
El secretario de Estado de Energía anunció a principios de noviembre en sede parlamentaria que el Real Decreto de autoconsumo, junto con el resto de Reales Decretos de la reforma energética, estará listo en el primer trimestre del 2015. A partir de ese anuncio, la pregunta que se plantea el sector es en qué términos quedará regulado finalmente el autoconsumo eléctrico y, sobre todo, qué ocurrirá con el controvertido peaje de respaldo, conocido como impuesto al sol.
Lamentablemente, nadie conoce la respuesta. Nos atreveríamos a decir que ni el propio Gobierno ha decidido aún cómo regular el autoconsumo en España. Prueba de ello es que no existe todavía una regulación específica en materia de autoconsumo, a pesar de que el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, estableció la obligación de que el Gobierno elaborase "una regulación del suministro de la energía eléctrica producida en el interior de la red de un consumidor para su propio consumo (?) que incentivará el autoconsumo". Eso decía la norma. Y de eso han transcurrido ya más de tres años.
Lejos de regular el autoconsumo, en los últimos tres años hemos vivido una vorágine de medidas legislativas tendentes a contener el creciente déficit eléctrico. El resultado de la reforma no es otro que una menor retribución de las instalaciones renovables existentes y la imposibilidad de obtener retribución específica para las instalaciones nuevas, en tanto no se inicien los procedimientos de concurrencia competitiva previstos.
Ante esta situación, el sector industrial ha empezado a explorar nuevas perspectivas de inversión en proyectos de implantación y generación de electricidad de fuentes renovables. Asimismo, la opción del autoconsumo instantáneo ha cobrado más fuerza entre productores y consumidores, dado que evitaría pagar el precio creciente de la electricidad año tras año. Esto encierra un cambio muy significativo, pues sustituye la figura tradicional del consumidor final pasivo por la de un productor-consumidor que prevé la normativa y se anticipa a ella.
El modelo histórico de generación de electricidad en nuestro país se basaba en un sistema centralizado, en el que la energía era producida en grandes instalaciones y recorría largas distancias hasta el punto de consumo. Hoy la tendencia se orienta a un modelo de generación distribuida, en el que la electricidad se produce en numerosas instalaciones de pequeño tamaño más cerca del punto de consumo.
Si bien el autoconsumo ya era una realidad para la cogeneración e instalaciones de generación no conectadas a la red -aquellas aisladas-, en los últimos años se ha convertido en una realidad también para el resto de las instalaciones renovables, especialmente fotovoltaicas y eólicas, interconectadas a la red de distribución. Basta una vista de pájaro a las cubiertas de muchos edificios de viviendas e industrias para constatar este hecho.
Pero la implantación del autoconsumo no ha estado exenta de controversias. En julio de 2013 el Gobierno hizo público un borrador de reglamento que contemplaba un "peaje de respaldo" a pagar por los consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo por la energía suministrada directamente por la instalación de generación asociada.
Este peaje, calificado de discriminatorio e improcedente por la hoy extinta CNE, supone una carga adicional al peaje de generación que ya pagan los titulares de las instalaciones por la energía excendentaria no consumida y vertida a la red de distribución, y se suma al peaje de consumo que pagamos todos los consumidores por hacer uso de las redes. El Gobierno no llegó a aprobar el citado reglamento. Sin embargo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, al definir las distintas modalidades de autoconsumo, establece la obligación de que todos los consumidores acogidos a ellas contribuyan a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida. En la vigente ley eléctrica no hay, por lo tanto, una referencia directa al peaje de respaldo, pero queda reflejado que el autoconsumidor deberá pagar por ello. Falta por regular en qué medida tales "peajes" hacen viable económicamente e incentivan la implantación del autoconsumo.
Las reacciones no se hicieron esperar tanto dentro como fuera de nuestras fronteras ante las intenciones del Gobierno. Pero parece que la incertidumbre llegará pronto a su fin y en los próximos meses comprobaremos si en efecto España pone un impuesto al sol o, por el contrario, no se traba el desarrollo de la generación distribuida.
Juan Carlos Hernanz e Iván Luis Moreno, abogados de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.