios. A lo que se suma la idea de que mejores salarios en las capas más bajas de la sociedad, unido a un mayor empleo, redundará en un aumento de la recaudación. De manera que las posiciones en contra por el fenómeno de la desigualdad, aunque pudieran traer cierta pérdida de votos, se compensarán con creces por el otro lado; es decir, por aquellos que tengan más que gastar y paguen menos impuestos.
El caso de Europa y, en especial, el caso español, es el inverso. Por nuestras latitudes solo se piensa en aumentar los impuestos. El último caso es el de las pensiones. La factura en 2018 se acercará a los 145.000 millones de euros. Cifra que continuará aumentando hasta niveles casi imposibles de sostener. Dado que la pirámide poblacional seguirá creciendo por la zona de arriba para acabar convirtiéndose en un rectángulo, la solución más razonable sería modificar el sistema, dejando que el modelo de reparto y prestación definida diera paso a otro en el que las personas tomaran la responsabilidad económica de su futuro, en lugar de que sea un paternalista Estado quien lo decida. Nadie parece dispuesto a dar ese paso. Al contrario, se optará por lo más fácil: aumentar los impuestos. En esto todos los partidos parecen estar de acuerdo.
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