La batalla se libra en estos días de un verano que en Cataluña es decisivo. La evolución de la intentona independentista a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre es imprevisible, ni siquiera los que la están planificando saben cómo va a terminar. El gobierno catalán, que defiende la secesión articulada en un referéndum ilegal, va a suspender las vacaciones de finales de agosto de todos sus miembros para que la cercanía del 1 de octubre, apenas cuatro semanas después, esté convenientemente atendida.
Tampoco el gobierno central permanecerá ocioso en este estío tan caliente en los termómetros. La batería de acciones legales está preparada y va a ser implacable, tanto como lo es el peso de la Ley democrática, y va a ser además empleada de forma inmediata cuando exista un solo hecho jurídico recurrible, cosa que hasta ahora en relación al 1-O no ha ocurrido. La Abogacía del Estado contempla todos los escenarios posibles y no va a tardar más que unas pocas horas en impugnar la convocatoria de la consulta de autodeterminación, si es que finalmente se produce.
En todo este contexto resulta decisivo el papel de una formación política que estos días está resituando su mensaje y recolocando sus piezas. El apoyo que Pedro Sánchez brindó telefónicamente a Mariano Rajoy hace dos semanas, cuando la Generalitat anunció la fecha y la pregunta con la que esperan llevar a cabo su ilegalidad, ha sido recordado varias veces en público por el presidente, que quiere fiarse de la palabra del líder socialista en algo tan determinante como es el futuro de una España unida y cohesionada.
Los acontecimientos, sin embargo, juegan en contra de esa precaria confianza mutua. Los últimos días la opinión pública ha asistido a hechos y declaraciones que, de no ser radicalmente corregidos por la dirección del PSOE, pueden llevar a la duda sobre su verdadera posición ante este desafío. El máximo exponente de esas dudas fueron las palabras de Nuria Parlon, miembro de la nueva ejecutiva de Ferraz, ha propuesto que sea la comunidad internacional la que evite que un país soberano aplique su Ley suprema, la Constitución, de forma que ella defiende que se debe hacer una apelación a los países de nuestro entorno para que consigan impedir que eso ocurra.
El artículo 155 de la Constitución, que tanto preocupa a Parlon, estipula que el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para reconducir a la Comunidad Autónoma que no cumpla sus obligaciones. Y aclara que eso se haría dando instrucciones a las autoridades de esa misma Comunidad. ¿Suspensión de la autonomía? ¿Suspensión de competencias de esa administración regional? Como los padres de la Carta Magna fueron tan claros, no hace falta traducción.
Varios alcaldes del PSC votarán en un referéndum que desean, pero garantizan que no prestarán apoyo logístico municipal porque eso sería ilegal. Ven muy bien que los ciudadanos puedan ejercer un derecho inalienable como el de decidir su futuro pero se ven constreñidos por su propio partido y por la legislación vigente, aprobada democráticamente en los órganos que representan la soberanía nacional. Es otro ejemplo que puede despertar dudas sobre esa posición del segundo partido de nuestro país, y que debe ser aclarado antes de que los rigores del verano sean aún más implacables.
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