El déficit público es el único protagonista a la hora de los titulares informativos y las medidas del Gobierno para atajarlo. Parece como si no hubiera otros, y en consecuencia son las Administraciones Públicas las acusadas de dispendiosas, malas gestoras o faltas del sentido de la solidaridad.
Hasta 1998 (antes del euro) el déficit exterior, o déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente, nunca excedió el 3,4% del PIB; en 2007 (tras el euro) llegó al 10. La crisis surgida en 2008, con sus consecuencias de paro y disminución de las importaciones, además de la consiguiente mejora de las exportaciones, permitió llegar a un déficit del 4,5%.
¿Es el camino escogido por el Gobierno para equiparar este déficit a los niveles anteriores al euro? En 1998 los pasivos brutos españoles frente al exterior (compromisos de pago, préstamos, exigencias, derechos, acciones, etc.) que podían ser reclamados a los residentes españoles suponían un monto de 540.000 millones de euros, el 100% del PIB de entonces. Entre 1999 y 2010 estos pasivos se incrementaron en 750.000 millones de euros. Las causas fueron los préstamos para financiar los déficits por cuenta corriente de la balanza de pagos.
A lo anterior hay que añadir los 993.000 millones de euros en que se han endeudado bancos, empresas y familias como consecuencia de las euforias de los primeros años del euro. El caso es que los pasivos brutos españoles han pasado de aquellos 540.000 millones a 2,3 billones de euros. Y entre ambas cifras, la existencia del euro como moneda única. La magnitud del problema excede pues los efectos derivados del déficit público; se inserta en lo más profundo de la economía española y su capacidad para generar excedentes en sus relaciones comerciales y en remontar la atonía del consumo como consecuencia de las medidas tomadas para frenar los números rojos de las cuentas públicas. ¿Cómo se van a pagar las otras obligaciones? ¿Quién las avala en última instancia? ¿Con qué ingresos?
Julio Anguita. Excoordinador general de IU.