En el foro político, en los platós de televisión, en las tertulias de café... El futuro de las pensiones está en boca de todos. Su viabilidad ocupa uno de los primeros puntos de la agenda política a raíz de la tendencia menguante del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. A nadie se le escapa la importancia del asunto, pues de las pensiones depende el bienestar de los jubilados. Tanto presentes como futuros.
En todos los países donde se ha abordado este problema a fondo, todos los actores implicados han participado en el análisis y la discusión de alternativas. Los aseguradores, en tanto que gestores de ahorro a largo plazo y provisores de soluciones de jubilación, tenemos ideas y planteamientos que consideramos útiles en el marco de este debate.
La primera idea que lanzamos desde Unespa es que el problema de las pensiones no se ciñe a la situación del Fondo de Reserva. El desafío de las pensiones tiene raíces demográficas; estaba ahí antes de que se creara incluso el citado Fondo de Reserva. La duda reside en si el sistema podrá asumir unas prestaciones generosas y suficientes para asegurar el bienestar de nuestros mayores a largo plazo. Desde algunas instancias se ha acusado a las aseguradoras de "alarmismo" por, simplemente, enunciar esta cuestión. Sin embargo, antes que por nosotros, este reto había sido ya señalado por diversas instituciones económicas multilaterales y por la propia Comisión Europea.
Las cifras que entregan diversos organismos internacionales como Eurostat apuntan a que la población en España afronta uno de los peores deterioros de la relación entre personas en activo y las clases pasivas. El desarrollo sanitario, educativo, social y económico permiten a la gente vivir más años que antaño, afortunadamente. En paralelo, se ha producido un descenso de la natalidad. La combinación continuada en el tiempo de estos dos fenómenos se traduce en tensiones sobre las pensiones de reparto. En España, lo que aportan los trabajadores de hoy se destina a pagar a los jubilados de hoy. La contribución a la Seguridad Social no va, como mucha gente erróneamente cree, a alimentar una mochila individual que se cobra cuando uno se retira. Por eso, cuanto más caiga el número de cotizantes y más suba el de pensionistas toca menos dinero a repartir.
Pero todos tranquilos, porque esta tendencia se puede equilibrar. La creación de empleo abundante y de calidad puede compensar, efectivamente, parte el proceso. Pero no todo. La longevidad de la generación de los baby boomers será de tal magnitud que, para sufragar unas pensiones equivalentes a las actuales, sería necesario lograr cotas de creación de puestos de trabajo que superarían con creces las tasas históricas. Algo difícil. Por lo tanto, el futuro de las pensiones no se puede jugar sólo a la carta del empleo.
Aquí es donde aparece el ahorro privado como solución. Es cierto que las aseguradoras nos dedicamos a gestionar ese tipo de patrimonio. Eso hacemos y lo hacemos bien. Pero, ¿acaso hay algo de malo en ahorrar? ¿En ser precavido? ¿Perjudica el ahorro a las pensiones públicas de alguna manera?
El ahorro a través de instrumentos de previsión social complementaria permite a los jubilados gozar de mayor poder adquisitivo, pues este dinero viene a unirse el que le aportará su pensión de reparto. Es crucial que las cohortes de edad sénior tengan un elevado nivel de vida porque tendrán una mayor presencia en la sociedad y en el consumo interno. Su poder de compra dictaminará, en buena medida, el nivel de la demanda interna de España. Esta riqueza financiera será, pues, la que permita la existencia de un círculo virtuoso donde haya crecimiento económico, creación de empleo, pago de cotizaciones e impuestos y, por ende, sostenibilidad de las pensiones.
Las elevadas tasas de ahorro que se dan en muchos países europeos demuestran que construir una bolsa de patrimonio financiero para la vejez no es el mero resultado de tener un salario más o menos alto. Desde Unespa abogamos firmemente por construir un verdadero pilar de la previsión social en el mundo de la empresa para asegurar que todo el mundo pueda disponer de un instrumento de ahorro, si así lo desea. También defendemos que se haga a la gente consciente y responsable de su propio futuro a través de una información pública y transparente. Los ciudadanos tienen derecho a conocer con anticipación a cuánto ascenderá su pensión pública para que, con tiempo y con los datos en la mano, puedan actuar en consecuencia. Y si disponen de pocos medios, se puede y se deben instrumentar soluciones para ayudarles a ahorrar.
Se nos ha acusado a las aseguradoras de promover nuestros intereses cuando lanzamos mensajes como estos. Nuestra intención es hablar con claridad. Obviar que el sistema de pensiones se enfrenta a un serio desafío (soluble, pero desafío a fin de cuentas) y proponer parches parciales en lugar de soluciones holísticas, también obedece a intereses de parte.
Es responsabilidad de todos los que participamos en el debate de las pensiones (políticos, periodistas, aseguradores...) ser conscientes de que lo que está en juego no es tanto el bienestar de nuestros abuelos hoy. Lo que está en juego es el bienestar de los que hoy trabajamos, de nuestros hijos que hoy estudian y, también, de esos nietos que ni siquiera han nacido. Lo que hoy decidamos como país afectará a mucha gente. No sólo a los votantes actuales. Tenemos la responsabilidad de dejar a las generaciones venideras un mundo mejor del que recibimos. Tras nosotros no debe venir el diluvio. Esta es la razón por la que las pensiones constituyen uno de esos capítulos que deben quedar bien escritos. Escribámoslo juntos.
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