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Cambio fiscal de emergencia el último día

  • Sociedades se derrumba cuando las empresas ganan más que nunca
  • El Gobierno no ha dejado margen para adaptarse al pago fraccionado

Ayer el gobierno anunció su segundo decreto Ley en funciones. No es un tema baladí: mediante esta norma se incrementan los pagos fraccionados a las empresas en casi 8.000 millones de euros. Al menos, ésta es la cantidad adicional que pretende recaudar el Gobierno entre los pagos de octubre y diciembre. Veremos si se cumple la previsión recaudatoria, que de momento ha fallado como una escopeta de feria.

Veamos: estos Presupuestos de 2016 se diseñaron para cumplir un objetivo de déficit del 2,8%. Finalmente, para cumplir un 4,6 hay que incrementar los pagos de las empresas en casi 8.000 millones de euros. Esto quiere decir que, si no se tomase esta medida de emergencia, el déficit se desviaría en más de 25.000 millones de euros. Además, dado que nos hemos comprometido con las autoridades europeas en tomar medidas efectivas para llevar nuestro déficit a esta cifra, el 4,6%, las consecuencias de no adoptar esta medida, de que no se convalide en el Congreso, o que simplemente no funcione, serían muy graves. Tan graves como una multa prácticamente segura de la Comisión Europea de aproximadamente 6.000 millones de euros.

Hay dos razones fundamentales por las que hemos llegado hasta aquí. En primer lugar, una previsión de ingresos en los Presupuestos simplemente desastrosa. Hemos recaudado menos en ingresos por cotizaciones sociales, por ejemplo. Pero no menos, sino mucho menos. Con una recaudación por cotizaciones de unos 100.000 millones el año pasado, que estaba creciendo algo por encima del 1%, se presupuestaron ingresos por 117.000 millones. Alguien debió encargar la previsión de ingresos a Antoñita la Fantástica porque, por descontado, las cotizaciones no se han incrementado este año un 17% y tenemos un agujero considerable. También se va a recaudar menos IRPF de lo previsto.

Con todo, el problema más grave está en el impuesto de sociedades, fruto de una reforma fiscal desastrosa. El año pasado se recaudaron casi 20.649 millones de euros. La previsión de ingresos era de 24.815 millones de euros. Conseguir un incremento de recaudación del 20% subiendo impuestos es muy difícil, pero bajándolos es simplemente imposible. Lo peor de todo es que la rebaja de impuestos a las grandes empresas del gobierno del PP se fue completamente de las manos. Así, las muy grandes empresas, los grupos consolidados, ganaron un 17,4% más, obteniendo estas empresas el record absoluto de beneficios de la historia. Sin embargo, su factura fiscal se redujo un 62,9%. En fin, tiene mucho mérito derrumbar la recaudación del impuesto de sociedades cuando las empresas ganan más dinero que nunca.

Un análisis de todo esto, lo adelanté el 3 de agosto en mi blog Desde la arena en una entrada denominada: El impuesto de sociedades es el gran agujero negro de las finanzas públicas. Ahí señalaba que a este ritmo, el impuesto de sociedades recaudaría algo más de 12.000 millones y no los casi 25.000 millones previstos. Entonces también señalaba que sería imprescindible tomar medidas de emergencia en el impuesto este mismo año. Además, obviamente hace falta una reforma en profundidad de un impuesto que falla de forma garrafal en su principal objetivo: obtener una mínima recaudación. No parece razonable que se haya esperado hasta el 30 de septiembre para adoptar un parche de urgencia que tenía que entrar en vigor el 1 de octubre.

Por otra parte, han subido espectacularmente los tipos de los pagos fraccionados, que en algunos casos pasa del 6 al 23%. Por otro lado, se ha duplicado el número de empresas obligadas. Antes, sólo las empresas que facturasen más de 20 millones tenían que hacer pagos mínimos sobre su resultado contable. Es decir, sólo estas empresas tenían que adelantar dinero aunque sus rentas luego estuviesen exentas del impuesto.

Ahora, estarán obligadas todas las empresas que facturen más de 10 millones de euros, que como todos sabemos tienen un acceso más complicado a la financiación y a los mercados de capitales. Además, estas empresas se han enterado ayer u hoy de que tienen que realizar unos pagos a los que nunca han estado obligadas: ahora tienen tres semanas para buscar el dinero.

Evidentemente, cualquier anticipo, que se exige a las empresas, y que luego hay que devolver, es preferible a enfrentarse a una multa europea de más de 6.000 millones de euros. Sin embargo, todo esto se podía haber hecho un poquito menos mal: así se podía presupuestar ingresos de una forma algo más realista, o se podía haber hecho una reforma del impuesto de sociedades que no hiciese que las grandes empresas pagasen menos que nunca. Esto hubiese evitado una norma de anticipos durísima, que aspira a recaudar un volumen de recursos enorme, tan enorme como el fracaso recaudatorio del Gobierno del PP. Seguramente, todo esto es pedir demasiado. Pero lo mínimo que se podría pedir es que el Gobierno reaccionase antes para que las empresas se pudiesen adaptar: lo han dejado literalmente para el último día, como los malos estudiantes.

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