La creación de un bono social del gas para las familias más vulnerables está un poco más cerca de convertirse en realidad. Toda la información del sector en elEconomista Energía. Suscríbase gratis
Se trata de una ayuda social que la Comisión Europea ha exigido en reiteradas ocasiones a España y que la Ley de Hidrocarburos pensó en incluir durante su proceso de reforma, hace casi tres años pero que, sin embargo, nunca llegó a buen puerto al no estar contemplado como un servicio básico imprescindible para la supervivencia de cualquier hogar, puesto que existen otras alternativas como la biomasa, el butano o la energía eléctrica para ciertos servicios básicos como calentar una vivienda, disponer de agua caliente o cocinar.
Con el objetivo de garantizar los suministros básicos a las familias en riesgo de exclusión social y, sobre todo, los de aquellas que han sido especialmente golpeadas por la crisis económica, el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) registró el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley sobre medidas de protección de los consumidores vulnerables de gas natural, en la que se propone la creación de un bono social para este colectivo, así como la prohibición de cortar el suministro a las personas más vulnerables.
La propuesta, aceptada a trámite a finales de septiembre por el pleno del Congreso con el respaldo de casi todas las formaciones políticas y las abstenciones del PP, PNV y UPN, se encuentra en periodo de enmiendas cuyo plazo de presentación finalizó el 24 de octubre, abriéndose un nuevo plazo que retrasará su aprobación para este invierno, tal y como era el deseo del grupo socialista.
El objetivo es extender el bono social de la electricidad a los consumidores domésticos de gas natural -y otros combustibles gaseosos por canalización- acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) que no superen determinados niveles de renta y cargas familiares. El nuevo bono social, apunta Pilar Lucio, portavoz de Energía del Partido Socialista, "tendrá coste cero para el Gobierno, ya que estaría cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones".
El bono social del gas cubriría la diferencia entre la TUR y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Con esta nueva iniciativa de lucha contra la pobreza, afirma Lucio, "pretendemos ayudar y proteger a todas las familias vulnerables durante el periodo invernal, con una disminución sobre el coste de la factura y, en el caso de que no puedan pagarla, impidiendo que se les corte el suministro de gas durante cuatro meses, y nunca entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, estableciendo, así, una tregua invernal". Además, continúa, "aquellos servicios considerados esenciales o consumidores vulnerables severos no se les podrá cortar, en ningún caso, el suministro de gas mientras estén en situación de vulnerabilidad".
Según la portavoz socialista, "entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67 por ciento, siendo España el tercer país europeo con el precio del gas más caro; además, alrededor de un 11 por ciento de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada".
En cualquier caso, será el Gobierno el encargado de establecer el perfil de consumidor vulnerable a través del desarrollo de un reglamentario posterior -tal y como ya ha hecho con el bono social de electricidad-, pudiendo establecer distintos tipos de bonificación en función del grado de vulnerabilidad, aunque el PSOE propone que se considere como tal cualquier persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y muy vulnerables las que perciban 1 vez el Iprem.
Afinar con la normativa
Fuentes del sector apuntan que este problema "no se está atajando desde una perspectiva general y con medidas estructurales", ya que la solución pasa, explican, "por el tratamiento global de la pobreza desde los servicios sociales, tal y como recomienda la Comisión Europea en la Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva".
En declaraciones a elEconomista Energía, las mismas fuentes afirman que la Proposición de Ley que se debate en el Congreso "impone una obligación de servicio público vinculada a la actividad de suministro a consumidores vulnerables, en lugar de constituir una medida de protección social, que la Administración Pública tendría obligación de prestar no sólo de acuerdo a la normativa comunitaria mencionada, sino también con arreglo a la Constitución Española".
En este sentido, se muestran partidarias de que sean las administraciones públicas las que tomen la iniciativa para identificar los hogares en situación de vulnerabilidad, "con medidas claras que evitaran el exceso de regulación, aseguraran el apoyo para las familias realmente necesitadas y no distorsionaran el funcionamiento del mercado liberalizado del gas".
Asimismo, apuestan por armonizar las regulaciones autonómicas para que "no choquen con la regulación estatal, algo que puede darse claramente en Valencia y Cataluña, al igual que está ocurriendo en el sector eléctrico". En este sentido, opinan que el Ejecutivo "debe velar para que el apoyo estatal llegue a los servicios sociales, que son los que pueden identificar quién se encuentra en situación de vulnerabilidad".
Por otro lado, las mismas fuentes afirman que el hecho de imponer un descuento en la tarifa "hace incurrir en pérdidas a las comercializadoras y daña la competencia". A su juicio, el nuevo bono social del gas "debería estar sufragado por la Administración con cargo a sus presupuestos y no con cargo a unos agentes del sector"; en caso contrario, "debe asegurarse que no se provocan distorsiones en la competencia del mercado minorista".
En el caso de las comercializadoras que aplican a sus clientes la Tarifa TUR, "debe garantizarse que esta tarifa incluya en su cálculos el coste del bono social". En el caso de que se estableciera un mecanismo de financiación que incluya a las comercializadoras de último recurso, señalan que "este coste adicional debería reconocerse en la Tarifa TUR de gas; de no ser así, tal y como acabamos de señalar, estas comercializadoras estarían prestando el suministro de gas a un precio inferior a su coste real, pudiendo incurrir en pérdidas, y dañaría seriamente la competencia".
