Más de un millón y medio de hogares españoles están en situación de pobreza energética, -en torno al 8 por ciento-, lo que implica que más de cinco millones de personas tienen serias dificultades para satisfacer necesidades energéticas básicas, como la luz y el gas. Así lo refleja el informe ?Pobreza Energética en España y Posibles Soluciones?, elaborado por Economics for Energy, con datos actualizados sobre esta lacra social y la propuesta de una serie de medidas para reducirla. Más información en la nueva edición de elEconomista Energía.
Los resultados del análisis -según el indicador basado en la renta mínima que necesita un hogar para participar en la sociedad (MIS, por sus siglas en inglés)- demuestra que los hogares con bajo nivel de renta y menores a su cargo y con inestabilidad laboral son más vulnerables de encontrarse en una situación de pobreza energética, aunque también influyen otros factores como el régimen de tenencia de la vivienda, su antigüedad, la zona de residencia y el nivel de estudios del sustentador principal. Las regiones más afectadas por la pobreza energética son las del sur de España aunque, en líneas generales, su evolución se ha reducido ligeramente en los dos últimos años después de un incremento significativo durante la crisis económica.
Entre las medidas propuestas, el informe destaca el bono social como ?herramienta fundamental? para combatir la pobreza energética, pero ?modificando algunas de sus deficiencias para convertirlo en un instrumento más efectivo?. En este sentido, propone que los hogares vulnerables sean los únicos beneficiarios del mismo, que cubra todos los gastos energéticos, que sea una transferencia de suma fija y no un descuento sobre el precio, y que se financie con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Como medidas complementarias para garantizar el acceso a la energía, el texto propone fomentar la eficiencia energética, mecanismos para evitar desconexiones por falta de pago de las facturas de los hogares vulnerables, mejorar la información a los hogares más desfavorecidos y establecer una tarifa energética adecuada que recoja solo los costes que le corresponden.
Precisamente, una de las asignaturas pendientes del Ministerio de Energía para este año era establecer las líneas fundamentales del reglamento que desarrolla el Real Decreto-Ley 7/2016 sobre el bono social -aprobado en diciembre pasado, tras las aportaciones recibidas de los grupos políticos en el periodo de consulta pública abierto a principios de abril. El borrador, que ya ha sido enviado a las Comunidades Autónomas, recoge una serie de novedades para reforzar la protección de los consumidores de electricidad, especialmente de los más vulnerables.
Entre ellas figura la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables en función de unos umbrales de renta -que se ampliarán en circunstancias especiales-, así como la nueva categoría de hogares vulnerables severos, que se beneficiarán de descuentos más elevados.
Las comercializadoras, por su parte, tendrán la obligación de realizar tres notificaciones a sus clientes por el impago de las facturas antes de cortar el suministro que, con carácter general, podrán efectuar en un plazo de dos meses y en el plazo de cuatro meses si se trata de un cliente vulnerable con bono social. Además, las comercializadoras deberán comunicar a sus clientes la posibilidad de acogerse al PVPC y de solicitar el bono social si cumplen las condiciones establecidas, no pudiendo penalizar los cambios de contrato desde el mercado libre si el consumidor es vulnerable. También deberán informar de que contratar en el mercado libre supondría perder el derecho a percibir el bono social.
Finalmente, las administraciones tendrán que disponer de un listado actualizado de los cortes de luz previstos para identificar los casos de riesgo y exclusión social. También se crea la categoría de hogares vulnerables severos en situación de exclusión social, a los que no se les podrá cortar el suministro, que será cofinanciado junto con las comercializadoras.
Medidas contra la pobreza energética en Europa
El informe de Economics for Energy también analiza las medidas que los Estados Miembros han implementado en los últimos años para abordar, de forma directa o indirecta, el problema de la pobreza energética. Entre las medidas financieras puestas en marcha -se han contabilizado un total de 64-, destacan las transferencias a los hogares para disminuir sus pagos energéticos -reducciones en las facturas o apoyo financiero para la instalación de renovables en las viviendas- y las tarifas sociales para consumidores vulnerables o de renta baja -habilitadas en, al menos, ocho países-, financiadas por el gobierno, suministradores y otros consumidores.
Como medidas de protección adicional al consumidor se encuentran los mecanismos para evitar las desconexiones, con leyes que lo regulan en la mayoría de los Estados Miembros, siendo el procedimiento general la desconexión tras uno (o más) avisos escritos de facturas pendientes de pago, si bien el período de tiempo entre la falta de pago y la desconexión varía mucho entre Estados Miembros, llegando a los 200 días hábiles en el caso de Bélgica. También existen otros mecanismos adicionales de protección frente a las desconexiones como moratorias a la desconexión; gestión de las deudas mediante planes de pago negociados, retrasos en la responsabilidad de pago, autorización para cambiar de suministrador aunque haya deudas, ayudas financieras o prepago por los servicios energéticos; o mediante la comunicación entre el suministrador de energía y el cliente.
Respecto a las medidas para promover la eficiencia energética -que más que reducir la pobreza energética ayudan a reducir los costes energéticos a largo plazo de los hogares-, la mayoría están orientadas a la rehabilitación de edificios, aunque también destacan las subvenciones y préstamos para la adquisición de electrodomésticos energéticamente eficientes.
Como medidas de información y concienciación al consumidor, destacan el asesoramiento y mayor información sobre tarifas y facturas, así como la puesta en marcha de páginas web de comparativa de precios, especialmente en aquellos Estados Miembros con mercados energéticos más liberalizados, entre los que destaca Reino Unido, donde existe un movimiento social más fuerte relacionado con la pobreza energética.
Cifras del bono social en Europa
Italia:Llamada ?Bonus sociale?, supone un descuento en las facturas de electricidad (20%) y gas (15%) de familias con dificultades económicas o numerosas.
Francia: Válido para ambos suministros, implica un descuento sobre las facturas que se aplicará sobre la vivienda habitual de entre 23 y 185 euros en el caso del gas y entre 71 y 140 euros en electricidad.
Portugal: Se trata de un descuento que se aplica tanto en el suministro de gas (31,2%) como de electricidad (33,8%). El proceso de atribución de la tarifa social es automático desde julio del año pasado.
Reino Unido: Se trata de un conjunto de ayudas específicas para diferentes grupos o situaciones, habiendo planes tanto para gas como para electricidad.
Bélgica: Para beneficiarse de la tarifa social, con descuentos aplicables a la luz y el gas, el usuario tiene que ser ?cliente protegido?, tanto federal como regional.
