La culpa es de Bruselas y no de las compañías estadounidenses que distraen multimillonarios impuestos en Europa. Se mire por donde se mire, el Ejecutivo Comunitario es el primer responsable de que Apple prodigue en Europa las piruetas fiscales a las que nos tienen acostumbrados, competencia desleal que ha consentido a Irlanda y Luxemburgo.
Si existiera una regulación fiscal europea acorde con los tiempos no se producirían situaciones como las que privilegian a las denominadas GAFA, acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon. Si hubiera unas directivas que impidieran a ciertos Estados aprovecharse de sus tretas fiscales no estaríamos escribiendo de lo que llena esta página de periódico.
Desde siempre, la actividad suele avanzar más rápido que la legislación, pero en el caso de las mayores compañías del mundo por capitalización bursátil la situación resulta clamorosa desde mucho antes de que Bruselas multiplicara por 10 el importe de la mayor multa aplicada hasta la fecha, hasta los 13.000 millones de euros. Esa es la sanción a la que ahora tendrán que hacer frente los abogados de Apple y cuya onda expansiva debería salpicar a otros gigantes 'online' que incurren en prácticas similares a las del fabricante del iPhone. La multa podría hundir en la miseria a cualquier otra compañía, pero ese no sería el caso de Apple, cuya caja superó los 142.000 millones de dólares a finales de 2015 y cuyas previsiones apuntan a superar los 200.000 millones de dólares en 2018.
Pónganse durante un minuto en los zapatos del ministro de Hacienda irlandés y hagan cuentas. Con el 1% de los ingresos que Apple genera en toda Europa ingresaría mucho más que con las ventas efectuadas sólo en Irlanda, gravadas en el Impuesto de Sociedades con un tipo del 12,5%. En el caso de España, y tras las últimas rebajas fiscales, el mismo porcentaje alcanza el 25%. De la misma forma, póngase durante otro minuto en el pellejo del consejero delegado de Apple y no necesitará calculadora para intentar rebajar la factura fiscal lo máximo posible, aunque sea jugando con ventaja consentida.
No les falta razón a los GAFA cuando dicen que cumplen escrupulosamente con la legalidad vigente. Los agujeros de la ley les permite aprovecharse de una ingeniería fiscal tan agresiva como cuestionable desde la atalaya de la ética. Según cálculos del diario Daily Mail, las GAFA generan más de 2.000 dólares por segundo, por lo que necesitarían poco menos de 10 minutos al año de esos ingresos para cubrir su factura fiscal en España. No hace falta investigar durante tres años, ni tampoco inspeccionar las sedes de los referidos gigantes, para constatar que sus tributos crean agravios comparativos con las empresas europeas.
Los problemas legales y éticos de las grandes tecnológicas relacionados con una tributación bajo sospecha coincide con una opacidad en el tratamiento de los datos de los usuarios. En este aspecto ha incidido con especial contundencia Telefónica y Vodafone. En el caso de la española, primero fue César Alierta y después José María Álvarez-Pallete los que han pedido a los reguladores mayores salvaguardas para la privacidad de los usuarios. También lo ha solicitado Vittorio Colao, consejero delegado del Grupo Vodafone.
Todos ellos reclaman las mismas reglas para todos los jugadores, para que no se produzca la paradoja de que unos inviertan, paguen impuestos y generen empleo y otros apenas contribuyan en la sostenibilidad del sistema. A modo de ejemplo, Álvarez-Pallete recordó en una reciente intervención que Telefónica está sometida a una serie de limitaciones por considerarse un operador dominante, con un 33% de cuota de mercado en el móvil, mientras que Google y Apple están exentas de obligaciones pese a atesorar cuotas en conjunto próximas al 100% en negocios como sistemas operativos móviles, buscadores, redes sociales, plataformas de mensajería o tiendas de aplicaciones.
Además de atenuar los riesgos por la posición de dominio de Apple y Google, Bruselas también debería frenar la vulnerabilidad de los usuarios para portar sus contenidos digitales cuando decidan cambiar de plataforma, sin riesgo a perder fotos, aplicaciones y contenidos personales.
Preguntas en el aire
La Comisión Europea debería responder un puñado de preguntas que posiblemente ahora se hacen los ciudadanos y que desde hace muchos años vienen clamando las grandes compañías europeas de telecomunicaciones.
¿Por qué Bruselas no responsabiliza al Gobierno irlandés de promover ayudas de Estado y de pactar con Apple un tipo impositivo de entre el 1 y el 0,005%?
¿Por qué no aplica el mismo rasero sobre Luxemburgo? ¿Por qué no hace extensiva la misma sanción sobre otras multinacionales con prácticas idénticas o similares? ¿Por qué ninguna de las sanciones aplicadas hasta la fecha sobre los gigantes 'online' han logrado materializarse? ¿Por qué ha tardado tanto la CE en reaccionar ante unas fugas generalizadas de impuestos que se conocen y padecen desde hace muchos años? ¿Por qué tolera que ciertas empresas no tributen en los países en los que realizan la actividad? ¿Por qué no acelera la redacción y aprobación de una legislación supranacional que evite este tipo de atropellos? Y ya puestos a preguntar, que alguien también me explique por qué las empresas que menos tributan atesoran la mayor reputación global. Algo falla. Y la culpa siempre la tiene el Gobierno. En este caso, el Gobierno europeo.
