El Gobierno tiene entre manos un más que complejo proyecto. Podría pensarse que su compromiso de agilizar la devolución del dinero cobrado de más por las cláusulas suelo abusivas solo precisa de un mecanismo bien engrasado con plazos y supuestos claros. No es tan fácil. El proyecto sobre la mesa fija escenarios que parecen haber instado el desplante del PSOE: la voluntariedad de la banca para adherirse al Código de Buenas Prácticas que instrumentará el sistema y/o la posibilidad de rechazar reclamaciones y dejar al cliente ante la alternativa de acudir a los tribunales con sus demandas.
A pesar del compromiso de lanzar ayer el proceso, el Ejecutivo se tienta la ropa y prefiere ampliar y agotar la vía negociadora para atraer a la formación socialista con la motivación de recabar el máximo consenso o quién sabe si, incluso, soslayar el riesgo de ver estrellarse el sistema en el trámite parlamentario. El PSOE rehusó apoyarlo por considerar "inaceptable" que su utilización resulte voluntaria para las entidades financieras. Entiende que supone un "desequilibrio" hacia los bancos porque hay una sentencia que "deja las cosas claras en favor de los consumidores".
Ciudadanos se unió ayer a esa exigencia de obligatoriedad después de dar su respaldo horas antes -había acuerdo según la versión del Ejecutivo-, una aparente contracción que dificulta identificar cuál es realmente el punto crítico del mecanismo.
¿Se quiere que todos los bancos que se sumen al citado Código negocien sí o sí con el cliente? ¿O la diferencia entre las formaciones políticas y el Gobierno radica entre establecer unas reglas de voluntaria adscripción o por ley, aunque dejen luego vía libre a acudir a los tribunales?
Al Ejecutivo le toca hacer un verdadero ejercicio de funambulismo porque, según la tesis de la banca, obligar a una entidad a negociar se asemeja a que reconozca que sus hipotecas incluyen topes abusivos o ilegales, en contra de la jurisprudencia legal. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 2013 que allanó el camino a las reclamaciones, avaló la legalidad de las cláusulas suelo bien recogidas en los contratos y mejor explicadas a los clientes al tiempo que anuló, por oscuras o abusivas, las de BBVA, Cajamar y Nogalicia (hoy Abanca). Si las nuevas reglas impiden derivar una reclamación a la vía judicial se hurta la función del juez, incluso, al cliente insatisfecho con la solución de su banco.
Algunas entidades han deslizado la dificultad de adherirse a un Código con tales ataduras y que dinamitaría cualquier defensa jurídica -el mismo tribunal de primera instancia que anuló los topes hipotecarios de 40 entidades en la macrodemanda de Adicae reconoció la necesidad de mirar caso a caso porque hay colectivos, como podría ser un notario, o un juez, o personal de banca que difícilmente puede excusar su desconocimiento de una cláusula suelo-.
La iniciativa del Gobierno es muy positiva si ayuda a agilizar la devolución de un dinero cobrado indebidamente a los clientes. Podría hasta ahorrar dinero, tiempo y quebraderos de cabeza a ciudadanos y a los propios bancos. Es más, la realidad tozuda es que los tribunales, en su inmensa mayoría dan la razón al hipotecado, lo que da la sensación de unos y otro pueden finalmente acabar teniendo que pagar por sus topes hipotecarios. Sin embargo, el Ejecutivo debe hilar muy fino para no tapar el derecho a acudir a un juzgado, ni convertilo en un coladero donde un banquero o hasta el notario que debió vigilar, como fedatario público, que el cliente conocía perfectamente que firmaba pueda tener que ser compensado si se instala el café para todos y no se establecen las garantías adecuadas.