Los recelos de la banca y el rechazo del PSOE han llevado al Gobierno a retocar el mecanismo de devolución de las claúsulas suelo. El plan de buenas prácticas de adhesión voluntaria deja paso a un sistema extrajudicial de obligado cumplimiento para la banca y para los afectados.
Pero el cambio más importante se encuentra en que el código de buenas prácticas inicial de facto implicaba la nulidad de todos los contratos. Es decir, la banca reconocía que eran ilegales, cuando conviene recordar que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE nunca cuestionó la legalidad de esas cláusulas, sino la falta de transparencia en su aplicación.
El nuevo sistema obliga a todos los implicados a sentarse a negociar y analizar caso por caso. Se trata de una medida acertada, ya que existen miles de contratos diferentes y no hay razón lógica para que todos ellos conlleven a la devolución de lo cobrado. Además, el código diseñado permite reintegrar el dinero a través de la amortización del capital pendiente de la hipoteca, en vez de en metálico, lo que permite a los bancos diferir su impacto en las cuentas, sin que el cliente se vea penalizado por ello.
El sistema tampoco cierra el acceso a la Justicia en caso de que no haya acuerdo. Pero sí obliga a pasar por un arbitraje previo, lo que reduce el aluvión de demandas colectivas, que daña la imagen del sector.
A través de esta serie de cambios que el Gobierno introduce en el decreto de devolución, se gana en rapidez, se impulsa la negociación individual para alcanzar un pacto y, como no podía ser de otra forma, se respeta la sentencia del Tribunal Europeo. Se trata, en definitiva, de una revisión adecuada que introduce racionlidad en la devolución de las cláusulas suelo.
