El 19 de septiembre de 2017 ha quedado marcado en la historia parlamentaria española como uno de los más nefastos de la aún joven democracia española post franquista. Fue el día en que una mayoría de izquierdas, nacionalista e independentista se negó a dar el apoyo de la institución a una inoportuna proposición, presentada antes de negociar para retratar al adversario político. Que sin duda quedó retratado. Esa propuesta planteaba el respaldo firme a las decisiones del gobierno para salvaguardar el orden legal en España y a los jueces y funcionarios públicos para cumplir su misión constitucional.
Siendo fiel a las ideologías de saldo que imponen los tiempos, se podría aceptar que brindar apoyo a un gobierno en semejante panorama político, estando en minoría y tras un año de parálisis institucional, sería darle armas electorales al partido que lo ostenta. Ponerse esas orejeras partidistas tan al uso significaría no haber entendido nada sobre la gravedad del momento actual, identificando gobierno con partido y no con país. A pesar de todo, en el análisis low cost que se estila muchos entenderán que ese apoyo se racanee para evitar dar votos en unas (lejanas) elecciones generales a las siglas en el poder.
Lo que resulta insólito e insospechado es que se niegue el respaldo a la labor de jueces, policías y servidores públicos que hacen su trabajo cumpliendo la legalidad democrática y legítima vigente. En esto no hay partidismo alguno. Ni siquiera puede entenderse esa estrategia con el fin de evitar que otra formación política presuma de haber impulsado la proposición, cosa que sin duda habría hecho en busca de idénticos réditos electorales. Un desastre para la imagen de la política española.
La postura de no apoyar algo en lo que uno cree porque lo ha presentado usted para dividir siempre desnuda a quienes la practican. Sean de un lado o de otro, de un color o del contrario. Es una perversión de los principios propios y un desprecio a los valores que uno dice representar. Ha ocurrido muchas, demasiadas veces. Lo han hecho populares y socialistas, nacionalistas y centristas. Y a medida que pasan las legislaturas, se repite con mayor frecuencia. Sea lo que sea aquello que el otro propone, me opongo. No sea que pierda un voto por apoyarle.
Hecho el análisis sobre el rechazo, le toca el turno a la proposición. En una pretendida unidad política de los tres partidos constitucionalistas frente al desafío ilegal de estos días, lo aconsejable es pactar cualquier iniciativa antes de presentarla formalmente. Lo cual vale para declaraciones como la de ayer, mociones de censura y comisiones de estudio sobre el estado de las autonomías. La imagen de desunión ha lastrado de manera lamentable el mensaje que los españoles reciben sobre la respuesta al desafío. Si hay fisuras en una declaración de apoyo de este tipo, se evita su presentación sin que salgan a la luz las diferencias. Y se evita con ello dar argumentos a quienes pretenden romper el país del que todos son representantes.
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