Hace poco, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, desvelaba su plan para llevar a cabo el Brexit. Lo usual en cualquier negociación es partir de máximos para tener margen de cesión. Sin embargo, el planteamiento británico está completamente fuera de la realidad, y especialmente sus líneas rojas son inasumibles. Esto llevará a una negociación no ya muy difícil, sino necesariamente encaminada al fracaso.
En primer término, ningún país de la UE va a estar dispuesto a permitir que el Reino Unido tenga un acuerdo de libre comercio, es decir no haya aranceles, y al mismo tiempo no admita la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión. Otra cuestión que no es admisible es que se acceda al Mercado Único y no se aporte al presupuesto comunitario. Lo segundo es bastante evidente, si se admite que los contribuyentes netos sigan accediendo al mercado único y no paguen los costes de las instituciones comunes, la Unión simplemente se desintegra. A ver quién convence a Alemania, o incluso a Holanda o Francia de que tienen que pagar más para que las empresas británicas puedan vender en el resto de Europa sin aranceles.
Por otra parte, la jurisdicción del Tribunal Europeo es otro punto clave. Pensemos que han sido las sentencias del Tribunal las que en última instancia han impuesto, por ejemplo, la prohibición de ayudas de Estado. Si se admite que las empresas británicas compitan con sus productos y servicios con las del resto de Europa, es imprescindible que no reciban subvenciones que las empresas del resto de Europa tienen prohibidas.
Todo esto es economía, pero además están las cuestiones con más carga política. Por ejemplo, la prohibición de la libre circulación de personas. El Reino Unido quiere recuperar el control total de su política migratoria. De hecho, probablemente esta cuestión es una de las razones fundamentales por las que la mayoría de los británicos se decidió por el Brexit en el Referéndum. Aun así, la inmigración que preocupa a los británicos no es la procedente de la UE, además de que va a haber un problema con los británicos residentes en el resto de Europa, que por ejemplo, van a tener que pagar su sanidad. Además, habrá muchos profesionales que abandonarán el Reino Unido. Por descontado, para los demás países de la Unión, las cuatro libertades comunitarias son un pack: si no hay libertad de circulación de personas, no se va a admitir la libertad de circulación de mercancías, ni tampoco la libertad de circulación de capitales, ni la libre prestación de servicios. La cuestión de la libre prestación de servicios es fundamental para el principal sector de la economía británica, el sector financiero. Si desde la City de Londres los bancos no pueden operar en el resto de Europa, estas instituciones abandonarán el Reino Unido. Pensemos que el sector financiero de la capital británica supone más del 10% del PIB británico. Seguramente, cuando May busca acuerdos sectoriales donde haya libertad de prestación de servicios, esté pensando en el sector financiero. Sin embargo, no está nada claro por qué los demás países van a admitir este trato exclusivamente para el sector financiero. Antes al contrario, diversos países europeos ya están compitiendo para albergar las sedes de las entidades que se trasladen desde Londres.
Todo esto lleva a un fracaso tras los dos años de negociación desde que Gran Bretaña invoque el artículo 50 del Tratado de la Unión, que permite la separación. Si llegado ese momento, los otros 27 Estados no han llegado a ningún acuerdo, aunque sea transitorio, los tratados simplemente dejarán de aplicarse al Reino Unido. Para evitar ese, en mi opinión más que probable escenario, May amenaza con convertir al Reino Unido en un paraíso fiscal, rebajando drásticamente los impuestos a las empresas, para atraerlas.
Esto ya se le ocurrió al exministro Osborne, y lo comentamos en estas páginas. Además de para hundir aún más la recaudación británica, de una economía a la que se asoma ya la recesión, reducir impuestos a las empresas británicas no tendría mucha más utilidad. Pensemos simplemente en que en Irlanda se paga un tipo del 12,5% nominal, y que hay grandes multinacionales que pagan tipos efectivos ridículos. Pensemos, sólo por poner un ejemplo ya comentado aquí, en la tributación de Apple, inferior al 0,1% según la Comisión Europea. Simplemente, no hay forma de que Gran Bretaña pueda poner tipos más bajos para atraer a esas empresas. Eso sin tener en cuenta que a otras empresas, como los bancos, eliminar el pasaporte comunitario les llevaría a trasladar su negocio, sea cual sean los impuestos a pagar en el Reino Unido.
El enfoque de recortar libertades, de proteccionismo y de amenazar con una guerra fiscal es un grave error. No sólo es que lo sea conceptualmente, que también, es que es sencillamente imposible de llevar a la práctica sin graves daños para la economía británica. No es que los demás europeos no salgamos perjudicados, que lo seremos, es que los británicos se llevarán la peor parte.
Esperemos que el Gobierno británico rectifique, porque el Brexit duro es simplemente hacer mucho más dura, especialmente para ellos, una decisión profundamente equivocada: optar por el aislamiento y las barreras y no por las cooperación y la prosperidad compartida.
