Las falsedades que diariamente difunde el prófugo de Bruselas empiezan a causar hastío incluso en su abandonada Cataluña. La alusión permanente a la represión judicial y las torturas de un país en el que no hay democracia ni Estado de derecho, en el que los jueces y fiscales obedecen sumisamente al gobierno de un partido de corte franquista, puede tener fuerza dicho ante un juez en los juzgados, pero si uno se marcha a un país extranjero para burlar la acción de la justicia todas esas lindezas de presunto represaliado quedan al descubierto como las construcciones medievales al bajar el nivel de los pantanos.
Se pueden repetir una y mil veces determinadas consignas dogmáticas para soliviantar a una encolerizada fan zone, pero ya ni eso le va quedando al que fuera presidente catalán, con aspiraciones de volver a serlo tras el 21 de diciembre. Y puede conseguirlo, si la bisagra que conformen Cataluña en Comú y Podem se inclina hacia el lado independentista. Será el primer candidato electoral que hace campaña en situación de huido de la justicia, arropado por miembros de la lista en prisión preventiva. Podrá ser el primer presidente autonómico en ser enviado a prisión preventiva igualmente cuando al fin comparezca ante un juez español, y el primero también en quedar inhabilitado durante su mandado por una sentencia que le condene por rebelión, sedición y malversación, por haber declarado la independencia de una parte del país de forma ilegal.
En este delicado contexto conocemos los muy sugerentes detalles de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en torno a este desaguisado del independentismo golpista anidado en Cataluña. La oleada separatista es considerada ya el segundo peor problema de España, tras el desempleo y por delante de la corrupción o los problemas de índole económica, imbatibles hasta hace poco. Más allá de las fluctuaciones en porcentaje de apoyo a los partidos políticos, con la esperada caída del partidos de Pablo Iglesias por su posición cercana a los rupturistas, hay letra pequeña en el informe del CIS que conviene resaltar.
Después de más de dos meses de crisis de Estado, el porcentaje de españoles que defiende un país que reconozca a las comunidades autónomas la facultad de convertirse en estados independientes es del 10,2%. Con ese apoyo social es imposible romper este proyecto colectivo que entendemos por España, salvo que se haga de forma ilegal y traumática. El porcentaje de ciudadanos que no se sienten españoles es del 6,2%, un promedio muy lejano a lo que se trata de hacer ver desde muchos sectores y no solo independentistas. Las banderas que aún hoy cuelgan en millones de ventanas y balcones prueban que, pese a los ataques que sufre ese proyecto común, y pese a algunas de las cuestionables defensas que recibe, alberga a personas muy diferentes que quieren seguir compartiendo el mismo suelo, valores y tradiciones.
