Completar la Unión Económica y Monetaria (UEM) implica caminar desde la unión bancaria a la fiscal en la eurozona, constituyendo la piedra angular del desarrollo ulterior de la Unión Europea, en aras de la estabilidad y mejora de la calidad de vida del ciudadano europeo.
Para materializar ese propósito, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha apoyado desde un inicio la estrategia presentada hace ya dos años por la Comisión Europea en su Comunicación Un Plan Director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica, al objeto de reforzar la eurozona, aunque para garantizar el crecimiento económico y el empleo en los países del euro sea preciso realizar intervenciones más decididas, como un plan de crecimiento y mecanismos de integración más fuertes.
Hasta el momento, las reformas pluridimensionales de la gobernanza europea en el ámbito de la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos, el refuerzo de las normas presupuestarias y la coordinación de las políticas económicas de los países de la zona del euro, las intervenciones de adquisición "condicionada pero ilimitada" de deuda pública de Estados con dificultades, la instauración del Mecanismo Único de Supervisión bancaria (MUS), junto a las normas relativas a la resolución de bancos, constituyen instrumentos necesarios pero no suficientes para garantizar la estabilidad de la UEM.
Se necesita con urgencia combinar las medidas macroeconómicas con las microeconómicas (juventud, mercado laboral, seguridad social, etc.), así como un compromiso de solidaridad y espíritu de pertenencia de los Estados miembros a la Unión Europea (UE).
Para asegurar la eficacia de las políticas macroeconómicas y microeconómicas, resulta imperioso poner en marcha un verdadero plan europeo en favor del crecimiento y el empleo, impulsado por inversiones públicas y privadas y que sirva como base para la evaluación, el reajuste y la aplicación correcta de los instrumentos existentes, concretamente, el Paquete de seis medidas, el Paquete de dos medidas, el Pacto Presupuestario y el Semestre Europeo.
Dotarse de nuevos recursos
Y para dotar de operatividad práctica a este plan es imprescindible dotarse de nuevos recursos. El CESE propone arrancar con la eurozona, dotándola de un presupuesto adicional que permita abordar un apoyo fiscal hacia aquellos Estados miembros que padezcan choques asimétricos (fallos en la movilidad del trabajo y del capital), así como complementar la financiación de los Fondos Estructurales 2014-2020, el plan de inversión Juncker y el Instrumento de Competitividad, con el propósito de avanzar las reformas estructurales de interés esencial y común europeo.
En su recién aprobado dictamen Completar la UEM, el papel de la política fiscal, el CESE demanda alcanzar una capacidad fiscal específica en la zona del euro, mediante ingresos basados en cinco figuras de nuevo cuño: un impuesto sobre las transacciones financieras (ya hay once Estados miembros dispuestos a implementarlo), el consumo de energías no renovables, una contribución temporal a los excedentes en balanza de pagos superiores al 6% del PIB, la emisión de bonos garantizados conjuntamente y la participación en los ingresos de señoreaje por emisiones monetarias.
Más allá del impulso fiscal en la eurozona, la nueva legislatura europea debe sentar las bases y avanzar gradualmente hacia una unión fiscal capaz de superar la gran diversidad de normas nacionales en materia tributaria, que dificultan la integración real y la consecución de un mercado único. Así, superar los fallos y vacíos de la política tributaria exige reducir y homogeneizar figuras tributarias, ampliar las bases de tributación, aproximar los tipos impositivos y reforzar los instrumentos de cooperación e intercambio de información para combatir el fraude y la evasión fiscal.
En definitiva, superar episodios tan vergonzantes y desalentadores como el de Lux Leaks, se torna hoy en valiosa oportunidad de actuación para las instituciones de la UE, en estrecha cooperación con la OCDE y el G-20, a fin de implementar soluciones eficaces de alcance global frente al problema de la erosión de la base imponible y el desplazamiento de los beneficios empresariales (BEPS).
Es bien cierto que la OCDE está apostando por un modelo global para gravar a las empresas allá donde se generan los beneficios susceptibles de tributación y, este referente, debería de una vez por todas asentar la -desde hace tantos años proyectada- base imponible común consolidada del impuesto de sociedades.
P. Sorin Dandea y C. Trias Pintó, Consejero del CESE y miembro de su Bureau y Consejero del CESE y presidente de la Comisión de Política Industrial.
Sin unión económica y fiscal: el euro en peligro
