
El Gobierno tendrá que aprobar el decreto de cierre de centrales si quiere evitar la clausura de las plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) al no haber logrado ningún acuerdo con Iberdrola más allá que posponer el cierre para el año 2020, en línea con lo previsto por la eléctrica.
La reunión que el jueves por la tarde se produjo entre el ministro de Energía, Álvaro Nadal; el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el presidente de Asturias, Javier Fernández, con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, apenas sirvió para reiterar las posiciones conocidas pero incluso acabó con tensión, ya que Sánchez Galán fue invitado a irse del Ministerio al terminar la reunión, según indicaron fuentes consultadas por este diario, sin poder explicar a los medios su visión sobre la misma.
El Ministerio de Energía, que se quejó de la "falta de flexibilidad y de explicaciones" de Galán, planteó a Iberdrola que venda las plantas o ellos mismos plantearán una subasta de estas centrales, tal y como adelantó elEconomista.
La eléctrica, por su parte, se mostró dispuesta a estudiar esta opción pero exige que sea sin la tutela del Gobierno, un extremo que este departamento no está dispuesto a aceptar, lo que deja como principal opción de la eléctrica el cierre de las plantas para que se eviten esas emisiones.
En el sector llama además la atención la contradicción que puede existir en la norma que prepara Energía. Por un lado, la Comisión Europea quiere prohibir que las centrales de carbón puedan cobrar pagos por capacidad, mientras que el Ministerio abre la posibilidad de dar pagos a los futuros dueños de las plantas, como pide la patronal eléctrica europea Eurelectric, aunque en este caso Iberdrola no alega motivos económicos para su cierre como fue el caso de Garoña.
Apoyo de Tejerina a Nadal
Nadal además acudió a la reunión mostrando su unidad ante los rumores de división de opiniones del Gobierno. La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defendió en un encuentro con los medios que se mantengan abiertas estas centrales por una cuestión de precio y de competitividad de las empresas españolas para seguir generando empleo. La ministra indicó que España va por delante en sus compromisos climáticos, aseguró que ya estamos en un 19% de renovables, pero aclaró que Bruselas no impone el mix energético, que es competencia nacional.
El ministro de Energía, por su parte, afirmó en declaraciones recogidas por Ep, que mantener las plantas abiertas "es de interés general" ya de lo contrario la factura de la luz se elevaría en 2,5 euros anuales para todas las familias españolas.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, rechazó estos argumentos e indicó que su cierre no afectará ni al precio de la energía al ser su producción inferior al 1% del total nacional de España; ni a la seguridad del suministro; ni al compromiso de la compañía con el empleo, ya que Iberdrola recolocará al 100% de la plantilla.
En esta línea, Sánchez Galán defendió la coherencia de la iniciativa de completar el proceso de clausura de todas sus centrales de carbón en el mundo, fuente de energía que solo representa, actualmente, el 1,8% de la capacidad total del grupo, que asciende a casi 48.100 MW, con la decisión estratégica adoptada hace varios años por los órganos sociales de la compañía de compromiso de lucha contra el cambio climático.
Desde 2001 Iberdrola ha clausurado centrales térmicas que suman casi 7.500 MW de capacidad instalada. Destacan el cierre en 2013 y 2016, respectivamente, de dos grandes centrales de carbón en Reino Unido, Cockenzie y Longannet, cuya potencia conjunta ascendía a 3.600 MW. Asimismo, el desmantelamiento en este periodo de tiempo de casi 3.200 MW de plantas de fuel oil. En paralelo, han puesto en marcha 34.000 MW renovables y centrales más favorables a las incluidas en la solicitud de cierre.
En este ámbito, el presidente de Iberdrola ha recordado que recientemente, y junto a otras eléctricas europeas (Enel, SSE o EDP), la compañía ha pedido a la Comisión y el Parlamento Europeo que apruebe unos objetivos medioambientales más ambiciosos para 2030, incrementando la cuota de energías renovables hasta el 35% frente a la propuesta actual del 27%, un extremo que probablemente se acabe aceptando.
Endesa espera la decisión del Ejecutivo
Endesa ha reiterado que esperará a conocer el contenido definitivo del real decreto que prepara el Gobierno para regular el cierre de centrales eléctricas en España y la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de tomar una decisión sobre sus plantas de carbón. No obstante, el consejero delegado de Enel ha apostado por pedir una mayor descarbonización e incluso firmó una carta con Iberdrola en la que reclama a la Comisión Europea un mayor peso para las energías renovables.