El Presupuesto del Estado para 2014 no cumplirá una función decisiva para la recuperación.
Las grandes cifras de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, anunciadas oficialmente ayer, podrían calificarse de continuistas -condicionadas por los objetivos de reducción del déficit- y de transición, cabe esperar, hacia unas más expansivas en 2015.
Por lo tanto, se trata de un Presupuesto predecible. Aunque esta apreciación no es incompatible con el desencanto que genera la renuncia, un ejercicio más, a las políticas de dinamización de la economía.
El Gobierno ha optado de nuevo por confeccionar un cuadro macroeconómico para 2014 con criterios de moderación, en claro contraste con las expresiones de optimismo -y de euforia, incluso- que han hecho públicas en estos meses la mayor parte de los ministros. Es preferible la moderación, seguramente. Pero siempre que no sirva de coartada para evitar el esfuerzo inversor. O, peor aún, siempre que ese criterio de moderación no esconda una excusa para la relajación de las políticas de reducción del gasto estructural no productivo.
Se aprecia, otro año más, un alto porcentaje de "gasto cautivo", estructural o no, que reduce a mínimos el margen de maniobra para afrontar políticas de carácter estratégico, como es la inversión en el tejido productivo. Una realidad que refleja claramente el fracaso de los anunciados planes para rebajar el gasto corriente. Sí, en efecto, algunos capítulos han experimentado un cierto descenso. Pero muy escaso o, si se quiere expresar de otra manera, a todas luces insuficiente. De hecho, como es bien sabido, a pesar de todos los esfuerzos, el gasto público no sólo no ha disminuido durante los últimos cinco ejercicios (2009-2013), sino que ha aumentado cuatro décimas más.
Es decir, el lento y doloroso proceso de los recortes en el consumo de bienes y servicios (-16 por ciento), o en personal (-1 por ciento), o en transferencias corrientes (-8 por ciento), no ha compensado en absoluto el mayor gasto en otros capítulos, como el de intereses (+66 por ciento), pensiones y prestaciones por desempleo.
Ni siquiera la abultada caída de los recursos destinados a la inversión durante los últimos cinco años (-62 por ciento), que se repetirá en 2014, ha evitado el incremento del gasto total. Como dato adicional, en este sentido, dada la alta participación de las comunidades autónomas sobre el gasto público total, habría que recordar que los presupuestos autonómicos también han dejado caer (-48 por ciento) los capítulos destinados a la inversión productiva.
No parece, por lo tanto, que las cuentas públicas del Estado para 2014 puedan contribuir a consolidar y acelerar el proceso de recuperación de la economía, más allá -y no es poca cosa- del intento de alcanzar el objetivo de déficit y la disminución del enorme volumen de la deuda.
O formulado de otra manera: siendo ahora un instrumento tan decisivo para la recuperación, el Presupuesto del Estado para 2014 no podrá cumplir esa función. Su impacto se limitará al mantenimiento de la actividad pública institucional y de los servicios. Y ello, fundamentalmente, por tres cuestiones en las que han insistido con reiteración las organizaciones empresariales durante los últimos años.
En primer lugar, porque no se ha abordado la necesaria reforma de las administraciones públicas, con el fin de limitar su coste estructural a un techo proporcionado -en función de los ingresos-, bien mediante el adelgazamiento de su volumen, bien mediante la definición de competencias, la simplificación de los procesos y la eliminación de solapamientos. Es, ciertamente, una reforma que la propia vicepresidenta del Gobierno ha comprometido en distintos foros, también ante los órganos de gobierno de Cepyme. Pero, siendo muy urgente, ni siquiera está iniciada.
En segundo lugar, porque el ajuste de las cuentas públicas que se ha realizado hasta ahora descansa fundamentalmente -casi en exclusiva- en la reducción de las partidas inversoras. Pero esta decisión, que es la más sencilla, en mi opinión no es la más conveniente: no sólo no soluciona el problema del elevado gasto estructural, sino que además cercena cualquier intento de dinamización de la actividad empresarial.
En tercer lugar, porque en lugar de afrontar una verdadera reforma fiscal, el Gobierno ha optado por prolongar la política de incremento de las cargas contributivas, que además de ahogar cualquier posibilidad de recuperación del consumo, ha llevado a las empresas (sobre todo a las pymes y a los autónomos) a una situación de extrema debilidad.
No hay, por lo tanto, mejores expectativas para las pymes. En todo caso, la esperanza que existe pasa por que las cuentas públicas de 2014 representen una transición hacia criterios presupuestarios más inversores en 2015.
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