El documento final del "programa colaborativo" -tal como describe el nuevo partido Podemos- se estructura en cinco apartados, dirigidos todos ellos (tal como se indica) a "construir la democracia". Se trata, según refieren, de recuperar la economía, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la soberanía y la tierra. Nada menos.
No sé si serán muchos los que hayan analizado el referido programa. Contiene cientos de propuestas, donde está muy definido el qué, faltando, en la mayoría de los casos, el cómo; que, cuando aparece, casi siempre tiene que ver con nuevas fiscalidades, nacionalizaciones y ataduras. Pero, en cualquier caso, es recomendable leerlo; como también convendría leer el de los otros partidos en liza. Aunque ya sabemos que esto no suele ser muy común entre los votantes, pues, en general, se mueven más por impulsos anímicos que racionales.
De sus 36 páginas, por falta de espacio, nos quedaremos en esta ocasión con el primer apartado, el que se refiere a "recuperar la economía"; que lleva el añadido de "construir la democracia". Es lo que toca en un medio como elEconomista, aunque, todo hay que decirlo, las consideraciones económicas están también en otras partes del referido documento. Lo cual es perfectamente normal, ya que la economía inunda todo en la vida diaria actual.
Tan es así que, incluso el capítulo dedicado a "recuperar la fraternidad" -profundo y necesario concepto, por otra parte-, propone "promover los presupuestos sociales en la Unión Europea", y lleva a sugerir el "incremento inicial del Presupuesto Social de la UE y el establecimiento de un impuesto sobre los movimientos de capitales en el interior de sus fronteras, y otro de mayor gravamen en el caso de movimientos desde y hacia países extracomunitarios".
¿Cómo creará "empleo decente"?
Volviendo al apartado de recuperar la economía, los doce puntos que contiene se inician con un "plan de rescate ciudadano centrado en la creación de empleo decente (¿?) en los países del sur de Europa". Son trece propuestas en las que se encuentran, literalmente: la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y la jubilación obligatoria a los 60 años; la eliminación de las empresas de empleo temporal; un incremento significativo del salario mínimo interprofesional con el establecimiento de un salario máximo vinculado proporcionalmente a tal salario mínimo interprofesional; o el derecho a disfrutar de una pensión pública no contributiva, de calidad, que garantice una vida decente (de nuevo el concepto) tras la jubilación, cuya cuantía deberá igualar, como mínimo, el salario mínimo interprofesional.
El segundo punto de recuperar la economía tiene el título de: "auditoría ciudadana de la deuda", que incluye la derogación del artículo 135 de la Constitución y se adentra en regular aspectos de la Unión Europea.
El punto tercero es decididamente europeísta: se trata de convertir al Banco Central Europeo en una "institución democrática" para el desarrollo económico de los países de la UE. Con esto, el objetivo del nuevo banco se centraría, entre otros, en la creación de empleo decente (otra vez este concepto), la prevención de ataques especulativos, y el apoyo prioritario a la financiación del gasto social de los Estados y de aquellos sectores económicos, sociales y territoriales en situaciones más desfavorecidas mediante mecanismos redistributivos, cuando sea necesario, con la creación de bonos sociales europeos.
El cuarto punto aboga por la creación de una Agencia Pública de Rating en Europa. Una antigua propuesta que nació en Alemania en junio de 2011 de la mano de Roland Berger que, ante las dificultades reales de tal aventura, quedó sin efecto. Eso sí, la consultora alemana, que conoce bien cómo operan los mercados financieros globales, nunca se le ocurrió proponer una agencia de rating pública.
Pasemos al quinto punto. Se trata de la reorientación del sistema financiero para consolidar "una banca al servicio del ciudadano", que termina con la propuesta de creación de "una banca pública con gestión democrática bajo control social efectivo", a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público.
El sexto se adentra en la economía real con la recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía. Se trata, en definitiva, de nacionalizar las telecomunicaciones, la energía, la alimentación, el transporte, el sector sanitario, el educativo y el farmacéutico. ¡Nada menos!
De los seis que quedan damos literalmente sus títulos: intercambio fluido y transparente de información fiscal entre todas las Administraciones tributarias europeas; obligatoriedad para las empresas multinacionales (y sus filiales) de rendir cuentas en términos globales y desglosadas por países; persecución y endurecimiento de las sanciones del delito fiscal; política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza orientada a la distribución de la riqueza y al servicio de un nuevo modelo de desarrollo; apuesta sostenida por el cambio del modelo productivo mediante el desarrollo de un sistema de investigación, desarrollo e innovación de mayor valor agregado (¿debería decir, añadido?); y derecho de una renta básica para todos.
Sentimos no tener espacio para hacer una análisis detallado de su contenido. Sólo concluimos que la actual política económica de Venezuela es de lejos mucho mejor que la que Podemos trata de llevar a cabo.
Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul España.
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