Se toman medidas parciales por la casuística electoral, se debe completar la reforma laboral.
Se veía venir incluso antes de que se produjera, de ahí mi disgusto en varios artículos al respecto. Hace tiempo hemos entrado en una fase de la legislatura en la que se han cerrado las reformas, lo que no quiere decir que se hayan terminado las medidas o componendas concretas y de menor calado, pero con otras claves u objetivos -políticos y electorales-, de las que en el año y medio que queda para las elecciones generales veremos algunas, incluso de las de salvas y pompa mediática, como el ajuste -que no reforma- fiscal, y de las que ya vamos teniendo alguna muestra interesante con motivo del primero de los procesos electorales abiertos.
Lo cierto es que entre las andaluzas, autonómicas de "pata negra", europeas, autonómicas de "menos pata negra" (no sé qué nos creemos cuando tenemos una historia milenaria común y compartida en muchos aspectos, aunque, claro, siempre se puede romper), locales y nacionales, los políticos, que tienen que administrar y legislar, no paran de mirar a los procesos electorales que apenas dan tregua en este país y terminan por eludir y no acometer reformas muy profundas que una sociedad moderna está precisando a gritos. Sobre todo me refiero a reformas económicas, pero principalmente a un cambio profundo de mentalidad que impulse y valore mucho más la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad individual y no "mutualizada".
Me consta que esto segundo es más difícil, requiere más esfuerzo, que el mensaje de que los costes queden siempre repartidos entre los miembros de la sociedad. Pero es mucho más justo porque valora el esfuerzo y la iniciativa y porque, la teoría y la experiencia se encargan de demostrarlo, nunca se cargan los costes ni sobre todos los individuos ni por igual, como pretenden hacernos creer: miren, si no, al poder y a los que son privilegiados por el mismo o mantienen posiciones de fuerza e influencia en el mismo.
Entre algunos de los guiños, más en clave electoral que de auténtica -incluso por alcance y dimensión- reforma económica, hemos contemplado en los últimos días medidas tales como las rebajas temporales en las cotizaciones por contingencias comunes, también conocida como "tarifa plana", para nuevos contratos indefinidos; las intervenciones o rescates en Deoleo (aceites) y autopistas (mayoritariamente de desdoblamiento); las demoras, ampliaciones o "facilidades" otorgados a ayuntamientos y autonomías, que -por cierto- el ciudadano común no suele disfrutar con Hacienda, sobre las devoluciones que éstos deben hacer de los fondos otorgados para el pago a proveedores, y que les permite un balón de oxígeno financiero de cara a las respectivas campañas electorales, o la eliminación de los límites de edad hasta ahora existentes (30 años para los hombres y 35 para las mujeres) para poder capitalizar el 100 por cien de las prestaciones por desempleo en un único pago a todos los parados que quieran emprender o iniciar una actividad como autónomos.
No es que en algunos de los asuntos contemplados no existan beneficios, más o menos generalizados, para aquellas personas que cumplan los requisitos. Algunas de esas medidas, como es el caso de la última citada, no sólo son bienvenidas sino que extraña tanto que no se tomase antes como qué diantres justificaba el límite de edad estipulado. De lo que discrepo y protesto es que, como siempre, todas ellas son medidas parciales o específicas, que emplean o afectan a una casuística muy apreciada por el poder, porque ello permite o facilita no sólo nepotismo sino dependencia y clientelismo, como hemos podido comprobar durante años en muchos gobiernos autonómicos y locales.
No se ha completado la reforma del mercado laboral con una propuesta de unificación de la indemnización por despido improcedente, e incluso la de una financiación personalizada, en una especie de seguro particular (ni siquiera digo privado ni voluntario) o cartilla, de las prestaciones que empleador y empleado hacen para cubrir contingencias personales derivadas de la condición de trabajador, tales como su posible desempleo, enfermedad y jubilación voluntaria. Pero sí se han tomado las dos medidas citadas (cotizaciones y cobro del desempleo). Y se resuelven problemas de grupos constructores y bancos en el asunto de las autopistas, por cierto, grupos o entidades financieras que tienen mucho que ver con el rescate de medios de comunicación a punto de quebrar y que serán claves en las campañas, o, ahora que vienen las europeas, que es donde principalmente se deciden los asuntos agrícolas, se mima al sector oleícola con una componenda donde, para "asegurar la españolidad del sector" -se dice- intervienen grupos financieros españoles y hasta el contribuyente, a través de la SEPI y con los mismos argumentos, financiaremos una vez más y por otra vía adicional a los empresarios del sector.
Más en Opinión
