En España, la política y la economía se encuentran tan íntimamente conectadas que han llegado a fundirse en una misma disciplina. Todo ello ha sido posible gracias a la instauración hace más de tres décadas de un sistema tan escasamente democrático como perjudicial para la economía productiva, al que podemos denominar 'Capitalismo de Estado'.
Esta interconexión entre política y economía se está haciendo más evidente en la actualidad. El entorno político de nuestro país está marcado por la incertidumbre, debido a la imposibilidad de conformar un Gobierno. Y como consecuencia de ello, se ha generado en mayor o menor medida un clima de inestabilidad económica que esta mermando las inversiones externas.
De hecho y según el Ministerio de Economía, las inversiones realizadas en España y procedentes del exterior se han reducido un 29% durante los seis primeros meses de 2016, respecto a las inversiones recibidas en nuestro país en el mismo periodo del año 2015.
No obstante, este escenario de inquietud política se acentúa aún más en Cataluña. Sobre todo porque el Gobierno de la Generalitat tiene el objetivo de independizar a Cataluña de España. Una consecuencia de poner en marcha el proceso de independencia ha sido el descenso de las inversiones externas en Cataluña; tanto es así, que las mismas han descendido un 60% en el primer semestre del presente año.
Moratoria turística
Además y en relación al sector turístico, los últimos datos suministrados por la Secretaria de Estado de Comercio muestran que la inversión extranjera en hoteles y alojamientos ha disminuido un 61,63% en Cataluña en el primer semestre de 2016, pasando de 34 a 13 millones de euros.
Una de las principales causas de este descenso radica en la prorroga de la moratoria turística de Barcelona realizada por el Gobierno populista de Ada Colau.
Recordemos que en julio de 2015, Ada Colau incrementó todavía más el alto nivel de inseguridad jurídica existente en Barcelona (y Cataluña) al paralizar la concesión de licencias turísticas durante un año, diseñando posteriormente un plan de regulación de alojamientos turísticos (hoteles, apartamentos de uso turístico, hostales, residencias de estudiantes, etc.).
Por el contrario, Madrid recibió tres veces más inversión extranjera que Cataluña hasta el pasado mes de junio. Tal diferencia se explica en función de varios factores que potencian el atractivo de invertir en Madrid: impuestos más bajos, menor déficit público, más libertad económica, mayor seguridad jurídica, trabas burocráticas menos numerosas, etc.
Y volviendo al sector turístico, Madrid lleva años siendo el destino preferido de los inversores hoteleros extranjeros y españoles, atrayendo gran parte de la inversión que en años anteriores se destinaba a Cataluña.
Las empresas huyen
En relación con lo anterior, también se ha producido una huida de multinacionales y grandes empresas de Cataluña para establecer sus sedes sociales, principalmente, en Madrid. Puesto que, las empresas globales necesitan grandes mercados en los que operar, aunque mantengan una "estrategia glocal", en este sentido, la independencia de Cataluña representa una seria amenaza para ellas.
Pymes arruinadas por la ley
En el caso de las pymes, el potencial de las mismas a todos los niveles es limitado, por tanto, no disponen de la capacidad operativa de las grandes empresas ni tampoco de lobbies que les ayuden a bordear las leyes molestas, optimizar el pago de impuestos, seducir a las instituciones y organismos públicos, etc.
De este modo, las pymes en Cataluña se encuentran más pendientes de cumplir con una legislación contraria a la competitividad empresarial que de rentabilizar sus negocios.
Aunque esta regla general tiene sus propias excepciones y estas son aquellas empresas que tienen conexión política con la Generalitat y, en función de ello, son contratadas por el Gobierno catalán.
Sanciones lingüísticas
No olvidemos que en Cataluña las 'sanciones lingüísticas' aumentaron aproximadamente un 173% en el año 2015. El pequeño comercio y la hostelería han sido dos de los sectores más multados por la Generalidad.
Aunque, cualquier negocio que rotule en castellano (o utilice un lema corporativo, eslogan publicitario, etc., en español), independientemente del sector al que pertenezca, es inmediatamente multado por la Administración catalana. Igualmente, los pequeños negocios también son sancionados por no informar a los clientes en catalán acerca de alguno de los servicios o productos que ofrecen.
El problema para las pequeñas empresas es doble, porque además de tener que hacer frente económicamente a las sanciones administrativas, también deben sufragar los costes que implica sustituir los rótulos del local, las etiquetas de los productos, los folletos publicitarios, etc.
¿Deben imitar las pymes a sus hermanas mayores?
La extrema politización de la justicia que sufre España y, en especial, la autonomía catalana no ayuda a las pymes a librarse de estas leyes liberticidas, que no permiten a los negocios comunicarse con sus clientes en el idioma que deseen.
Por consiguiente, la única solución que les queda a las pequeñas empresas que operan en Cataluña es imitar a sus hermanas mayores y mudarse a otras regiones o países más libres, sino quieren convertirse progresivamente en negocios estrictamente locales y sin posibilidad ninguna de crecimiento.
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