El Gobierno es consciente de que una de sus primeras tareas debe ser el saneamiento definitivo del sistema financiero. Sin embargo, la adopción de un plan concreto, programado inicialmente para mediados de enero, no sólo ha sufrido su primer retraso de un mes, sino que aún no hay tomada una solución definitiva, quedando muchos flecos en el aire a la espera de que se definan.
Lo que sí parece haber decidido el Gobierno es que no quiere recurrir a la figura de un banco malo, ni el modelo irlandés, ni el alemán. El esquema que maneja pasa por elevar, en primer lugar, las provisiones que deben realizar las entidades por sus activos inmobiliarios. Para ello, se espera que en los próximos días el Banco de España emita una circular en la que se recojan los nuevos criterios que debe cumplir la banca.
Con estas mayores provisiones, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, adelantó que se situarían en torno a los 50.000 millones de euros, el Ejecutivo quiere cumplir un cuádruple objetivo. El primero, es el saneamiento adicional de los activos tóxicos; el segundo, dar una señal a los mercados de que esta vez sí se actuará con contundencia; el tercero, forzar la venta de inmuebles y, en último lugar, acelerar una nueva oleada de fusiones que todo el mundo da ya como inevitable.
El Gobierno, en relación al saneamiento de los bancos, tiene muy claro qué hacer con los inmuebles, y es forzar a unas mayores provisiones que obliguen a las entidades a sacar de balance, a través de ventas con fuertes rebajas en el precio. Pero con el descarte de un banco malo alemán, que daría solución al problema del suelo, se ven obligados a buscar otra solución global que aún no ha sido encontrada.
En el esquema provisional del Gobierno, hay aspectos importantes que no están recogidos. Nada se dice de qué será de las entidades que no sean capaces, por sus propios medios, de elevar las provisiones hasta las nuevas exigencias. El Gobierno insiste en que ni pedirá ayuda exterior ni está dispuesto a seguir sufragando el rescate, pero las cuentas no salen.
No todo es fusión
Hay entidades, de notable tamaño, que difícilmente podrán ser engullidas por otra entidad, pero que son viables si se le presta ayuda pública. Otras, de menor volumen, sí serán absorbidas sin causar distorsiones adicionales en el sistema.
La ayuda pública, al negarse, tampoco se ha definido. Expertos financieros, que dan también por segura la necesidad de mecanismos de rescate, se inclinan por utilizar el Frob, como el nuevo fondo de garantía en que se ha convertido, para aportar el capital o los avales necesarios. Y las aportaciones a un fondo de garantía en el que sólo se encuentran telarañas, debería hacerse o bien a cargo del FEEF, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, o bien a cargo del Estado, o bien a cargo del Estado y de las entidades financieras.
Por último, De Guindos ha asegurado que se darían varios ejercicios a las entidades para aportar las provisiones extra, que se cargarían contra beneficios. El impacto podría ser demasiado fuerte si se aplaza a dos o tres años como para hacer compatible restablecer el circuito del crédito, y si se extiende a más allá de cinco años, los mercados podrían mantener su desconfianza en el sistema español.
Para paliar este último inconveniente, aseguran estos mismos expertos, no habría más remedio que dotar a todo el proceso de una exquisita transparencia, ausente en movimientos anteriores.
Pero la mayor crítica, lanzada desde fuentes financieras, se realiza sobre el primer paso que previsiblemente ejecutará el Gobierno. La elevación de las provisiones tal vez, aseguran, no sería necesaria si se cumpliera por todas las entidades la normativa actual. Y es que el escaso interés del Banco de España en que se realizaran las inspecciones con todas sus consecuencias deja la huella de que realmente no se sabe cuál es la verda- dera situación de las entidades. Por tanto, antes de modificar, por enésima vez, las reglas que debe seguir la banca, el Gobierno debería cuantificar el volumen real de las provisiones actuales.
Prórroga de la Ley del Suelo
En segundo lugar, fuentes jurídicas, recuerdan que el Gobierno, con la extensión de la prórroga de la Ley del Suelo por seis meses, ha pospuesto el saneamiento de terrenos que, sin embargo, quiere acelerar con la circular del Banco de España. Esta prórroga permite que se mantenga en balance la valoración de la cartera de suelo urbanizable. Tal categoría no existe en la nueva ley, por lo que la banca debería valorar los terrenos adquiridos a partir de 2007 como rústicos, con el consiguiente descuento. Pero una de las primeras medidas del Ejecutivo fue permitir que la prórroga, que acababa con el año, siga en vigor hasta final de junio.
En tercer lugar, la elevación de las provisiones, que se exigirían por igual a todas las entidades, penalizaría a las que sí están cumpliendo con las exigencias actuales y con más estrictas con la clasificación de los créditos.
Los planes del Banco de España pasan por incrementar la cobertura actual, situada según cálculos del supervisor, en algo más de un 30% sobre los activos inmobiliarios a un 50%.
Por ahora, los mayores beneficiados de los planes de Rajoy son las grandes entidades, que podrían cumplir (aunque tal vez a costa de su dividendo) con las nuevas provisiones. El gran perdedor es Bankia, cuyo presidente había abogado por un banco malo. Rodrigo Rato, ayer, se resignaba y afirmaba que sin banco malo la entidad, como siempre, cumplirá con las nuevas exigencias.
La huida hacia delante de la banca española