En un Consejo de Ministros?

Fomentar el ahorro privado limita la dependencia del setor público y facilita la inversión.

En un Consejo de Ministros se decidió la reforma de la Constitución para establecer un tope de déficit público para las arcas del Estado, complaciendo con ello a las autoridades europeas, aunque fuera parcialmente. Dado que lo que se fijó cuantitativamente fue la diferencia entre ingresos menos gastos, nada se dijo de establecer un tope a la recaudación fiscal, y dado que los gastos permanecen desbocados, las reformas fiscales se convierten en algo imprescindible para aumentar los ingresos y cumplir la única declaración constitucional que parece no programática. Si en algún momento nos hemos quejado de las constantes reformas en la educación de nuestros hijos realizada por los sucesivos gobiernos, más deberíamos quejarnos de las constantes reformas fiscales y de la inseguridad jurídica derivada de las mismas, más aún cuando con lo que están jugando es con nuestro ahorro privado para la jubilación a favor de un gasto político en la gestión pública.

En líneas generales, y esta es la buena noticia, conocemos como la reforma fiscal aprobada supone un ahorro de 9.000 millones para los contribuyentes, reduciendo los tramos de tributación en IRPF y fijando tipos inferiores, buscando compensar tal reducción recaudatoria con una optimista evolución de la economía. Se reducen las retenciones así como los tipos del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, y estas son las noticias menos malas, en lo que respecta a los productos del ahorro, baja de manera progresiva los tipos de tributación, dejando el sistema en las mismas cifras anteriores a la entrada del presente gobierno. Por lo que respecta a los dividendos se eliminan las exenciones hasta 1.500 euros aunque se beneficiarán de la rebaja de tipos; en depósitos, los primeros 5.000 euros a cinco años estarán exentos y se garantiza el 85 por ciento de la inversión. Además, para un jubilado será más interesante rescatar su plan de pensiones en 2015 ya que al tributar como rendimientos del trabajo se beneficiarán de la rebaja de tipos. Por otra parte se podan sustancialmente las deducciones fiscales para las sociedades.

No obstante, y esta es la mala noticia, hasta ahora los que vendían casas se beneficiaban en la plusvalía de un coeficiente que añadía el efecto de la inflación y una cláusula más si la casa es de antes de 1994. En 2015 sólo se mantienen tales beneficios para la venta de casas compradas antes de 1994 y sólo para los primeros 400.000 euros. En este esquema, si el contribuyente tiene más de 64 años, resulta aconsejable vender en 2015, dado que las plusvalías para los primeros 240.000 euros estarían exentas. Obviamente la reinversión total del precio obtenido por la venta de vivienda, siempre y cuando sea la habitual, deja exento el beneficio obtenido; sin embargo, si el plan de pensiones lo tenemos pensado construir sobre la base de un capital inmobiliario, las progresivas desinversiones para recuperar liquidez verán especialmente penalizado su rendimiento, lo que nos hará cuestionar la viabilidad de concentrar nuestros ahorros en este tipo de inversiones.

En un mercado razonable, la rentabilidad bruta de la vivienda debería oscilar en cifras próximas al 5 - 6 ciento, lejos de las irreales rentabilidades de años anteriores, y poco por encima de la rentabilidad de los depósitos, y ello con la idea de compensar su cierto grado de iliquidez. Si ahora eliminamos el lógico ajuste por inflación nos podemos encontrar con tributaciones que absorben no sólo la ganancia neta en términos de moneda corriente, sino también en términos constantes, con lo que las arcas públicas participarán e incentivarán gustosamente el incremento de la inflación como vía para incrementar sus ingresos tributarios. En este sentido la neutralidad fiscal desaparece necesariamente e incentiva la localización del ahorro de capital en otros productos, algo totalmente lógico en un país con un excedente de viviendas nuevas y vacías superior a 450.000. La creación de los Planes de Ahorro a Largo Plazo o el establecimiento de una ventana para rescatar planes de pensiones a los 10 años no hace sino crear un cierto grado de incertidumbre sobre dónde colocar nuestros ahorros para la jubilación.

Creemos que en un Consejo de Ministros nuestros gobernantes deberían ser conscientes que una protección del ahorro privado, del establecimiento de facilidades para la constitución de un capital en sus diferentes formas, podría ser una buena noticia para todos. Limitaría nuestra dependencia del sector público, desapalancaría la economía y facilitaría la inversión, todas ellas buenas noticias.