El pseudo referéndum del 1 de octubre fue una farsa, pero el día lo que nos dejó fue un triple fracaso. Muchos hablan hoy del fracaso de la política en Cataluña, lo que es innegable, pero también hay un fracaso en la aplicación del Derecho, porque las leyes no se han cumplido. Lo peor de todo es que, además, nos enfrentamos a un fracaso de la convivencia. No es cierto que "España haya sido un ejemplo para el Mundo", como el domingo afirmó Rajoy, pero de este fracaso sólo podremos salir si comenzamos por diagnosticarlo adecuadamente.
La responsabilidad fundamental del 1-O corresponde a los convocantes de esta estafa en que consistió el pseudo referéndum de independencia dé Cataluña, y que no son otros que el Govern de la Generalitat y la mayoría absolutista en el Parlament. Esto es una obviedad, pero muchos, y algunos intencionadamente, lo han olvidado. El cumplimiento de las leyes es fundamental para la convivencia democrática. Por esa razón, la desobediencia reiterada no sólo a la Constitución, sino a las propias normas catalanas, empezando por el Estatut, y al Reglamento del Parlament de Catalunya, deslegitima a todas las autoridades, comenzando por las catalanas, lo que tiene pésimas consecuencias en todos los campos.
Uno de estos campos es la economía: el viernes la agencia de calificación Standard and Poors no elevó la calificación de la deuda española, precisamente por la gravedad del desafío independentista al que se enfrentaba España. Las consecuencias para un país que soporta una deuda, pública y privada, tan elevada como la española no son menores: si esta situación se mantiene, las empresas, los ciudadanos y el Estado tendrán que pagar miles de millones de euros adicionales en intereses. Otro ejemplo es la disparatada e ilegal huelga general convocada en Cataluña.
Además de la evidente responsabilidad fundamental del Govern de la Generalitat, hay que señalar también que la gestión del 1 de octubre que realizó el Gobierno de Rajoy no fue precisamente un éxito. Por una parte, al igual que en la anterior consulta ilegal del 9-N hubo colegios abiertos, urnas y simulacro de votaciones. Por otro lado, además hubo utilización ilegal de los datos de todos los catalanes, escenas lamentables, enfrentamientos entre cuerpos de policía...
Resulta absolutamente inexplicable que el Gobierno del PP confiase en el Conseller Forn de Interior para impedir el Referéndum ilegal, o en el Director General de los Mossos que despreciaba públicamente a todos los españoles... Tampoco se entiende que el Gobierno del PP confiase en la consellera de Educación Clara Ponsatí para garantizar que los centros escolares no se utilizaban ilegalmente como colegios electorales. Por todo eso, Ciudadanos, que ha apoyado sin fisuras las medidas del Gobierno en esta crisis exigirá explicaciones porque todo esto se podía y se debía, haber hecho mejor.
Como he venido señalando reiteradamente en estas páginas, el objetivo fundamental de Puigdemont, Junqueras, Forcadell y el resto de los dirigentes separatistas, no era la democracia, y mucho menos las garantías y la justicia, sino conseguir la independencia a cualquier precio. Por esa razón, no se convocaron elecciones autonómicas, permitiendo votar a todos los catalanes en las urnas de verdad, con garantías, se cerró el Parlament para que el Govern estuviese sin control, y por eso se ha prescindido del recuento. Las cifras que ha ofrecido la Generalitat no soportan si quiera un mínimo análisis matemático, ni incluso con sobrehumana capacidad de algunos para llenar urnas. De ser la pseudo votación un referéndum, el resultado sólo podría considerarse un pucherazo.
Con estos mimbres, Puigdemont ha manifestado que va a comunicar los resultados, que considera vinculantes, al Parlament de Catalunya. Esto indica que en los próximos días podría producirse una Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, que pondría la guinda a este golpe a la Democracia. El Gobierno del PP debe dejar de escudarse en los demás poderes del Estado, y tomar las medidas necesarias para que esto no suceda.
La única vía de solución son unas nuevas elecciones que permitan elegir interlocutores que no se hayan deslegitimado. Si Puigdemont no lo hace, el Gobierno debe aplicar el artículo 155 de la Constitución, con la única finalidad de devolver la palabra a los catalanes convocando elecciones autonómicas. Éstas serían unas elecciones de verdad, con garantías, y no un fraude masivo. Éste es el mensaje que Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, trasladó a Rajoy. La rendición no es una alternativa, y la pasividad o ir a remolque de los acontecimientos tampoco resolverá nada. Eso es un fracaso, otro más, y el fracaso no es una opción. . Si Puigdemont no quiere escuchar la voz de los catalanes, tendría que ser el Gobierno de España el que ejecutase en sustitución esta competencia. Ante el golpe hay que responder con Ley, pero también con Democracia.
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