La reforma aprobada peca de poco ambiciosa y no ayuda a eliminar el fraude fiscal. Se ha perdido una oportunidad de arreglar los 'agujeros' del sistema tributario.
La Reforma Fiscal acaba de ser aprobada en las Cortes, después de una fulgurante tramitación.
El texto final que llegará a la Ley es prácticamente el mismo que aprobó el Gobierno antes del verano, con alguna salvedad, como la suavización de la fiscalidad de la vivienda, o alguna rebaja de última hora en la fiscalidad del impuesto sobre Sociedades.
La reforma llegó precedida de grandes expectativas, y tal vez por ello algunos nos hayamos decepcionado con la escasa ambición del texto.
En un momento en el que se necesitan más ingresos que nunca, y en el que el fraude fiscal se sitúa en cotas asfixiantes, la reforma fiscal debió poner el acento en eliminar los muchos resquicios que usan los defraudadores, reformar los procedimientos tributarios y también la estructura y métodos de trabajo de la Agencia Tributaria.
La fiscalidad de las comunidades autónomas necesita de una reestructuración, pues no es de recibo que en unas comunidades se tribute por el Impuestos de Sucesiones o por el del Patrimonio, y en otras no, ya que esto provoca desigualdades, fraudes y deslocalizaciones, fruto de una ineficaz competencia fiscal.
No obstante, sería injusto no reconocer la bondad y oportunidad de algunos de los cambios que aprueba la reforma. La decisión de bajar los impuestos (no compensada con el temido aumento del IVA), supone un acto de fe sobre la recuperación económica y un estímulo directo a la obtención de riqueza. Ello, combinado con una rebaja de las retenciones, provocará el doble efecto de hacer más competitivos a empresas y empresarios, y aumentará el dinero en los bolsillos de los contribuyentes, y por ende el consumo.
El consumo permitirá a nuestras empresas vender más y sobre todo volver a crear empleo.
Todo esto hace de la bajada de impuestos una apuesta por la recuperación, sobre la base de que es mejor un poco de mucho que mucho de muy poco.
Uno de los puntos negros de la reforma es la equidad. Hemos hablado del fraude fiscal, generador de competencia desleal y que hace que los contribuyentes honrados tengamos que pagar un plus para compensar lo que no pagan los que defraudan.
Teniendo en cuenta las posibilidades de las grandes fortunas y empresas para reducir la factura fiscal, la rebaja no debió ser para todos, sino para las rentas medias y bajas, al objeto de recuperar el principio constitucional de la progresividad.
La limitación del régimen de módulos es otra medida positiva, ya que este sistema tiene muchos problemas, y debe limitarse solo a actividades dirigidas a particulares.
El apoyo a la familia es esencial en nuestro país, con bajísimos índices de natalidad, pero complica la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) mediante impuestos negativos, que bien podrían lograrse por otras vías. Muy acertada también es la rebaja de los límites para acogerse a la Ley Beckam, que trataba de atraer el talento a nuestra economía, y fue descaradamente aprovechada por el mundo del balón.
Echamos de menos una política de alquiler de vivienda, tan necesaria en un país en el que coexisten familias sin vivienda con miles de ellas vacías.
La eliminación de deducción al arrendatario y de la reducción de la bonificación del arrendador es incoherente. Un sector con tanto fraude, y económica y socialmente tan necesario, debe compaginar control (vía deducción por el inquilino) y bonificaciones, pues tributar al 0 por ciento siempre resulta más barato.
Por otra parte, la reforma supondrá una rebaja de impuestos para muchos, pero figuras como la supresión de exención a los primeros 1.500 euros de dividendos o la eliminación de los coeficientes de corrección de la inflación hará que muchos tributen más.
En el impuesto de Sociedades se ha conjugando la rebaja de tipos con eliminación de incentivos para simplificar el Impuesto. Creo que es un acierto en el que hay que profundizar, pues aún hay margen para la rebaja de tipos y para la poda de más deducciones y regímenes especiales.
El impuesto sobre Sociedades ha perdido una parte significativa de la recaudación y es necesario modernizarlo. Por ello, debemos establecer cláusulas anti elusión que eviten que sea posible que se puedan planificar entramados de sociedades en los que unas sociedades no tributen por unos ingresos que supongan gastos deducibles para quien los paga.
Por lo que respecta al Impuesto sobre el valor Añadido (IVA), sería bueno ver en qué momento se debe tender a un tipo único y a la armonización del impuesto en la Unión Europea, eliminando así el régimen de tributación en destino, fuente de fraudes millonarios.
Fijarlo y limitar las excepciones es un camino por recorrer. Valga como ejemplo negativo la rebaja de tipo para el sector de flores y plantas ornamentales.
En definitiva, esta reforma fiscal aprobada ayer definitivamente por el Congreso de los Diputados ha sido una oportunidad perdida para arreglar los problemas de nuestro tocado sistema tributario, de arreglar de una vez por todas los agujeros que arrastra y de crear un marco estable y permanente de inversión.
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