R ecordarán que hace ya unos meses, en junio, el Gobierno presentó de forma un tanto rocambolesca la reforma fiscal. Digo rocambolesca porque primero fue en un viernes y después del Consejo de Ministros se anunció a bombo y platillo la medida, destacando especialmente por los máximos responsables políticos una bajada de impuestos. Al lunes siguiente, en una rueda de prensa desde el Ministerio de Hacienda, se comenzaron a desgranar las medidas y se enfriaron los ánimos.
Posteriormente hemos visto modificaciones de aquella propuesta iniciales más polémicas, por ejemplo en el tema de tributación de la vivienda o por las cantidades procedentes de un despido. Previamente a todo ello recordarán que el Gobierno encargó a una comisión de expertos que elaborasen un estudio, conocido como el Informe Lagares, el cual pretendía ser la base de la mencionada reforma, una reforma en profundidad era lo que se pretendía o así nos lo decían. Aquel documento planteaba una reestructuración completa de los impuestos, pero sin embargo, parte de las propuestas recogidas en el mismo fueron desechadas, lo que llevó a críticas que resaltaban que estábamos más ante un remiendo que ante una reforma a fondo del esquema tributario. Pues bien y como ya conocerán, por fin tenemos aprobado el nuevo marco tributario. El largo proceso para su alumbramiento, con anuncios prácticamente constantes de modificaciones, han llevado a que la medida emprendida por el Gobierno haya perdido buena parte del interés que despertó en su momento.
Desde el punto de vista económico el Ejecutivo nos ha ido vendiendo la decisión como una rebaja de impuestos. Esos anuncios pretendían borrar el recuerdo de que nada más llegar el Partido Popular a ocupar el poder y en contra de su programa electoral, se procedió a elevar los impuestos -más de cuarenta de ellos-, lo que levantó un fuerte malestar en la opinión pública. Aquellas elevaciones se nos anunciaron como necesarias por la delicada salud de las cuentas públicas pero aquellos aumentos impositivos, hay que recordar, que disminuyeron y minaron la renta disponible de las familias, deprimiendo aún más el consumo privado, lo que a la postre ha acabado agravando aún más el impacto de la crisis entre los ciudadanos. Hay que insistir y recordar que más que subir impuestos, dada la necesidad de austeridad presupuestaria imperiosa, se debe aminorar el gasto público exhaustivo, para que los impuestos bajen y los notemos lo primero es recortar el gasto, sin ese recorte cualquier rebaja fiscal será siempre escasa y de poco efecto en nuestros bolsillos. Cierto que alguna acción al respecto se ha llevado a cabo, sin embargo, y dado el calendario electoral no parece que se vaya a profundizar y mejorar en este aspecto, por lo que la anunciada rebaja fiscal se va a quedar en muy poco para nuestros bolsillos por culpa de no cortar la sangría del gasto público.
Desde el punto de vista económico la rebaja de impuestos intenta apuntalar la mejora económica y contribuir al crecimiento, al aumentar la renta disponible de las familias. Sin embargo, tal intención, como se manifestó desde un principio, queda un tanto descafeinada y su efecto se diluye. Esa dilución es fruto de que la disminución de impuestos, como bien recordarán, se llevará a cabo durante dos años y no de forma única. En todo caso la medida contribuirá a apoyar la recuperación de la demanda privada, la cual está siendo el eje principal de la evolución positiva del PIB, justo en el momento en que la balanza exterior ha empeorado por el recobrado vigor de las importaciones.
Pero llega la cuestión clave a responder: ¿van a caer los impuestos? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Los cálculos realizados hasta el momento nos hablan de un ahorro mensual medio de entre 20 a 45 euros, dependiendo de la renta. Lamentablemente no se puede precisar más porque solo se ha reformado la normativa del Estado central y no las autonómicas -nuevamente los problemas y desorden autonómicos-, nuevamente habrá ciudadanos españoles que por estar en una región u otra su carga fiscal sea mayor al de otra autonomía. Y ya que entramos en el terreno de competencias que escapan a la administración central, hay que recordar que 2.100 municipios, un 25 por ciento del total, van a llevar a cabo una subida del IBI por la actualización del catastro. Llama la atención la revisión al alza cuando ha habido una importante caída del valor del suelo. Nuevamente otra medida que diluye el importe a nuestro bolsillo.
Tengamos en cuenta también que la reforma sí que baja, en el caso del IRPF, los porcentajes de gravamen y sube los mínimos personales. Sin embargo, al desaparecer muchos de los gastos deducibles y exenciones sirve como ejemplo la desaparición de los 1.500 primeros euros en el cobro de dividendos, habrá muchos contribuyentes que prácticamente no la noten o sea muy liviana la aludida rebaja. Por otra parte, algunos verán aumentada su base imponible, recuerden por ejemplo que los cheques restaurante son considerados ahora como salario en especie.
En mi opinión sí habrá rebaja, leve, y propiciada por el Gobierno central. Leve, vuelvo a reiterar, pues sin acometer una reducción del gasto la rebaja no puede ser de cuantía. Además es que el efecto neto, por el desconocimiento de qué harán las autonomías y la subida del IBI por algunos ayuntamientos, neutraliza en parte el ahorro conseguido en el IRPF.
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