En el informe elevado al Gobierno por la comisión de expertos fiscales se lee lo siguiente: "El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es el tributo más importante desde el punto de vista recaudatorio de todos los que integran el sistema impositivo español si se excluyen las cotizaciones a la Seguridad Social".
Así es, los ingresos provenientes de ese impuesto representaron en 2012 el 42% de los ingresos totales, mientras que el otro gran impuesto directo, el de sociedades, tan solo aportó el 12,7%. Lo que casi nadie dice es que entre el 80% y el 85% de esa contribución (IRPF) sale de los bolsillos de los asalariados, mientras éstos sólo reciben poco más del 40% de la renta nacional.
En otras palabras: cada asalariado paga -vía IRPF- más del doble de lo que aporta un no asalariado. Lo que echa por tierra el viejo argumento según el cual los impuestos directos son progresivos. El IRPF en España, desde luego, no es progresivo. La comisión de expertos ha eludido hablar claro de esta anomalía fiscal, aunque lo deja entrever.
Por ejemplo, cuando recomienda "medidas que faciliten la lucha contra el fraude fiscal y contra el trabajo informal, impulsando la incorporación de personas y colectivos a la población activa declarada". También cuando recomienda eliminar exenciones como la que "actualmente ampara la entrega por la empresa a los trabajadores de sus propias acciones o de acciones de sociedades de su grupo a precio gratuito o menor que el de mercado".
A este propósito he oído en una emisora decir a Manuel Lagares, presidente de la comisión, que "el Estado dispone de información suficiente (coches, propiedades, cuentas?) como para perseguir mejor el fraude en el IRPF". Al parecer, se vuelve a los signos externos, el método que se usó durante la dictadura. Y uno se pregunta: ¿por qué lo de los signos externos (cochazos, mansiones...) no se ha hecho antes?
Joaquín Leguina, estadístico.
Claves del informe de los expertos
