
El dato de cierre, que no definitivo pues habrá revisiones, correspondiente al déficit público en 2013 muestra que las Administraciones Públicas mantienen un agujero entre ingresos y gastos del 6,62% del PIB, repartido en un 5,49% de la Administración Central y la Seguridad Social, un 1,54% de las comunidades autónomas y un superávit de los ayuntamientos del 0,41% del PIB, los únicos que han cumplido con los objetivos establecidos.
¿Un fracaso? Depende cómo se mire, aunque en absoluto pueda sacarse pecho por lo realizado. Si atendemos de dónde venimos, en 2012 y 2013 se ha logrado cambiar o al menos frenar la disparatada tendencia en que nos metieron los responsables económicos de 2004 a 2011, presidente de Gobierno a la cabeza: gastos explosivos cada año, déficits de dos dígitos cuando la burbuja de ingresos fiscales se deshinchó y deuda creciente que terminó rompiendo con el límite establecido por los tratados firmados (70,5% del PIB en 2011).
Y, aunque este Gobierno ha logrado reducir, conteniendo algún que otro disparate, a cifras del 7% del PIB un déficit que llegó a ser más del 11% en 2009, ha sido a todas luces insuficiente.
Un esfuerzo insuficiente
Cierto es que este Gobierno ha incurrido en un déficit de dos dígitos (10,6% del PIB) en 2012. Pero esa cifra se justifica, solo en parte, por las ayudas a la banca y la respuesta a los problemas crecientes de un sector que el anterior Gobierno tampoco quiso atajar ni resolver, sobre todo las cajas de ahorros, de las que se beneficiaron los políticos de todo tipo. No obstante, no puede decirse que este Gobierno lo haya hecho bien. La tendencia era a todas luces insostenible y, con ese freno o cambio de marcha, el Gobierno ha evitado un rescate externo como el de otros países, lo que no es poco. Pero había otra forma de hacer las cosas y tampoco lo hecho es gran cosa pues, apenas contenida la tendencia, no ha cambiado el rumbo de los gastos.
A tenor de las cifras oficiales nos hemos vuelto a desviar del objetivo y, sin tomar en cuenta las ayudas a la banca, apenas hemos recortado el déficit dos décimas respecto 2012 (2.678 millones de euros). Un objetivo que, no se olvide, fue muy, pero que muy, suavizado por Bruselas para dar un respiro a los gobernantes españoles, a pesar de que en la calle se dice que Europa nos asfixia, siendo la verdad que nos hemos asfixiado solitos. Y aún todavía muchos empujan para que nos pongamos más trabas y piden más gasto y déficit, e incluso directamente no pagar las deudas.
Maquillando las cifras
Una cifra de déficit que puede haberse maquillado por parte del Gobierno, que además supone que en unos meses las estadísticas retocarán o embellecerán un poco más gracias a la esperada subida del PIB; lo que no deja de ser una forma de utilizar las estadísticas, en busca de la insufrible y absurda décima propagandística, para obviar las responsabilidades que recaen sobre los políticos, empezando por el presidente de Gobierno y su ministro de Hacienda y continuando por los de las comunidades autónomas.
Sospechas de maquillaje que surgen de cifras y tendencias. Y es que, según datos oficiales, el último trimestre de 2013 aportó al déficit público apenas 17.775 millones de euros cuando el promedio entre 2008 y 2011 es de unos 40.000 millones y en 2012 hubo un recorte en la paga extra a los funcionarios que permitió un ahorro de unos 5.000 millones, que no ha existido en 2013. De modo que, en ese trimestre, o el gasto se ha hundido o la recaudación se ha disparado.
Como esto último no ha sucedido, a pesar de las muchas subidas de impuestos y del gran esfuerzo fiscal de los contribuyentes (la recaudación ha aumentado, pero ni mucho menos en proporción a las subidas de impuestos), cabe suponer que el gasto se ha desplomado, algo poco realista dados los Presupuestos Generales de 2013, o simplemente que su contabilización se haya pospuesto, algo que sugiere la agencia Bloomberg. Esta indica que ya en 2012 Hacienda aplicó esa práctica, por cierto con reprimenda de la UE por desgravaciones fiscales mal contabilizadas, o mediante el cierre de gastos y su contabilización en noviembre. En 2013 se ha adelantado incluso al principio del mes en lugar del 30 de diciembre, como era costumbre hasta 2011. Pequeños trucos, como la revocación a primeros de diciembre del pago de deuda a las eléctricas por importe de 3.600 millones, que trasladan unos gastos comprometidos a futuros ejercicios.
Si, junto a las artimañas y nimias cifras de reducción logradas, consideramos las cargas fiscales e incrementos que hemos debido soportar los ciudadanos desde 2012, resulta muy descorazonador lo que nos están imponiendo -nunca mejor dicho- los políticos y gobernantes de todos los niveles para el resultado alcanzado. Y es que -siempre hay alguna excepción- ellos han seguido con sus niveles de gasto, e incluso lo han aumentado. Pero a muchas personas eso les parece correcto o insuficiente.
Fernando Méndez Ibisate, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.