Ara és l'hora. Fue el lema escogido por las organizaciones independentistas catalanas para promover el 9 de noviembre de 2014 el referéndum independentista que el Tribunal Constitucional declaró ilegal. Transcurrido un año, y con la tensión institucional escalando un peldaño más cada día que pasa ante el proceso secesionista de Junts pel si y la Cup, resulta a todas luces evidente que es la hora.
Es la hora de que se pronuncie en voz alta esa mayoría silenciosa, ese 52% que en las últimas elecciones autonómicas votó a los partidos constitucionalistas; es la hora de que los partidarios de la negociación y el pacto con el resto de España se hagan escuchar, es la hora de que se respeten las sentencias de los tribunales y se cumpla la ley y es la hora, sobre todo, de los empresarios, que no pueden permanecer callados ante el mayor desafío de la democracia.
Es cierto que la semana pasada el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, advirtió a Artur Mas de que "para los empresarios es fundamental la seguridad jurídica" y el cumplimiento del ordenamiento vigente. Y es cierto también que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, pidió a los independentistas que enseñen los números antes de lanzarse al vacío, dejando muy claro que "no se puede dejar más tiempo sin control el problema catalán". Pero no es suficiente.
Las empresas son una parte clave de la sociedad civil y como tal deben asumir, sin miedos, un compromiso claro con su entorno. No hablar ahora, no levantar la voz "por lo que pueda pasar" o pensar que las cosas se van a solucionar solas supone un tremendo error. La labor de las empresas no es hacer política, pero permanecer al margen de un proceso de ruptura es aún peor. Los presidentes de Freixenet, Planeta o Pronovias se han pronunciado abiertamente y han marcado el camino. Ahora hace falta que se escuchen muchas más voces en ese mismo sentido.
